Carla Vidal, directora del Programa de Magíster de Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

En los últimos días hemos observado como la Seguridad Pública y el crimen organizado han copado la agenda pública. La mayoría de los diagnósticos que abordan la problemática la asocian a variables económicas y sociales, como la inequidad social y/o la desigualdad que impiden a ciudadanos y ciudadanas alcanzar condiciones de mayor igualdad y mantienen en ellos, un sentimiento de injusticia o privación relativa. Aunque la inequidad económica y la desigualdad son factores relevantes, no pueden por sí solos explicar el crimen y la violencia.

Si bien el crimen organizado es un fenómeno multidimensional y transnacional; su origen, dinámica, modos de acción y espacios para su desarrollo están estrechamente vinculados con las características y particularidades de cada sociedad. Así se torna relevante abordar esta problemática no como un fenómeno foráneo e implantado en nuestras sociedades, sino que más bien, como un actor político, social y económico que nace bajo el alero de nuestra sociedad y que es parte de ella, y de sus interacciones.

La pregunta que debiésemos formular entonces es cómo promover entre la ciudadanía valores, actitudes y practicas compartidas que fortalezcan el Estado de Derecho, es decir, el consentimiento y aceptación de la ciudadanía sobre el orden político imperante. El respeto de la leyes y normas no sólo por el mero hecho de su existencia, sino más bien por el valor que estas representan y los efectos que producen: confianza y cohesión social.

El combate a la corrupción y a la impunidad es posible, siempre y cuando exista un Estado comprometido en dicha tarea. Este no solo debe propender a generar resultados en la gestión política de problemas y conflictos, sino que además responder a las expectativas de la ciudadanía, que exige con más fuerza acciones creíbles, eficientes, competentes, transparente, justas y correctas. La mirada no solo se dirige a la ley, sino que también al ejercicio del poder, que debiese estar orientado por una cultura de la legalidad o de las consecuencias.

El problema está en que hemos sido testigos en los últimos años como instituciones relevantes de nuestro orden político se han visto afectas por la corrupción e impunidad. Al parecer, el incumplimiento de la norma o capacidad de negociar la Ley abre espacios para la complicidad estatal.  Si tenemos un Estado negligente o cómplice, que no solo es capturado por los grupos u organizaciones criminales, a través de la corrupción a funcionarios públicos, sino que, además, el mismo Estado promueve por medios de decisiones y acciones, la vulneración del imperio de la Ley y el principio de igualdad; justamente, es el Estado de Derecho el que se empieza debilitar.

El argumento es simple: la corrupción a nivel individual o micro (por ejemplo, evadir el pago de algún servicio) como a nivel institucional o macro (financiamiento ilegal de la política), impacta en los niveles de confianza y en la percepción ciudadana respecto del desempeño del Estado y la eficiencia y eficacia en cuanto a servicios prestados y demandas ciudadanas.

En este escenario se torna urgente promover una ética política, una formación práctica que contribuya al discernimiento respecto del comportamiento y la acción – individual y colectivo-  en el régimen político democrático, en situaciones de la vida cotidiana, y en la resolución de los conflictos. La promoción y ejercicio de una Cultura de la Legalidad implica, por tanto, aspectos normativos y prácticos respecto de la función pública, entre ellos, el principio de integridad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, todos, conducentes a favorecer la gobernanza y el buen gobierno. Sólo así podremos afirmar que la cultura de la legalidad no es solamente un mito.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.