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Opinión: “El Desafío Constituyente y el problema de la autonomía territorial”

Opinión: “El Desafío Constituyente y el problema de la autonomía territorial”
19 Oct 2021


Christian Quinteros Flores, académico de la Escuela de Administración Publica de la Universidad Católica del Maule.

Sin duda que el proceso constituyente que atraviesa nuestro país es una oportunidad en materia de desarrollo que convoca y entusiasma a los más fervientes promotores de los procesos descentralizadores y que no deja indiferente a aquellos que con menos entusiasmo lo aprecian desde lejos. Esta discusión constituyente histórica en nuestro país, abre posibilidades de revisión de un conjunto de cuestiones claves para la convivencia nacional en materia asociadas al nivel territorial de las decisiones públicas y permitirá especular sobre los alcances de las nuevas propuestas que emerjan, mientras no conozcamos el texto final, nos preguntaremos hasta donde teóricamente existirá autonomía territorial en estas nuevas reglas del juego.

La nueva constitución propondrá muy probablemente una nueva institucionalidad que buscará lograr mejores índices de equidad territorial cuestión que precisamente fue uno de los factores más incidentes de la crisis política de 2019. Las esperanzas constituyentes reflejan el interés que hemos depositado como ciudadanos y ciudadanas en este tema y que dejan en una posición expectante a miles de comunidades y territorios que no han podido sumarse a niveles aceptables de desarrollo y que han debido ser estigmatizadas permanentemente como zonas de rezago o retrasadas. Desde ya suponemos que cualquier esfuerzo en materia de fortalecimiento regionalizador debe permitir que cualquier instancia de gobierno regional asuma con convicción el rol de líder que naturalmente les compete y no solo preocuparse como lo han hecho hasta ahora, de las zonas rezagas o aisladas, que pareciera obedece más bien a un concepto de rol subsidiario de los gobiernos regionales en las últimas décadas en materia de desarrollo territorial.  Aquí hay un aspecto ineludible que debe contener la nueva carta fundamental.

¿Pero qué significa avanzar en descentralización? ¿significa avanzar solo en autonomía política? ¿O implica autonomía también en otros campos del desarrollo?

Esta pregunta pareciera tener una fácil respuesta, al constatar que teóricamente descentralización significa entregar mayor autonomía decisional y política a los gobiernos sub nacionales en Chile tales como los regionales, provinciales o comunales expresados en las administraciones municipales. Sin embargo, hablar de descentralización en un país históricamente presidencialista y centralista, dificulta esta noción de descentralización y hace más difícil encontrar el punto de equilibrio entre los intereses nacionales y los locales. Este ha sido el gran escollo en materia de descentralización.

Para algunos especialistas el gobierno nacional es el encargado de mantener la cohesión del país y de asegurar la implementación de un proyecto político estándar para la nación y que naturalmente hará todo lo posible por retener ese poder y entregar gradualmente casi en un proceso de maduración y de cierta manera de desconfianza hacia los sub nacionales de competencias específicas como es lo que ocurre hoy en un plan de traspaso de competencias del gobierno central a las regiones.

El desarrollo totalmente autónomo entonces es una cuestión muy compleja en un estado unitario como el nuestro dónde el gobierno central aplica la ley de igual forma en todo el territorio, respaldado en la tradición centralista de gestión pública y en el carácter de presidencialista del estado. Pero ciertamente se ha avanzado en materia de autonomía territorial en Chile, claramente que ha habido hitos significativos en esta materia comenzando por la elección política de alcaldes a principios de los años 90, luego la elección popular de los consejeros regionales COREs a mediados de la década pasada y este año ante la inédita elección de gobernadores regionales. Todos ellos hitos en el ámbito político, pero no en la gestión de recursos o en cuestiones asociadas a tributos e impuestos territoriales, que es donde debemos avanzar sin dudas. Hemos desarrollado avances importantes en el área política pero que debe ir asociado a facultades decisorias en materias financiera, económicas y productivas.

Por el momento estas últimas autoridades regionales elegidas democráticamente tienen la misión de conducir y liderar estrategias de desarrollo territorial ya sea mediante la aprobación de Estrategias Regionales de Desarrollo en el caso de los gobernadores regionales como en los planes de desarrollo comunal PLADECOs en el caso de los alcaldes y autoridades locales. Las últimas modificaciones legales en la materia dotan a los gobiernos regionales de nuevos instrumentos tales como los planes regionales de ordenamiento territorial PROT, los planes regionales de desarrollo turístico o las políticas regionales de ciencia y tecnología por nombrar algunos.

Sin embargo, esta nueva institucionalidad o herramientas para la mejor gestión requieren de una sólida participación ciudadana que se involucre decididamente en estas propuestas e iniciativas ya sea en las etapas de consulta.  En la medida que exista participación de las comunidades en las decisiones soberanas sobre la región estaríamos en condiciones entonces de hablar de mayor autonomía decisional, pues estas iniciativas responderán a cuestiones e intereses genuinos de los habitantes de la región, de una provincia o de una comuna.

Finalmente podríamos señalar que no existe una formula exacta en materia de división del territorio. Este es el principio rector: nadie tiene la verdad sobre cuál ha sido la mejor o será la mejor forma de dividir jurisdiccionalmente al territorio, hemos transitado desde 25 provincias a 13 regiones, a propuestas de macrozonas con identidad productiva, entre otros criterios. Lo relevante sin duda está en fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos sub nacionales, pero en una relación más simétrica y vinculada con las comunidades, independiente del diseño institucional que se someta a votación popular una vez que la Constitución cumpla con su mandato popular. Esto último es lo que único que puede asegurar mayor legitimidad en las decisiones regionales o comunales.

 

 

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.

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