El Rector Aliro Bórquez de la Universidad Católica de Temuco expuso en la Comisión de Derechos Fundamentales por la norma N° 59.750, “Educación Superior Inclusiva y Diversa, con Compromiso Público, Regional y Producción de Conocimiento de Excelencia”.

“Lo público supera ampliamente a lo estatal y a lo privado en beneficio de las personas y la sociedad. Más allá de la naturaleza jurídica y de propiedad, es la función pública o servicio que las instituciones cumplen a nivel nacional y regional lo que les otorga el carácter público”, afirmó el Presidente de la Red de Universidades Públicas agrupadas en el  G9, Rector Aliro Bórquez, de la Universidad Católica de Temuco, ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención por la norma N° 59.750, que obtuvo casi 17 mil apoyos para ser discutida en el pleno.

La iniciativa tiene como objetivo manifestar la urgencia de que en la nueva Constitución quede definida y sea reconocida de modo inequívoco y explícito la autonomía de las universidades en todas sus dimensiones, académica, administrativa y económica, para la realización en libertad de sus propios proyectos educativos.

En su intervención, el Rector Bórquez aseguró que el “proceso constituyente representa una oportunidad para que el Estado asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas –con independencia de la modalidad de provisión que ellas asuman- estatal o no estatal, garantizando la provisión y acceso a una educación superior equitativa, inclusiva, pluralista y de excelencia”.

“Es necesario garantizar una igualdad de trato entre las universidades públicas no estatales y las universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico, sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales”, agregó el Presidente de la Red G9.

Tras la exposición, el Rector Bórquez respondió algunas consultas de las y los convencionales donde planteó que “si al Estado le interesa que su país se desarrolle tiene que poner recursos en esas instituciones que cumplen ese rol público porque la formación del capital humano o la formación de conocimiento son para el desarrollo propio del país, por lo tanto, nosotros decimos esa es una función pública y eso lo puede cumplir una universidad que sea estatal como no estatal. Si cumplen ese rol están cumpliendo una función pública”.

Asimismo, precisó que hoy día a través de la Ley 22.091, la nueva Ley de Educación Superior, “se establece el régimen público”, aspecto que la norma busca asegurar en la Constitución “con independencia de su estructura institucional estatal o privada”

“Usted puede acceder a gratuidad siempre y cuando cumpla varias condiciones, estar acreditado y entregar un nivel de calidad definido en la ley, por lo tanto, yo le voy a asignar recursos siempre y cuando usted cumpla con una serie de requisitos, es decir, el Estado tiene el derecho a reclamar si una institución sea estatal o no estatal, no está cumpliendo su función. De hecho, el Estado tiene la capacidad de retirar los fondos de gratuidad si las universidades no están cumpliendo adecuadamente”, argumentó el Rector Bórquez.