Especialista en este tipo de legislatura de la Universidad Católica del Maule, destaca la urgencia de adaptar la disciplina a los actuales contextos sociales, políticos y digitales que enfrenta el país.

El derecho constitucional es la disciplina que se encarga de estudiar, interpretar y regular las normas que definen la organización política de un Estado, los derechos y deberes de sus ciudadanos, así como la estructura y funcionamiento de sus instituciones.

No obstante, aunque la crisis del Poder Judicial y los casos de corrupción política en fundaciones y convenios descubiertos el año pasado son de índole penal o infraccionaria, su impacto va más allá, y lo cierto, es que estas situaciones afectan directamente a las personas que a diario necesitan acceder a la justicia o que incluso, están esperando por una vivienda, aspectos esenciales que forman parte de los Derechos Humanos y Fundamentales.

En ese sentido, académico de la escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule (UCM), Francisco Medina Krause, destacó la necesidad de implementar acciones “que garanticen el Estado de Derecho y aseguren la probidad. La credibilidad y legitimidad de las instituciones deben ser una prioridad”, comentó tras su participación en el 10° Encuentro de Profesores Jóvenes de Derecho Constitucional, realizado en la Universidad de La Frontera, en Temuco.

La necesidad de reformas

Y es que los panoramas actuales reviven los históricos cuestionamientos sobre la falta de probidad e independencia entre los poderes de las instituciones públicas, lo que profundiza el descontento y escepticismo generalizado sobre la capacidad del Estado para garantizar acceso a justicia y equidad.

Por lo tanto, el docente profundizó que, “es urgente tramitar una reforma al mecanismo de nombramientos del Poder Judicial, dado que el sistema actual no está dando las garantías de imparcialidad suficientes”, añadió.

En esa línea, enfatizó que, “es importante abrir el debate sobre el vínculo de las principales entidades del país con los derechos de las personas, reflexionar en torno a esa relación contribuye a la legitimidad del poder público”, dijo.

Las alternativas a estos problemas deben considerar las circunstancias particulares de cada ciudad y territorio, “ya que, por esta razón desde el poder central se pierden de vista las necesidades regionales. Pienso, por ejemplo, en los derechos laborales de las personas que se desempeñan en sectores como la agricultura, el turismo o la minería”, puntualizó.

Los Derechos en el ámbito digital

Por otro lado, existen libertades y derechos clásicos que hasta hace pocos años sólo podían ser ejercidos de manera física o presencial.

Sin embargo, “durante el último tiempo hemos visto que el derecho a la libertad, a la vida privada, a la honra, la igualdad ante la ley o la libertad de conciencia —sólo por nombrar algunos— pueden ser ejercidos y vulnerados en el espacio digital, y es necesario que el derecho constitucional desarrolle mecanismos de protección que considere este cambio de paradigma”, subrayó el también investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

De ese modo, los desafíos del derecho constitucional en Chile van más allá de corregir las deficiencias del sistema actual; implican también adaptarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que enfrenta el país. Es urgente abrir un debate amplio sobre cómo las instituciones deben reformularse para responder a los problemas contemporáneos, que van desde la corrupción y la falta de probidad hasta la necesidad de garantizar efectivamente los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Crédito: Facultad de Ciencias Sociales y Económicas UCM.