Evento abordó temas claves en torno a la implementación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, un plan estratégico que busca mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile.

En su encuentro anual, organizado en esta oportunidad por la Universidad de Valparaíso (UV), la Red de Universidades por la Infancia (RUPI), abordó desafíos y oportunidades de la colaboración interuniversitaria para la implementación de políticas públicas en favor del bienestar infantil.

En ese sentido, la actividad incluyó el Seminario “Política Nacional de la Niñez y Adolescencia. Nudos críticos y oportunidades para su implementación”, con una exposición central a cargo de la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, quien presentó los principales alcances de la nueva normativa y su Plan de Acción 2024-2032.

Esta política se basa en un diagnóstico profundo de la situación actual de la infancia, y es innovadora en cuanto a que, por primera vez, es desarrollada con la participación real de NNA. En esa línea, establece 10 objetivos estratégicos —y más de 400 acciones— dirigidos a mejorar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque en la garantía de sus derechos humanos.

“Estos temas son muy complejos, pero la política en general tiene varios ejes, entre ellos, uno de los más relevantes es el de supervivencia, que abarca aspectos cruciales como la salud mental y el acceso a la vivienda”, detalló el representante de la Universidad Católica del Maule y académico de la escuela de Trabajo Social del plantel, , Milton Contreras Sáez.

De esta manera, “se trabajó en la coordinación de acciones futuras para asegurar que las universidades continúen desempeñando un papel esencial en el diseño e implementación de políticas de impacto positivo en las comunidades, poniendo de relieve el compromiso con una educación ciudadana que contribuya al desarrollo social”, explicó el docente.

Asimismo, el investigador participó junto a las profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso (que abarca las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso), Natalia Millon Lorens, encargada de planificación, y Lorena Carmona, asistente social, “con la finalidad de coordinar la II Jornada de Actualización en Trabajo Social, que contará con la participación de más de 300 trabajadores/as sociales, que serán capacitados por la Escuela de Trabajo Social UCM en el ámbito del Trabajo Social Sociojurídico”, comentó.

Finalmente, se acordó que cada representante de la Red sostendrá reuniones estratégicas en áreas de docencia, investigación y vinculación para continuar buscando la promoción de los derechos, protección integral, social y jurídica de NNA.

Eje territorial

La realidad de la Región del Maule en estos asuntos es compleja, al presentar uno de los índices más altos de pobreza en Chile, con un 15%, además de tener el mayor índice de jefes de hogar sin educación formal, con un 36%.

A partir de esta situación Contreras destacó que, “es vital que las nuevas generaciones entiendan la importancia de evaluar las condiciones de supervivencia de las personas antes de generar cualquier proceso de intervención o acción. Desde si un niño tuvo acceso a un desayuno hasta las condiciones habitacionales en las que viven. Estos factores son fundamentales para cualquier intervención efectiva”, añadió

En esa línea, subrayó el enfoque de la Universidad Católica del Maule. “Se declara regionalista y trabaja directamente con el territorio, lo que nos permite estar en constante sintonía con las necesidades locales, incluidas las de la infancia y adolescencia”, afirmó.

Este compromiso se refleja en programas innovadores como el de mediación familiar, que tiene un fuerte enfoque en la protección de la infancia y que ha sido pionero en la región.

Sin embargo, también reconoció los desafíos que persisten, especialmente debido a la alta ruralidad del Maule, lo que dificulta el acceso a programas de atención y protección de derechos. “Nuestra región es muy extensa geográficamente, lo que hace difícil que las personas accedan a los programas, especialmente en áreas rurales. Esto afecta gravemente a los niños y niñas que sufren vulneraciones de derechos”, indicó Contreras, señalando que la violencia aún es vista como un método de control en muchas zonas, perpetuando un ciclo que afecta a las nuevas generaciones.

Por este motivo, “las instituciones de educación superior están llamadas a seguir colaborando con los territorios, generando espacios de participación y desarrollando programas que tengan un impacto positivo en el bienestar de la niñez y adolescencia, especialmente en las regiones más vulnerables”, concluyó el investigador.

Es importante destacar que la RUPI está conformada por representantes de 21 universidades públicas y privadas, que colaboran activamente en la formación de nuevos profesionales en los ámbitos de las Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Salud, Humanidades y Derecho, con el objetivo de promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las infancias.