Columna de Opinión de Francisco Medina K. académico de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule e investigador de Polis, Universidad de los Andes.

Así como el Congreso es el hogar de la política, los tribunales lo son del derecho. Nada bueno se obtiene de confundir ambos planos, porque la justicia que se politiza deja de ser digna de tal nombre y se convierte en pura arbitrariedad. Ya lo sabía Norberto Bobbio: “El Estado de Derecho es la antítesis del gobierno arbitrario. Donde la política corrompe al derecho, nace la tiranía” (El futuro de la democracia, 1984).

En el marco del caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas por orden del Ministerio Público al celular de Josefina Huneeus, ex pareja de Alberto Larraín, fundador de ProCultura.

¿La razón? Las escuchas se iniciaron por error, ya que se creyó equivocadamente que el número pertenecía a Larraín.

A pesar de que esta nos parece una decisión jurídicamente acertada, hay un aspecto del fallo que no deja de ser preocupante. Nos referimos a un fraseo argumentativo que parece sacado de la discusión parlamentaria, impropio de la sede judicial. En concreto, refiriéndose a la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas, la Corte sostuvo que en este proceso “se han validado actuaciones policiales (…) propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”.

En el mejor de los casos, estamos frente a un exceso retórico que no agrega nada sustantivo a la decisión y, por tanto, es innecesario. En el peor, se trata de una sentencia motivada por razones ideológicas y revestida de argumentos legales. Sea como sea, en ambos casos parece una referencia absolutamente desproporcionada: ¿son realmente comparables las operaciones de la DINA o la CNI con estas escuchas telefónicas?

El asunto es simple: la historia política del país no puede ser un argumento para fundar una decisión judicial. En los tribunales debe regir, estricta y severamente, el principio de legalidad, puesto que es la única manera de garantizar la justicia. En palabras de Aristóteles: “todo lo legal es, en cierto modo, justo” (Ética a Nicómaco, Libro V).

La alternativa es la arbitrariedad y las soluciones ad hoc, lo que lleva indefectiblemente a la injusticia. Todo esto se trata, en el fondo, del resguardo de los derechos de la población. Cuando el imperio jurisdiccional se pone al servicio del poder político, las sentencias se convierten en instrumentos de opresión. Tal como pasó, de hecho, “en tiempos pretéritos de la República”.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.

Columna publicada en el Diario el Sur de Concepción: https://app.conectamedia.cl/alert/view/8171924