Francisco Medina Krause, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de los Andes. Investigador de Polis, el observatorio constitucional de la Universidad de los Andes.

Hace algunos días, la subsecretaria de salud, Andrea Albagli, presentó las directrices del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y del Programa de Salud Trans (PST) en la Comisión de Familia del Senado. En líneas generales, estos programas buscan que los niños cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico puedan “ejercer sus derechos” y ser acompañados en el proceso de transición.

Pues bien, en la Comisión de Familia, Albagli sostuvo que los niños no necesitan el consentimiento de sus padres para ingresar al PAIG y que tampoco existe una edad mínima para iniciar este acompañamiento, dando a entender que incluso podría ser a partir de los dieciocho meses de edad. ¿La razón? El interés superior del niño y su autonomía progresiva. Sin embargo, cabe preguntarse si estos valiosos principios pueden justificar tratamientos que ponen en riesgo la salud de los niños y que provocan efectos irreversibles, a la luz de lo que muestra el reciente informe Cass. En efecto, luego de la publicación de dicho informe, el Minsal ordenó la suspensión de las terapias hormonales, lo que revela un preocupante grado de improvisación en la aplicación de tratamientos que podrían llegar a arruinar la vida de una persona.

Por otra parte, llama particularmente la atención el silencio de las instituciones llamadas a velar por la protección de la infancia y los derechos humanos en general. ¿Qué acciones concretas está tomando, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la eventual violación del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica? Recordemos que la Comisión tiene el mandato convencional de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, para lo cual tiene a su disposición una serie de atribuciones específicas frente a los estados. Nadie quisiera que la defensa de los derechos esté supeditada a razones ideológicas por parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero los hechos hablan por sí solos.

Por último, y más allá de las razones jurídicas, cabe apelar al sentido común. ¿Qué razonabilidad tiene someter a un niño a terapias “afirmativas” en contra de la voluntad de sus padres? Por supuesto que principios como el interés superior del niño tienen gran valor ante casos de maltrato, abuso o abandono, ¿pero estamos hablando de lo mismo cuando un padre cree que su hijo (a quien nadie conoce mejor) está confundido producto de la inmadurez propia de su edad o de otros factores relacionados con su salud mental?

Asimismo, el que la subsecretaria sostenga con tanta convicción que bebés de 18 meses podrían eventualmente ingresar al PAIG, parece mostrar un extravío mayor. Da cuenta de una ceguera ideológica que está dispuesta a experimentar con la integridad de miles de niños con tal de imponer una agenda determinada.

Mención honrosa para la Cámara de Diputados y, en especial, para la Comisión de Familia, que ha ejercido sus atribuciones para fiscalizar los actos del Ejecutivo. Una luz de esperanza en tiempos donde parece estar ausente el más común de los sentidos.

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