Hernán Guerrero Troncoso, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.

Cada vez que una situación grave golpea a la opinión pública, surge una crítica a la falta de autoridad de parte del gobierno. No me refiero a un gobierno en particular, sino al gobierno de turno, cualquiera que sea. Esta acusación resonó con fuerza cuando Argentina se adjudicó la Laguna del Desierto, cuando Pinochet fue procesado en Londres y debió cumplir arresto domiciliario, cada vez que los estudiantes secundarios se toman las calles o que explota el conflicto mapuche, para qué decir de los días más álgidos del estallido social. Quienes piden autoridad, en términos generales, esperan que el gobierno ocupe las “armas” –en sentido figurado o literal– a su disposición para cambiar una situación que de alguna manera afecta negativamente al país o, en términos concretos, que utilice las fuerzas armadas para “controlar” a un grupo, más o menos numeroso, que aparece como indeseable, bajo el pretexto de salvaguardar el orden y la seguridad, y que actúe según sus “convicciones”, aun cuando eso redunde en la represión de buena parte de los cohabitantes del país. Como contrapartida, hay un grupo también numeroso de gente que es contraria a la autoridad en general, a cualquier figura que la represente –autoridad civil, militar, eclesiástica–, por una serie de motivos, que van de la simple desafección (“los políticos no me representan”) o la no-adhesión a los postulados que sustentan dicha autoridad (diversos grados de ateísmo, por ejemplo) a la oposición explícita y violenta (grupos anti-sistema, por ejemplo). Cada extremo tiene sus defensores, algunos de ellos –quienes se toman la molestia de fundamentar sus posiciones y acciones– con muy buenos argumentos, pero las más de las veces la lucha –o, mejor dicho, el juego– termina en empate. Cuando no es así, tenemos que lamentar una guerra civil o un golpe de estado.

Sin embargo, ¿es la autoridad el problema? Y si así lo fuera, ¿qué entendemos por autoridad? ¿La estructura sobre la cual reposa nuestro orden como sociedad? ¿Las personas, o al menos los cargos, que ponen dicha estructura en términos concretos? Me inclino, más bien, a pensar que en eso que llamamos corrientemente “autoridad” se identifican varios conceptos que, en los albores de la organización jurídica de la sociedad, estaban bien diferenciados. Cuando se habla de la organización de la civitas romana –una realidad diversa tanto de la pólis griega como del Estado moderno–, es necesario distinguir tres nociones claves, la potestas, el imperium y la auctoritas. Las dos primeras estaban relacionadas con la capacidad que tenían los funcionarios encargados del aparato gubernativo –sobre todo el gobernante y los magistrados– para hacer cumplir lo que manda la ley o lo que disponían en el ejercicio de su cargo. La potestas, la “fuerza socialmente reconocida”, en palabras del profesor F. Samper, constituía el fundamento sobre el cual los gobernantes –en principio, los reyes– podían ejercer sus funciones, el cual se concretaba en el imperium, en principio poder militar, pero también coercitivo y judicial. Así, los magistrados estaban autorizados, en virtud de su cargo, a disponer de los ciudadanos en su persona –ya fuera para encarcelarlos, enviarlos al exilio o decretar su muerte– o en su patrimonio. La auctoritas, por su parte, el “saber socialmente reconocido” (Samper), residía en el Senado y permitía, junto con la maiestas del pueblo romano, temperar los excesos de la potestas. Más adelante, en la época de la Escolástica, la auctoritas tomó una acepción diversa, en el sentido de que las auctoritates consistían sobre todo en las sentencias de autores cuya importancia y profundidad era tal, que sus posiciones podían considerarse como principios verdaderos y como base para toda discusión posterior. Por su parte, la auctoritas más importante, al menos para los autores cristianos, era la de la Iglesia, tanto así, que vale la pena recordar las palabras de san Agustín contra los maníqueos: “Yo, en cambio, no creería en el Evangelio, si no me impulsara la autoridad de la Iglesia Católica”. En este caso, Agustín no habla de una imposición de la institución eclesiástica, de un mandato que lo constriñera a creer en el Evangelio, sino más bien de la fuerza de sus argumentos, que considera verdaderos. Con todo, las auctoritates no eran vinculantes, es decir, no había una sujeción ciega a ellas; al contrario, si algo caracteriza al pensamiento escolástico es precisamente la discusión constante, el diálogo entre los diversos Doctores.

