Dr. Cristhian Almonacid Díaz, director del Magister en Ética y Formación Ciudadana de la Universidad Católica del Maule.

A propósito de los cinco años de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 en Chile muchas preguntas siguen abiertas sobre los sucesos que allí se dieron. La comprensión socio política de ese octubre sigue en disputa y la tentación de algunas y algunos por cerrar el asunto interpretativo parece más bien una imposición ideológica. Como si bastara con fijar una lectura a conveniencia para enterrar en el olvido una de las expresiones más masivas de ciudadanía chilena de los últimos años. Quienes en su momento interpretamos una “nueva primavera” chilena evidentemente pecamos hasta de ingenuos, pues los dos proyectos constitucionales rechazados posteriormente mostraron que el estallido fue de una opacidad que hasta ahora sigue siendo difícil de descifrar. La misma ingenuidad (o, derechamente, mala fe) se da en aquellas personas que pretenden zanjar el asunto poniendo énfasis en las formas delictuales que se dieron aparejados a las manifestaciones sociales. Se pretende imponer la idea que quienes aprovecharon esos eventos para saquear, destruir y delinquir fueron los únicos y exclusivos protagonistas de aquella crisis, lo que, evidentemente, tampoco da en el clavo.

Hagamos el ejercicio de releer la prensa de esos momentos para descubrir la perplejidad y los diferentes mea culpas de la política institucional tanto ejecutiva como parlamentaria, las declaraciones de los partidos de todo el espectro político, las dirigencias políticas, los sectores empresariales y de todos aquellos que estuvieron viendo estas manifestaciones como simples “espectadores”. El diagnóstico común era que se había dejado de escuchar a la ciudadanía y que sin un diálogo social sería muy difícil salir de la crisis.

Por esta razón resulta tergiversado responsabilizar a algún sector político específico sobre aquellos acontecimientos. Recordemos que nadie que representara alguna forma de institucionalidad era bienvenida ni bienvenido en las manifestaciones que se distribuían a lo largo de todo Chile. Por este motivo pienso que todos los sectores políticos deberían abandonar la soberbia y ser más cautos para enjuiciar los acontecimientos de hace 5 años. No es positivo para el país contar con líderes y representantes políticos de corta memoria. Hay que estar alerta pues, según indican las encuestas, la desconfianza en las instituciones sigue invariable y constante. Tenemos que reconocer que las diferentes aristas que están emergiendo de corrupción, colusión y financiamiento ilegal de la política hacen que el panorama institucional se oscurezca aún más. Por eso, a cinco años de aquella crisis social, sería preferible un discurso de autocrítica institucional que intente traducir esos acontecimientos, antes que desvalorizar las manifestaciones sociales que marcaron un antes y un después dentro de la convivencia política de nuestro país. El desprecio de la ciudadanía es un camino complicado porque una democracia sin ciudadanos es inviable para la salud de las instituciones.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.