La iniciativa, que surge como respuesta a demandas de mayor transparencia, eficiencia, y equidad en la selección de magistrados, fue abordada en la charla “Reformas a la Justicia Chilena: Pretensiones y realidad”, del abogado Diego Palomo Vélez en la UCM.

En los últimos años, Chile ha experimentado una creciente pérdida de confianza en sus instituciones públicas, reflejada en el estallido social de 2019 y en los cuestionamientos que han surgido desde entonces. De ese modo, los recientes episodios de tráfico de influencias han intensificado las dudas de la ciudadanía sobre la transparencia y probidad en organismos clave, como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Ha habido una descomposición progresiva de las instituciones, evidente desde el estallido social, que no fue abordada de manera adecuada y ha resurgido con fuerza en casos recientes, como el “Caso Audios”.  Esta situación destaca la urgente necesidad de implementar reformas serias y profundas. De lo contrario, continuaremos bajo la constante vigilancia de una ciudadanía cada vez más desconfiada, con niveles de confianza en descenso”, diagnosticó el Doctor en Derecho y profesor titular de la UTalca, Diego Palomo Vélez.

Enfoque en la transparencia y meritocracia

En ese sentido, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile recibió recientemente la presentación de un proyecto de ley promovido por el Gobierno que busca reformar el sistema de nombramiento de jueces en el país, mediante el cual se pretende garantizar que quienes asuman estos cargos cuenten con las competencias para cumplir con sus funciones de manera justa e independiente.

Al respecto, Palomo detalló que, “existe una propuesta que incluye la participación de actores externos en el proceso de selección de jueces. Esto busca asegurar un mayor nivel de rigurosidad en la evaluación de los candidatos, no solo en cuanto a su trayectoria profesional, sino también mediante controles y evaluaciones periódicas”.

En detalle, el nuevo sistema propuesto por el Ejecutivo introduce la creación de un “Consejo de Nombramientos de Jueces” y establece un proceso basado en la “concursabilidad y oposición competitiva”, donde los/las candidatos serán evaluados a través de criterios técnicos y objetivos, en un entorno de competencia y meritocracia. Este enfoque busca minimizar la influencia política en los nombramientos, asegurando una selección basada en méritos y capacidades reales.

Participación de la academia

En específico, la propuesta de crear un Consejo de Nombramientos Judiciales, entre otras medidas, incluye una importante vinculación con el ámbito académico, al incorporar un representante designado por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas y un abogado con destacada trayectoria profesional y académica, designado por el presidente de la República.

Esta composición, además de aportar diversidad y experiencia al proceso de selección, refuerza el compromiso de la academia con el fortalecimiento y la transparencia del sistema judicial en Chile.

“El sistema judicial es una creación artificial de cada legislador y cada Estado, pero siempre puede perfeccionarse. Esa es precisamente la tarea que tenemos como academia: contribuir desde nuestra experiencia y ejercicio profesional al mejoramiento constante del sistema de justicia. Hoy en día, esta necesidad es quizás más urgente que nunca”, destacó el académico de la Escuela de Derecho de la UCM, Diego Valdés Quinteros.

No obstante, Valdés subrayó que una reforma estructural no debe omitir el aspecto humano y valorativo. “No podemos esperar que los cursos de ética o responsabilidad en la universidad compensen carencias formativas que vienen desde mucho antes, desde la educación en el hogar y los valores inculcados en la familia. Existe una dimensión humana que no se puede suplir solo con controles externos. Insisto: no todo puede depender de sistemas de control. Es necesario fortalecer este aspecto humano, que muchas veces queda invisibilizado, y comenzar a potenciarlo desde etapas tempranas, más allá del rol formativo de la universidad”, concluyó.

Entre otros aspectos clave dentro de la propuesta, destacan la “Separación de funciones”, con el objetivo de dividir las responsabilidades administrativas de las jurisdiccionales, lo que permitirá una gestión más clara y especializada en cada ámbito. Además, se incorpora la “Rendición de cuentas” como un principio fundamental, reconociendo la necesidad de un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación.

Crédito: FACSE UCM.