Opinión: “La construcción de la educación en Chile y el imperativo Constitucional”
Dr. Ítalo Muñoz Canessa, director de la Escuela de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule.
La nueva constitución permitirá la organización política y administrativa del país, uno de los temas centrales es la configuración del sistema educativo que va más allá de lo administrativo, sino que es la herramienta clave para el desarrollo.
La historia de Chile, señala que la creación y administración del sistema educativo siempre ha estado vinculada a la imagen de un país unitario y un Estado centralizado. Prácticamente desde el período de la independencia, la influencia del centralismo ha sido determinante para su configuración, estableciendo la conexión entre los intereses nacionales y el currículo.
El éxito del proyecto oligárquico durante el siglo XIX no cuestionó estos principios, con la Constitución de 1925, esta política se consolidó. Sin embargo, siempre se reconoció la necesidad de impulsar el desarrollo de las provincias y descentralizar administrativamente el país, con el objetivo de lograr una distribución equitativa de los recursos y oportunidades. En contra posición las provincias, demandaban contar con infraestructura como liceos, escuelas y universidades. Sin embargo, en muchos casos, la inversión en este ámbito recaía en el sector privado. La Iglesia Católica y sus congregaciones desempeñaron un papel importante al expandir los establecimientos educativos. Además, todas las universidades creadas durante periodo comprendido entre la fundación de la Universidad de Chile y la creación de la Universidad Técnica del Estado, eran de carácter privado.
Durante el siglo XX, el proceso el sistema educativo chileno continuó avanzando. Durante el primer gobierno de Ibáñez, se estableció el Ministerio de Educación, que marcó el inicio de un proceso de centralización administrativa más profundo. Este enfoque centralizado se fortaleció durante los gobiernos radicales y se expandió en términos de cobertura en el periodo de Frei Montalva. Durante el gobierno de Allende, se buscó aumentar aún más la centralización a través del proyecto de la Escuela Nacional Unificada sin embargo, el modelo educativo basado en un poder central ya estaba agotado. Este proceso de centralización llegó a su fin con el Régimen de Pinochet. Fue durante este Gobierno que se inició el proceso de regionalización lo que impacto todos los niveles de enseñanza. Por ejemplo en el plano universitario se implementó, estableciendo recintos autónomos de carácter regional y promoviendo la creación de instituciones privada. Esto condujo a una ampliación considerable de la cobertura educativa, política que luego fue asumida y profundizada por los gobiernos de la Concertación.
Este proceso de desconcentración y descentralización generaba la paradoja, que dichas políticas se construían desde Santiago, generando procesos inconclusos o sólo cosméticos que no significaran la pérdida de poder a nivel central, todo esto contribuyo a generar un sistema educativo estancado en cuando al progreso y modernización, con resultados mediocres durante décadas, a pesar de los aumentos sostenidos en el presupuesto y de recursos asignados, solo basta mirar los resultados del SIMCE.
La construcción de una nueva constitución en Chile ofrece la oportunidad de reflexionar sobre como encontrar un equilibrio adecuado entre la centralización y la descentralización. Es fundamental buscar un consenso que permita fortalecer el sistema educacional, promoviendo una educación de calidad que sea inclusiva, equitativa y capaz de responder a las necesidades de las regiones del país.
El desafío para la nueva constitución radica en ser el marco jurídico que nos permita lograr acuerdos nacionales que trascienda los intereses políticos inmediatos y que realmente transforme la educación impartida en nuestra patria en una herramienta que promueva el desarrollo equitativo de todos los territorios. Es fundamental que la educación forme a los ciudadanos en múltiples dimensiones, promoviendo los conocimientos académicos tradicionales, pero también impulsando el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología, entre otros aspectos relevantes.
Estos hechos evidencian la necesidad imperante de que la nueva constitución permita verdaderamente la distribución del poder y faculte a las regiones para tomar decisiones en el ámbito de la política educacional, siempre dentro de un contexto de unidad nacional. Es crucial que se establezcan mecanismos que permitan una participación equitativa y efectiva de las regiones en la toma de decisiones, para que sus particularidades y necesidades sean tomadas en cuenta en la formulación de políticas educativas. De esta manera, se podrá avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y equitativo en todo el país.
En definitiva, la nueva constitución deberá establecer las bases para una educación inclusiva y de calidad, que promueva el desarrollo integral de todos los territorios y forme a ciudadanos preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este proceso requiere un enfoque de integración y distribución del poder que vaya más allá de los intereses políticos inmediatos, poniendo en el centro el bienestar y el desarrollo de toda la sociedad chilena y los desafíos que se avecinan.
“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.
