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Gonzalo Núñez Erices, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.

Publicada originalmente en El Desconcierto

El próximo domingo 4 de septiembre, las(os) ciudadanas(os) de este país estamos convocadas(os) a votar en un plebiscito respecto de cuál constitución preferimos que rija la convivencia social y política del país. Hoy por hoy, parece existir un acuerdo transversal: Chile requiere de un nuevo marco constitucional capaz de conducir y regular una sociedad democrática que aspira a entregar mayor justicia y dignidad para sus ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, la transversalidad de dicho acuerdo es claramente coyuntural al presente momento de estar ad portas del plebiscito de salida del proceso constituyente.

En el pasado plebiscito de entrada de octubre de 2020 fuimos consultados con dos preguntas: (1) ¿Quiere usted una nueva constitución? y (2) ¿Qué órgano debiera redactar una Nueva Constitución: Una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional? En ese entonces, gran parte de la derecha política y económica que gobernaba el país, junto con sus institutos de opinión pública y medios de comunicación afines, realizaron una fuerte campaña por el rechazo a que Chile se abriera a discutir la posibilidad de tener una nueva constitución. Sin embargo, los resultados son ya conocidos por todas(os): las opciones “Apruebo” y “Convención Constitucional” obtuvieron cada una casi el 80% de las votaciones.

En ese entonces no existía la transversalidad antes dicha. A diferencia de lo que ocurre hoy, la derecha chilena (con excepción del partido Republicano al cual, no obstante, Chile Vamos se sumó en su totalidad para apoyar la candidatura presidencial de José Antonio Kast) junto con algunas figuras de la antigua concertación que también promueven el Rechazo, ofrecen al país lo que denominan una “tercera vía”. Esta básicamente consiste en tres puntos: (i) rechazar la propuesta de la convención; (ii) mantener, por consiguiente, la actual constitución con el propósito de reformarla; (iii) que el congreso sea el órgano político que decida el tipo de transformaciones que se deberían llevar a cabo a partir de un cambio en el quorum requerido para hacer reformas constitucionales. De esta manera, a pesar de que en su gran mayoría defendieron la opción Rechazo en el plebiscito de entrada, este grupo ahora promueve la opción Rechazo con la promesa de una nueva constitución para Chile, pero esta vez, según su criterio, una “bien hecha”.

La pregunta que espontáneamente surge frente a ese discurso es si acaso la ciudadanía puede realmente confiar en las motivaciones de quienes defiende dicha “tercera vía” y qué entienden por una constitución “bien hecha”. No es sorprendente, considerando el crudo juego de la política, que este este sector, para atraer a quienes antes aprobaron la idea de una nueva constitución, haga propia la promesa de un reemplazo de la constitución actual. Sin embargo, no es difícil dejar en evidencia la biografía política de la derecha chilena con sus esfuerzos sistemáticos por mantener y proteger a toda costa los principios fundamentales que rigen la constitución diseñada por Jaime Guzmán. El punto relevante, por lo tanto, no estriba en la patente deshonestidad que podamos revelar en dicho discurso. La pregunta clave es, a mi juicio, la siguiente: ¿Cuáles son las implicancias y condiciones concretas que hacen políticamente factible a esta “tercera vía”?

Lo primero que habría que decir es que no existe una “tercera vía”. Las opciones son dos: “Aprobar” que significa cambiar la constitución del 80’ por aquella propuesta por la convención; “Rechazar” que significa mantener la misma constitución de la dictadura que lleva más de 40 años vigente en sus aspectos esenciales a pesar de todas las reformas que se le han hecho. La tercera vía, por consiguiente, no es una “solución intermedia” que abra un escenario político paralelo a las opciones del Apruebo y del Rechazo. Ella busca el triunfo del Rechazo cuyo único hecho jurídico es que sigamos con la constitución vigente. No nos entrega, ni podría hacerlo tampoco, ninguna certeza de cómo sería el proceso para finalmente tener una nueva constitución a la que declaran también aspirar.

Esta pseudo tercera vía con un vistoso color amarillo que llama al Rechazo no tiene tampoco el consenso político al interior de sus propias filas para liderar, si realmente esa fuese su intención, un nuevo proceso constituyente. No hay un convencimiento ni una propuesta clara, unitaria y con un apoyo político real y coherente desde sus bases hasta sus parlamentarios sobre qué se quiere cambiar, qué se quiere mantener, con qué tipo de mecanismo y qué rol jugaría la ciudadanía en un eventual nuevo proceso. A diferencia de lo decidido en el plebiscito de entrada respecto de una convención completamente ciudadana sin la injerencia del congreso, la redacción de una nueva constitución podría pasar a un parlamento que no fue escogido popularmente para dicha tarea y sin la parcialidad relevante para decidir, por ejemplo, sobre un sistema político diferente. O bien, la redacción del texto podría recaer en una comisión de expertos y técnicos, escogidos a dedo por intereses político-partidistas, que le arrebatarían al proceso su carácter democrático y popular. Por otro lado, tampoco sabemos si quienes promueven esta tercera vía están por un proceso paritario, con escaños reservados para indígenas y que incluya a independientes transversales a la realidad de la sociedad chilena.

