Yarlen Aguilar Godoy y Camilo Lepe Figueroa estudiantes de Trabajo Social que realizan su práctica profesional en el programa Campus Sustentable dependiente de la Universidad Católica del Maule (UCM) en Curicó.

En el año 2018 se promulgó la Ley 21.100, que prohíbe a los establecimientos de comercio la entrega de bolsas plásticas (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). A pesar del éxito inicial de la prohibición de bolsas plásticas de un solo uso en Chile, existen algunas críticas y desafíos, como los costos para pequeños comercios y tiendas de barrio. La transición hacia alternativas más sostenibles puede ser costosa.

Las bolsas reutilizables o de papel suelen ser más caras que las de plástico, lo que puede impactar negativamente a los pequeños empresarios. Aunque la ley ha reducido el uso de bolsas plásticas en el comercio, los plásticos de un solo uso siguen siendo ampliamente utilizados en otros sectores, como el embalaje de productos y alimentos. Esto significa que la cantidad total de desechos plásticos no ha disminuido tanto como podría esperarse.

Un aspecto sumamente significativo es la fiscalización. Asegurar el cumplimiento de la ley puede ser un desafío, especialmente en áreas rurales o más alejadas, donde la supervisión es menos estricta. La falta de fiscalización adecuada podría llevar a que algunos comercios sigan distribuyendo bolsas plásticas de manera clandestina.

Sumado a todo esto, se ha fomentado, a través de la ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la disminución del uso de bolsas plásticas y otros envoltorios provenientes del plástico. Así, los consumidores serán más conscientes, y con esto, esperamos disminuir el impacto negativo que genera en el medio ambiente.