En Juzgado de Letras de Talca.

Luego de escuchar los alegatos y antecedentes expuestos por ambas partes en audiencia celebrada el jueves 14 de marzo, el magistrado Oscar Vásquez de la primera sala del Juzgado de Letras de Talca, optó por dar curso a los tres días que le faculta la normativa legal para hacer pública su sentencia en relación a la reclamación presentada por la Universidad Católica del Maule para que se pronuncie sobre si procede o no dar curso a la negociación colectiva con el Sindicato de Académicos del plantel.

Fue así como la lectura de la sentencia quedó fijada para el día lunes 19 de marzo, ya que la causa al ser de interés colectivo, representa una mayor complejidad, facultando al tribunal para tomarse un plazo de tres días para dar lectura a la sentencia.

Según el Código del Trabajo, en su artículo 304 inciso 3ro, no procede la negociación colectiva cuando las empresas, públicas o privadas, son financiadas en más de un 50% con recursos provenientes del Estado, tema que fue presentado ante la Inspección del Trabajo por parte de la UCM a mediados del 2017.

Según la evidencia presentada por la UCM, el financiamiento recibido por parte del Estado ha ido en aumento por concepto de Aporte Fiscal Directo, Aporte Fiscal Indirecto, aportes basales, becas, gratuidad y proyectos de investigación, los que en suma el 2016 enteraron un 68,4% del presupuesto total del plantel.

A la salida de la sala, Pablo Hormazábal, vicerrector de Administración y Finanzas de la UCM señaló que “El 2017 los aportes del Estado superarán el 74 o 75 % y en la medida que el Estado se haga cargo de la educación superior los aportes a las instituciones de educación superior irán aumentando. Nosotros tenemos que responder sobre esos recursos y dar cuenta de qué forma son utilizados, como son pagos de remuneraciones. Queremos dar cuentas de manera responsable”, sostuvo.

Aportes directos del Estado

Hugo Araya, presidente del Sindicato de Académicos UCM expresó que “estamos tranquilos esperando la sentencia”.
“El tema fundamental es que se entiende por aporte directo o no de parte del Estado hacia una institución, no necesariamente de educación, ya que por ejemplo una empresa constructora dedicada a las viviendas sociales podría argumentar que no le corresponde negociar colectivamente, por lo tanto, casi no tendrían razón de ser los sindicatos en Chile. Hacemos un llamado a la Universidad para retomar el diálogo y dejar esta discusión atrás”, agregó el dirigente sindical.

Por su parte Pablo Hormazábal señala al respecto: “No desconocemos los derechos de los trabajadores, solo estamos haciéndonos cargo de lo que la propia ley instruye en su articulado y de lo que el ministerio de educación define por gratuidad y que está al centro de esta discusión. Por el hecho de recibir aportes directos del Estado, la UCM no puede negociar, el texto es claro”, puntualizó el vicerrector.