Prof. Cristian Orozco Toledo, académico de la Escuela de Administración y Auditoría de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

El último informe IPOM emitido por el Banco Central ha oficializado el cumplimiento de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB de nuestro país, lo que nos sitúa “técnicamente” en una recesión económica. Como los efectos en el nivel socioeconómico de las personas no se han hecho esperar, la incertidumbre en los agentes económicos se ha ido incrementado, y como consecuencia de ello las decisiones de gasto agregado se han moderado y postergado generándose altos niveles de desempleo junto con la baja en los niveles de ingreso y el aumento en los niveles de deuda doméstica y fiscal, escenario que no ha dejado mucho espacio para el optimismo.

Sin embargo, en los últimos meses se ha observado un significativo repunte en el nivel de empleo formal, el cual, según fuentes oficiales, ha recuperado aproximadamente un 30 % de puestos laborales desde el inicio de la pandemia, y si además consideramos una sostenida recuperación económica de nuestros socios comerciales como China que ha incrementado su demanda por cobre, nos da un aliciente para pensar que nuestra economía podría salir de esta recesión más temprano que tarde.

Ahora bien, no obstante, la presencia de estas auspiciosas señales de recuperación, los niveles de incertidumbre de los agentes económicos pueden permanecer ya que tienden permanentemente a relacionarse con las políticas de Estado y su gestión, a corto y largo plazo, y en este sentido, el propio Estado en su rol de planificador, estabilizador y regulador de la actividad económica podría influir en el ritmo y grado de recuperación de la economía.

Por lo tanto, como las expectativas de un crecimiento sostenible se sustentan, principalmente, en las decisiones de inversión tanto nacional como extranjera, la percepción de los agentes económicos respecto a los efectos de las políticas macroeconómicas que hoy puedan implementarse podrían afectar al PIB a largo plazo, indicador de actividad económica que además de representar un nivel de producto o riqueza económica, determina los ingresos del Estado, esenciales para financiar los programas sociales, sin riesgo de incrementar el déficit fiscal y la deuda externa.

 
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