Nélida Ramírez Naranjo, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

En estos momentos complejos se debate intensamente la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras que están siendo afectados por las consecuencias económicas de la pandemia, puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los argumentos presentes en la reforma constitucional propuesta y que beneficiaría a más de 10 millones de personas, muestran que en lo inmediato los trabajadores que han perdido su fuente laboral o se encuentran acogidos a la ley de protección del empleo, que no son beneficiarios de las ayudas y subsidios de apoyo que hasta ahora se han implementado para afrontar la crisis, podrían acceder excepcionalmente a sus ahorros. De esta manera, podrían disponer de liquidez para cubrir sus necesidades y así cumplir las medidas preventivas necesarias para superar la pandemia.

Esta propuesta, ha generado resistencias principalmente por sus efectos a largo plazo relativas al impacto negativo en las pensiones, dado que cerca del 70% de los afiliados tiene menos de 10 millones en su cuenta de capitalización individual (Superintendencia de Pensiones, 2020). En este sentido, cualquier decisión que contemple el uso de los ahorros previsionales debe resguardar que los recursos se restituyan para el pago de pensiones futuras, considerando la reposición estatal de los fondos.

En la medida que se agudiza la crisis y aumenta mes a mes la tasa de desempleo, surgen propuestas desde el poder legislativo y representantes de organizaciones gremiales y sociales, que se suman a la demanda por el retiro excepcional de los ahorros, estas señalan varios porcentajes, 5%, 10% y 20%, la que genera mayor consenso hasta ahora es el 10%. Esta iniciativa se acaba de aprobar para trámite legislativo en la Cámara de Diputados, constituyéndose en un hito relevante y necesario que atiende a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, no cubiertas por las políticas públicas.

Con el objeto de evitar el retiro de los ahorros, surgen algunas alternativas propuestas por el ejecutivo para apoyar a las personas afectadas.  Hasta ahora se han aprobado el Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidios al Arriendo, postergación y refinanciamiento de créditos hipotecarios y de consumo, no obstante, dado la focalización y los requisitos de postulación, muchas familias quedan fuera y enfrentan la crisis con excesivas restricciones y dolorosas consecuencias. Es importante que distintos actores sugieran propuestas que contribuyan de manera pertinente a enfrentar la magnitud y consecuencias de la crisis que afecta la calidad de vida de las familias chilenas.

Cabe destacar que la actual discusión vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de proyectar cambios en el Sistema de Seguridad Social en el corto plazo, dentro del cual está la reforma previsional (AFP). Las bases para la reforma se encuentran la declaración universal de los Derechos Humanos, donde se consignó que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  En general, los países de América Latina cuentan con una sólida tradición en programas contributivos de seguridad social, que se han beneficiado del crecimiento del empleo, se han extendido progresivamente a grupos no-asalariados y han sido complementados por políticas no contributivas. Además, luego de casi 40 años de implementación del sistema de AFP los resultados son concluyentes y preocupantes. De acuerdo, a un estudio de la Fundación Sol (2020) “a diciembre de 2019, el 50 % de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $301 mil, valor equivalente al Salario Mínimo vigente al 31 de diciembre de 2019 e inferior al monto actual del Salario Mínimo”.

En síntesis, dado la magnitud y consecuencias de la crisis para los trabajadores y trabajadoras y que el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP fracasó, ya que no logró cumplir el objetivo fundamental para cualquier sistema de pensiones en el mundo: pagar pensiones suficientes. Es necesario que los cotizantes tengan una alternativa en la cual sus ahorros estén a resguardo y garanticen una pensión que les asegure adecuadas condiciones para ellos y sus familias.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.