Dr. Christian Quinteros Flores, director del magíster en Gestión Pública y académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule en Curicó.

Según el experto colombiano Ángel Massiris, existen tres tipos de políticas públicas de carácter territorial: Las que apuestan por generar condiciones territoriales beneficiosas para el desarrollo de sus comunidades, las de descentralización político-administrativa y fiscal y finalmente las que buscan mejorar el uso del territorio a través de la regulación de normas de uso de suelo. En el caso chileno, entre las primeras podríamos incluir las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD), los PLADECOs, la definición de nuevas “zonas de rezago en materia de desarrollo social”, o cualquier política que incentive la formulación de estrategias específicas y diferenciadas de estructura y equipamiento de las ciudades y comunas.

Dentro de las segundas, tenemos las políticas orientadas a la gobernanza de un territorio entre las que podríamos incluir la elección democrática de autoridades regionales y locales, las que otorguen mayor asignación de presupuesto autónomo a gobiernos sub nacionales y aquellas que otorguen gradualmente a las autoridades regionales mayores usos de competencias presidenciales.

Mientras que, en el último caso, podríamos incluir el desarrollo de instrumentos de regulación urbanística tales como: planes reguladores comunales, creación de áreas metropolitanas o cualquier instrumento que oriente la regulación del uso del suelo y sus problemas asociados. Si bien formalmente no existe ningún instrumento específico que integre metodológicamente estas tres áreas, en los hechos, resulta una tarea ineludible de cada Gobierno Regional y que se expresa en el seguimiento de las llamadas Estrategias Regionales de Desarrollo. Pero, ¿Se podría mejorar la gestión de estas políticas públicas en un instrumento como la ERD?

Una de las recomendaciones que correspondería hacer a cada Gobierno Regional del país (GORE) es crear un sistema de seguimiento y/o monitoreo a los lineamientos estratégicos declarados en la Estrategia Regional de Desarrollo de manera de evidenciar el desarrollo y la gestión de las políticas públicas territoriales categorizadas por Massiris. Esto que pareciera ser una tarea casi obvia, no siempre es llevada a cabo en este tipo de gobierno sub nacional. Por esto, es una tarea fundamental y crítica, incorporar metodologías de trabajo que permitan socializar periódicamente los lineamientos y objetivos regionales con los distintos actores regionales, provinciales y comunales, que haya o no participado en la elaboración de la ERD, para socializarlos y monitorear permanentemente su cumplimiento e ir identificando de esta manera las “brechas” entre lo declarado y lo avanzado, más aún si el horizonte de la ERD tiene 10, 15 o 20 años, esto último, sin duda, refuerza la necesidad del seguimiento.

Pero esta tarea no es sólo de los gobiernos regionales, sino que debe incluir a los municipios, delegaciones provinciales, empresarios, organizaciones comunitarias, y fundamentalmente a las Universidades, cada vez más presentes y legitimadas en el desarrollo territorial. Este seguimiento, debiera ser una tarea propia e ineludible de cada Gobierno Regional, quien debe tener el liderazgo y una visión integral de las políticas públicas territoriales a las que se refiere Massiris apoyándose en las universidades como actores cooperativos hacia el desarrollo regional.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.