Cualquier compromiso que sea enunciado por este grupo del Rechazo que promueve una “tercera vía” no es más que una declaración con fines estratégicos para hacer más atractiva su propia opción. Esto incluye, por supuesto, la propuesta de cambio de un quorum a 4/7 para reformar la actual constitución; cuestión que deja en la voluntad del congreso sin considerar, por consiguiente, ni el mandato por una nueva constitución ni tampoco que esta sea escrita por constituyentes ciudadanos escogidos por votación popular. De esta manera, la propuesta “Rechazar para reformar” solo posee voladeros de luces incapaces de dar un realismo político de lo que se promete; y, sin embargo, a cambio de eso, nos piden rechazar con la única certeza que ello implica: continuar con la misma constitución que ha mantenido por décadas los privilegios económicos de grupos específicos a costa de una desigualdad y abuso estructural que nos estalló en la cara en octubre de 2019. Así las cosas, la “tercera vía”, con un maquillaje que se corre y desfigura fácilmente a la luz del sol, no es más que el rostro de un Rechazo a secas cuyo objetivo no es más que reducir al mínimo las posibilidades de transformación estructural en el diseño del sistema político-económico comprometido en la constitución del 80’.

Si realmente el plebiscito es únicamente sobre dos opciones concretas, las preguntas que como votantes deberíamos pensar de aquí al 4 de septiembre podrían ser similares a las siguientes: ¿Cuál de las dos constituciones en disputa es una herramienta política capaz de entregar las orientaciones en los principios democráticos básicos que regulen la convivencia social y política de Chile hacia el futuro? ¿Cuál de las dos constituciones que debemos votar refleja de mejora manera el tipo de sociedad que nos gustaría llegar a ser bajo el ideal normativo de la democracia? ¿Cuál constitución es, por tanto, una mejor respuesta política para los desafíos de una sociedad moderna que aspira a mayor dignidad e integración social?

Hay dos razones por las que este tipo de preguntas nos podría ayudar a tomar no solo una decisión sobre el voto basada legítimamente en nuestras emociones y biografías, sino también en una reflexión crítica e informada. En primer lugar, no debemos votar evaluando comparativamente la propuesta de la convención con la constitución ideal que “tengo en mi cabeza”. Si así fuese el caso, ninguna propuesta constitucional fruto de un acuerdo democrático por personas tan diversas puede competir con lo que cada uno individualmente considera como una constitución perfecta. Nuevamente, en el plebiscito existen solo dos constituciones en disputa que debemos evaluar la una con la otra: la del 80’ y la propuesta por la convención.

En segundo lugar, nuestro voto no puede basarse en una reducción de nuestras valoraciones a aspectos aislados de una determinada propuesta constitucional. Una constitución es un proyecto integral sobre la construcción de los pilares políticos fundamentales del contrato social. No podemos, por tanto, ni aprobar ni rechazar una propuesta constitucional a partir del juicio positivo o negativo de componentes específicos que terminen eclipsando el sentido total e integral del texto. El voto no es la expresión de mis intereses personales como individuo, sino de mis esperanzas como un ciudadano que busca el bien común en nuestra sociedad.

Puesto que la propuesta de la convención afecta múltiples dimensiones de nuestra sociedad y con implicancias concretas en diferentes comunidades y grupos sociales, nuestra reflexión debe considerar críticamente cuál constitución como un todo, la del 80’ o la propuesta por la convención, entrega un mejor marco político para la convivencia y el desarrollo institucional de la democracia para el Chile de hoy y del futuro. Es cierto que, cualquiera sea el resultado del plebiscito de salida, es un hecho que Chile cambió y se encuentra en la búsqueda de una nueva identidad cultural más inclusiva y democrática. Sin embargo, esto no implica que el resultado del 4 de septiembre es inocuo para el proceso. Después del plebiscito, gane el Rechazo o gane el Apruebo, Chile continuará intentando reconstruirse a sí mismo a ya casi 50 años del golpe militar. No obstante, el diálogo democrático tendrá un terreno mucho más fértil de dignidad y justicia si se desarrolla sobre la base de la propuesta de la convención en lugar de mantener la Constitución del 80’. Sin embargo, para tomar una decisión al respecto no existe una tercera vía; y, si nos intentan convencer que la hay, no es más que una fantasía con intereses reaccionarios y conservadores.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.