Christian A. Quinteros Flores, académico de la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

cquinteros@ucm.cl

Las maneras de pensar el uso del territorio, de diseñar los espacios comunes de convivencia y de residencia, requiere hoy más que nunca de la articulación de los intereses ciudadanos y de los intereses técnico- políticos, ya no pueden seguir haciéndose igual que antes ante los fracasos de la planificación territorial. Las tasas de desigualdad territorial en Latinoamérica y el mundo- expresadas ya sea en la proliferación de comunas con menor desarrollo, en el aumento de zonas de sacrificio ambiental, o incluso en el análisis del comportamiento diferenciado del COVID-19 en los territorios, se han incrementado en gran parte por la falta de políticas de diálogos entre las comunidades y las entidades que planifican el uso del territorio para mitigar de alguna manera la excesiva mercantilización o des regulación del uso del suelo.

Al respecto resulta urgente para las políticas públicas desarrollar un enfoque territorial, atender el desacople que existe hoy entre interés ciudadano y planificación urbana, entre la técnica-norma y los intereses ciudadanos. Tenemos lamentablemente varios ejemplos ilustrativos. Recientemente, la inauguración de un nuevo tramo en la Costanera Norte de la región metropolitana de Chile fue detenido por el alcalde de la comuna impactada en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, luego que los vecinos del sector solicitaran una serie de medidas de mitigación para su apertura. “Si bien el proyecto había sido aprobado por la municipalidad en 2012, este no contaba con una consulta a los vecinos del sector residencial cercano a la extensión, quienes se organizaron y presentaron un petitorio que incluyó una tabla de disposiciones a realizar para aceptar su inauguración”^[1]. En este tipo de situaciones, existe un desafío a las tradicionales relaciones de administrar el poder, tanto para los gobiernos sub nacionales como los nacionales ya que son puestos en jaque por la ciudadanía ante decisiones de interés público e indican que de no haber diálogo efectivo entre técnicos y ciudadanías no hay desarrollo sostenible posible.

Otro ejemplo de esta reconfiguración del poder territorial, lo encontramos cuando un grupo de vecinos contiguos a una autopista que literalmente “dividió en dos” a la comuna, miraban con cierto desdén el deterioro de las barreras acústicas que la empresa concesionaria había dispuesto como medida de mitigación frente al impacto acústico del tránsito vial, cumpliendo la norma, o al menos no ayudan a su debida mantención. ¿Por qué la comunidad no cuidó las barreras acústicas? Creemos que resulta imposible que la comunidad se apropie de un bien de uso público que fue diseñado íntegramente por tecnócratas del desarrollo sin consulta ciudadana mediante o sin siquiera haber conocido si en el segundo caso para la comunidad afectada esta medida agravaba más bien la condición de segregación territorial que ya les afectaba y les enclaustraba espacialmente o geográficamente, ¡antes que protegerlos del ruido!

El paradigma de gobernanza se ha instalado y para lograrlo es requisito el diálogo de saberes.

Recientemente en Chile, debido a las crisis sociales y sanitarias que han ocurrido en los últimos dos años, han surgido nuevas formas de protestas y de prácticas ciudadanas que buscan nuevas formas de intervenir en espacios territoriales, interpelando a los/as planificadores/as del desarrollo sobre la aplicación de nuevas miradas teóricas y epistemológicas para abordar el espacio urbano. De esta manera, el aumento de las condiciones de allegamiento, de exigencias de mayor  integración social, de acumulación de sensibilidades ciudadanas respecto del cuidado y preservación del medioambiente, del aumento del  cuestionamiento a prácticas extractivistas, de tomas de terreno, entre otras situaciones, interpelan a los instrumentos de planificación y a sus responsables.

Sin embargo, se advierte una brecha importante entre la reflexión de la ciudadanía y los encargados de implementar las políticas públicas territoriales. Estas demandas y en algunos casos, innovadoras formas de expresión colectiva de malestar, son respaldadas cada vez con más fuerza desde espacios académicos, pero en menor grado desde espacios técnicos o de política pública, lo que complica un abordaje institucional coherente e integral al problema urbano.

Las crisis sociales que han afectado a Latinoamérica sin duda han hecho cuestionar los paradigmas y supuestos disciplinares sobre los que se basa la planificación del desarrollo y sus métodos de trabajo. Para algunos representantes de posturas más extremas, existiría una crisis global de la planificación tradicional que ha basado sus directrices en posturas rígidas y normativas al servicio del mercado, lo que ha provocado un fuerte desarrollo inmobiliario pero también profundas desigualdades territoriales y personas sin hogar o que reclaman mediante tomas ilegales el acceso al territorio.

Es cierto que la planificación territorial en el caso latinoamericano, no ha sido exitosa en sus objetivos de proveer usos democráticos del espacio, pero hoy existe conocimiento científico suficiente desde las ciencias sociales y disponibilidad de metodologías participativas que podrán ayudar a resolver los numerosos “puntos ciegos” de la planificación urbana tradicional. Al incorporar estos elementos se garantizará una mejor planificación para el bienestar de nuestros territorios y de esta manera la planificación urbana podrá cumplir de mejor manera su misión deontológica.

^[1] Las cursivas pertenecen al autor de este ensayo.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.