Este lunes 24 de agosto los rectores de la Red G9 fueron invitados a exponer respecto al tema de aranceles regulados a la Comisión de Educación del Senado. Participaron también de la sesión el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas y la Presidenta de la Comisión de Expertos para la regularización de aranceles en la educación superior, Geraldine González.

El Presidente del G9, Rector Diego Durán, de la Universidad Católica del Maule, fue enfático en señalar que la red ha realizado una reflexión crítica y plantea que existe un problema de origen, establecido en la ley N°21.091, donde se establece que la fijación de aranceles debe efectuarse en base a costos. “Resulta necesario advertir que el modelo de cálculo de costos propuesto por la Subsecretaría de Educación Superior es cuestionable y que la información que se entregó al respecto a las universidades es insuficiente para formarse una idea cabal de la determinación de los costos por programa”, expresó a los senadores presentes el Presidente de la Red de Universidades G9.

La presentación de los rectores a la Comisión de Educación se enfocó en plantear las diversas razones por las cuales los rectores solicitan postergar el inicio de la aplicación de la Ley N° 21.091, ya que limitar la determinación de los aranceles solo a factores relacionados con los costos afectaría severamente a las instituciones de educación superior y a la calidad de los procesos formativos. “Pensamos que el país necesita una reflexión más amplia, más crítica, para establecer efectivamente un modelo que dé cuenta de nuestra realidad y que permita no solamente costear algunos aspectos, sino que también permita dimensionar el desarrollo, la innovación, la investigación de manera de comprender sistémicamente a las universidades y el desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto”.

Reflexiones de los rectores de la Red G9

El Rector Darcy Fuenzalida, de la Universidad Técnica Federico Santa María, señaló en su participación en la comisión que “el modelo de aplicación del sistema de aranceles regulados es un primer ejercicio teórico para este país. Su aplicación y puesta en marcha sin un debido proceso de pilotaje, de prueba y de ajustes que todo sistema complejo como el sistema universitario requiere puede terminar significando un mayor costo para el país y para el sistema de educación superior”.

Por su parte, el Rector Aliro Bórquez, de la Universidad Católica de Temuco, expresó que “un aspecto muy importante, que tiene que ver con la regionalidad, es que los aranceles les deben permitir a las universidades poder acoger las demandas económicas, sociales de los estudiantes en sus territorios. Porque no es lo mismo formar a un estudiante con alto capital cultural que a un estudiante mapuche, por ejemplo, que viene de una zona de rezago cultural, económica y educacional histórica, sobre todo aquel que viene de las comunidades rurales. Lo anterior significa un costo adicional para nuestras instituciones para poder garantizar una formación integral en nuestros estudiantes y lograr una equidad territorial”.

Finalmente, el Rector Carlos Saavedra, de la Universidad de Concepción, comentó en su participación que “entendemos y agradecemos que pueda haber un mejor financiamiento para las carreras de educación, absolutamente necesario y fundamental para fortalecer las tareas de educación en nuestro país. Pero eso no puede ser en desmedro de las facultades y escuelas de derecho en nuestro país. Y esto genera un cuestionamiento fundamental al modelo de fijación de aranceles. Porque lo que estamos viviendo va a ser una historia de compensaciones entre carreras, entre instituciones y entre subsistemas y que, lamentablemente al tener una mirada de costos solo en términos históricos, estamos limitando las posibilidades de desarrollo de las instituciones de educación superior, limitando la búsqueda de excelencia”.

La sesión se encuentra disponible en el siguiente link.