Pablo Brito Rebolledo, profesor de Lengua Castellana y Comunicación integrante del Grupo de Investigación en Migración e Interculturalidad (GRIMI) de la Universidad Católica del Maule.

Desde la década de los 90, Chile se ha proyectado y visibilizado como una de las regiones latinoamericanas con mejor desarrollo económico, con un amplio respaldo internacional y una sociedad estable. Actualmente, el panorama ha cambiado, pues desde mediados de octubre de 2019 la sociedad chilena dio marcha a un acto revolucionario, un acto deliberativo respecto la configuración democrática que presenta el país, y los reportes de esta hacia la sociedad… Un nuevo llamado de atención al neoliberalismo corregido del Estado.

Ahora bien, curiosamente este proceso quedó en stand-by desde enero de 2020, unas vacaciones a las demandas colectivas por un justo Estado de dignidad. Sumado a lo anterior, hacia mediados de marzo, el país se adentraba incipientemente y con poco respeto en las sendas del temido COVID-19, lo cual, considerando al movimiento social someramente antes mencionado, perjudicaba una vez más la proyección económica para el año en curso. Pese a esto, la contracción resultaría en un 5,6 % – en el mejor de los casos –, distando con el 14,4 % de España o las cifras sobre el 11 % en países de Europa, según reporta el último informe de la OCDE.

Lo anterior cambia un poco el panorama del Chile estable, pero no resta que desde la década de los 90, con la vuelta a la democracia, el país enfrentó un incremento progresivo en los porcentajes de inmigrantes, y aquí nace la interrogante: si los chilenos hacia el 2019 demandaban dignidad para su pueblo ¿qué resta para los inmigrantes?

En materia de educación, el desarrollo de la investigación en cuanto la escolarización de niños y niñas migrantes, no ha significado un avance correlativo con la demanda progresiva de la actualización de las políticas educativas, pues el foco y la comprensión en esta materia remitieron principalmente al concepto de acceso. Algunas temáticas como tráfico, explotación o integración general han sido abordadas conjuntamente.

El acceso, así, se tornó erróneamente en un sinónimo de escolarización, algo como, “mientras el niño/a esté matriculado en un establecimiento y tengamos una estadística de tal, cumplimos con proveer efectivamente el derecho a educación”, omitiendo claramente lo sustancial, la permanencia y trayectoria educativa, la necesidad de una innovación curricular, la concepción colectiva de una multiculturalidad escolar y la multiplicidad de escenarios que impliquen la práctica efectiva de la inclusión y la gestión para todo lo anterior.

Pasaron 30 años desde que comenzara el proceso de migración, 20 años desde que se consolidase el flujo migrante y recién hacia 2018, con la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022, se planteó subsanar la inequidad en el derecho. Cosa rara, pues, si pensamos en el marco legal, la Ley General de Educación (2009), menciona: “Se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la diversidad cultural y de la paz…”, comprendiendo entonces, la necesidad de disminuir la homogeneización de los estudiantes y avanzar en la diversificación cultural. Esta construcción narrativa, plantea entonces la necesidad de una adecuación completa al sistema educativo, para así, poder generar los lineamientos desde una política pertinente a la multiculturalidad del contexto de aula, junto con sus apartados curriculares y de convivencia, pero, lamentablemente, solo quedó de forma desiderativa, pues, esto solo se remitió al acceso –incipientemente– de estudiantes migrantes.

Otro punto relevante resulta en la Ley de Inclusión (2015), la cual significa un avance sustancial y por mucho tiempo, impensado, pues fracturó –o por lo menos, afectó– la comprensión de mercado en educación, eliminando el lucro, estableciendo un nuevo sistema de admisión escolar y proponiendo la sistematicidad en la gratuidad para los estudiantes del sistema chileno. El fin a la selección viene entonces, a plantear explícitamente la temática de acceso, pero no de permanencia, pues una vez más, resguarda la escolarización comprendida como la mera matricula de los sin RUN, los RUN 100, los inmigrantes.

La Política Nacional de Estudiantes Extranjeros vino a asumir justamente la problemática de la permanencia y trayectoria, pues cabe mencionar que antes de 2018, no existe un lineamiento claro hacia los establecimientos, en materia de mantener efectivamente el proceso educativo de estudiantes migrantes. Esta falta de lineamiento administrativo, referente a los RUN 100, devino en la imposibilidad para acceder a beneficios de apoyo escolar (SEP, PIE) o becas de alimentación (JUNAEB), además de quedar fuera del sistema de admisión universitaria, estando imposibilitados para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la cual, afortunadamente, se encuentra en retirada.

Podríamos pensar que a este punto vamos bien encaminados, que se están generando, al fin, los cambios necesarios para que pasemos desde la integración asimilacionista a la cultura colectiva de la inclusión, pero ¿qué pasa ahora?

Según un reciente artículo publicado por Alarcón, Gotelli y Díaz, el fuerte desconocimiento sobre las actualizaciones de las políticas públicas en materia de educación multicultural, dejan claro que el factor acceso sigue siendo el punto preponderante en materia de cumplimiento en escolarización migrante; que lo curricular no se ha tocado con la debida cautela y asesoría–no se ha tocado–; que la permanencia es un factor relevante pero no se ve resguardado firmemente. Finalmente, el articulo pone de manifiesto una construcción discursiva referente a la gestión interna de los establecimientos, carente de autonomía y temerosa de los gobiernos centrales.

Ahora… ¿nos hemos detenido a pensar en cómo funciona la inclusión multicultural bajo el contexto actual en el sistema educativo? mientras las familias vulnerables luchan por formar parte del derecho a educación, o tele-educación, mientras la cesantía de los distintos sectores productivos de nuestro país aumenta, mientras guía tras guía se acumula en los establecimientos que intentan proveer de material a estudiantes que no cuentan con internet, las familias inmigrantes luchan no solo por el derecho fundamental a tener educación, con un currículo adaptado y que responda tanto a sus necesidades como a sus conocimientos previos –su identidad e idiosincrasia–, luchan también, por una salud que les resguarde, con un lugar donde vivir sin hacinamiento, con poder aprender nuestro idioma…

Entonces ¿qué hacer cuando las disposiciones legales se están poniendo a tono con esta nueva configuración multicultural, pero quienes están llamados a dirigir estos procesos de actualización les desconocen y, omiten? ¿otra vez se silenciará su existencia para eliminar el problema?

Nuestra sociedad debe replantear la forma de ver la multiculturalidad, asumir de una vez por todas que existe y solo aumentará, que sí o sí debe existir una actualización integral en el plano educativo, que unos cambios por aquí o por allá no bastan, que las barreras de acceso no solo remiten a una escolarización institucionalizada, que la permanencia y trayectoria dependerá firmemente de la equidad de nuestro sistema educativo. ¿será esta la gran prueba para medir cuánta equidad efectivamente existe en nuestras aulas y establecimientos?

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.