Reformulando, entonces, la pregunta inicial, ¿qué podemos entender por autoridad(es) y qué podemos esperar de ella(s)? Debemos esperar una respuesta distinta si formulamos la pregunta en singular o si lo hacemos en plural. En singular, la autoridad consiste en esa sabiduría o conocimiento que es reconocido socialmente. En este sentido, a nadie se le puede conferir autoridad a priori, sino que la debe ganar, es el resultado de un trabajo constante y serio en una cierta disciplina, disponible para que sea evaluado y discutido. Ese reconocimiento lo dan los pares, aquellos que se encuentran capacitados para juzgar dicho trabajo, y posee un carácter cualitativo, no cuantitativo, que se puede ver reflejado en índices de impacto y demás indicadores, pero que jamás se reduce a ellos. Al plural, las autoridades consisten en aquellos que, en virtud de su cargo, poseen un poder sobre otros, ya sea para ordenarles qué hacer, en el caso de los jefes, para disponer normas de conducta en diversos ámbitos, en el caso de los legisladores, para dirimir sobre asuntos de la esfera jurídica, en el caso de los magistrados, etc. A dicho poder que confiere el cargo puede acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos, sin que, en general, sea necesaria una evaluación cualitativa de sus méritos.

Ahora bien, esta distinción, en apariencia banal o puramente conceptual, posee una gran relevancia para nuestra vida en comunidad, que la pandemia se ha encargado de poner en evidencia. Por una parte, ante muchos gobiernos y ante buena parte de la población mundial, los científicos no fueron capaces de hacer valer su autoridad para que se adoptaran las medidas necesarias para detener a tiempo el avance del Coronavirus, es decir, no pudieron hacer que su auctoritas determinara el actuar de la potestas. Esto es así porque la auctoritas no se decreta ni se instaura, por el contrario, se impone en la medida en que se comprende y se discute. No basta con escuchar a los científicos, menos aun con creer en ellos ciegamente, más bien es necesario que la ciudadanía y los gobernantes se vuelvan, en cierta medida, científicos, es decir, que sean capaces de seguir sus hipótesis, razonamientos y conclusiones para que así, sobre esa base, puedan formarse una convicción sobre qué hacer. Mal que mal, en eso se diferencia la ciencia de la superstición o de la charlatanería. Por su parte, si los gobernantes ejercitan su potestas sin escuchar al menos a las auctoritates –o, peor aún, si prestan atención sobre todo a cuán populares serán sus decisiones o cuánto se verán beneficiados o afectados por ellas–, actúan de manera temeraria y unilateral, y fuerzan a la población a sufrir las consecuencias, a pesar de que no hacen sino llevar a cabo aquello que está dentro de su poder. Asimismo, el hecho de que el poder tomar una decisión resida en último término en aquel que posee el imperium no sirve como fundamento de sus motivos ni le otorga ninguna auctoritas, por mucho que declare actuar según sus convicciones, ya que estas, por sí solas, no son fundamento suficiente para demostrar que se actuó de manera adecuada o no. Es más, si el imperium se encuentra en manos de quien se siente menoscabado en su poder si deja que otros se lleven el crédito por las medidas que deba tomar, porque se ha preocupado principalmente de alcanzar el poder y mantenerlo, en lugar de prepararse para estar a la altura de las responsabilidades del cargo, la potestas es el arma más peligrosa.

En vista de la gravedad del conflicto mapuche, de la desigualdad estructural de nuestro sistema económico, de la crisis económica que ya resienten nuestros conciudadanos más vulnerables, ¿podemos sentir nostalgia de la autoridad? Por supuesto. Pero de la auctoritas, no de la potestas ni del imperium. Porque intentar neutralizar por la fuerza a una parte de nuestros cohabitantes que considera que lucha por recuperar lo que es suyo –y que, más aun, posee una cultura que reposa sobre una visión de mundo y auctoritates diversas de las nuestras, de modo tal que no se les puede exigir sin más que se adecúen a nuestra comprensión de la sociedad–, aplicar cambios superficiales al sistema económico sin rozar siquiera las fuentes de la desigualdad, o repartir bonos para aplazar por unos meses la caída a la pobreza o a la indigencia, no resuelve los problemas, puede incluso profundizarlos. Tampoco se puede forzar un “acuerdo nacional” para darle un aire de legitimidad, de auctoritas, a decisiones unilaterales. Solo quien es capaz de reconocer eso que nos interpela a cada momento, la realidad que pone en cuestión hasta la más sublime de las reflexiones, y que se empeña en buscar aquello que puede comportar un bien para todos, aun a costa de su propio beneficio, puede considerarse a la altura de estas y otras responsabilidades semejantes. Este modelo de persona, este paradigma de ciudadano, no se encuentra en las encuestas ni anda exhibiendo sus méritos para atrapar al menos una pizca de potestas. Es necesario cultivarlo, es necesario hacer que nuestros jóvenes quieran ser como él, es necesario que se imponga por el poder de sus argumentos y de sus costumbres, en suma, por el peso de su auctoritas. Es necesario que sea la gran mayoría del país la que esté a la altura de las circunstancias, que esté capacitada para hacerse cargo de su destino y así no lo siga dejando entregado a las manos de los oportunistas de siempre.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.