Dr. Javier Agüero Águila, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.

El martes recién pasado vimos cómo, articulados en la llamada “Vocería de los pueblos”, 34 constituyentes electos/as establecieron algo así como 6 normas básicas para que el proceso constituyente mismo entre en operación. Son, por decirlo de algún modo, lineamientos gruesos que, según declara gran parte del resto de los/as constituyentes, desconocen el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019. “Los 34” arguyen que dicho pacto no obedeció a la soberanía popular, sino que más bien fue una suerte de tregua, instrumental y desesperada, que permitió darle oxígeno al gobierno de Piñera (que a esa altura estaba entubado) y a la institucionalidad política en general. Esto último es cierto. Este pacto no fue una decisión soberana, ni popular, ni procedimental –no se sometió a plebiscito, por ejemplo–, sino que, efectivamente, se trató de un acuerdo para mantener vivo el descalcificado esqueleto de la institucionalidad chilena y que se decidió herméticamente, recordando las rancias dinámicas transicionales que, siempre y sin pudor, se desplegaron de espalda a la ciudadanía.

Ahora bien, y lo que también es cierto, es que este acuerdo fue reconocido por gran parte de los partidos políticos chilenos, cuadrando el círculo desde Jacqueline van Rysselberghe a Gabriel Boric. En esa dirección, sirvió de plataforma para el plebiscito del Apruebo o el Rechazo, para una elección de constituyentes que por primera vez en Chile consideraba a los pueblos originarios y, también, para un proceso que, por única vez en la historia de la redacción de constituciones en el mundo, tenía carácter paritario. Finalmente, todo esto derivó en la creación de la Asamblea Constituyente que, como comenzamos a ver, empieza a desperdigar nuevas dinámicas que se instalan por fuera de la tradicional lógica de los acuerdos que gobernó la racionalidad política chilena en las últimas cuatro décadas.

Lo importante en este momento, pienso, no es la escandalera de la clase política tradicional que ve en estas 6 exigencias para comenzar el debate constitucional un sabotaje a las reglas democráticas pactadas aquel 15 de noviembre; tampoco es relevante el pánico de aquellos/as paladines del consenso que ven cómo, paulatinamente, el oleaje y marea tranquila de los jurásicos acuerdos empieza a avizorar el naufragio de esa misma tradición “pactista”.

Lo que me parece inquietante y excepcional es que, y más allá de que efectivamente “los 34” desconocen, en parte, un acuerdo fundante que, aunque a puertas cerradas y llevados por el frenesí del desborde callejero, permitió llegar a donde estamos, la política se reconfigura desde una cierta fórmula anti-consenso, fuera de los márgenes históricos que por mucho tiempo decidieron en cónclaves derecho-concertacionistas el presente y futuro de Chile, y a los que la sociedad misma naturalizó mientras nos deshumanizábamos en la árida península del consumo y la banalidad.

Por otro lado, y esto es igualmente impactante, se reconoce que la institucionalidad puede ser enfrentada desde dentro de la institucionalidad misma y que esto es un derecho. Probablemente no se llegue a puerto con la primera arremetida de “los 34”, pero ciertamente es un anuncio de que se viene otra forma de hacer, pensar y sentir la política; una política a la que no estamos acostumbrados y que se las verá con desacuerdos radicales para los que las/os clásicas/os demócratas de la vieja guardia no están preparadas/os.

La política tradicional nació, se desarrolló y sobrevive sobre una sola cláusula: llegar a acuerdos. En esta perspectiva, la institucionalidad, históricamente solo reservada para una elite endogámica, empieza a resentir la irrupción callejera que se traslada a la institución misma. Se comienzan, del mismo modo, a percibir los primeros signos de una transformación que radicalizará nuestra democracia y la llevará a dimensiones desconocidas a las que esta nobleza noventera (y también del siglo XXI), alimentada desde siempre con la nata del consenso, deberá abrir paso, enfrentándose a un universo plebeyo que nada sabe de transas ni de circunspectas negociaciones entre cuatro paredes.

Si se trata de llegar a “mínimos comunes” que permitan poner en marcha el proceso constituyente, la “Vocería de los pueblos” defiende los siguientes (copio textual): “fin a la prisión política en Chile, liberando todas las y los presos de la revuelta y mapuche”; verdad y Justicia, para poner “fin a los pactos de secreto y la total impunidad por la violación sistemática de los Derechos Humanos de ayer y hoy”; reparación, por “un proceso general de reconocimiento y reparación a todas las miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”; desmilitarización, porque “abrir paso a un Estado plurinacional ha de comenzar con poner fin a la ocupación del Estado sobre territorios mapuche”; no más expulsiones, para frenar la “persecución y criminalización de personas migrantes”; y soberanía, considerando que “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”.

Parece más un punto de llegada que un punto de partida, es verdad, sin embargo, la institucionalidad que en un sentido ético se transgrede a sí misma, no deja de ser institucionalidad, simplemente se extiende y se ensancha y debe, al menos, abrir el espacio para que el desacuerdo se exprese y sea relevante. No estamos acostumbrados a que sobre la marcha la democracia se pluralice o radicalice –por seguir los términos de Mouffe y Lacau–, no obstante, y toda vez que nuevas fuerzas se desperdigan de punta a punta en nuestra Asamblea Constituyente, esta misma debe dejarse permear y asumir aquello que aún no es capaz de reconocer: la diferencia.

Si bien puede parecer un movimiento político algo apresurado o ansioso, los 6 puntos o mínimos que se establecen en la carta de “los 34”, los firmo uno por uno.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.