Columna Opinión de la directora del Departamento de Ciencia Forestales, Carmen Bravo

El proyecto de Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y SNASPE forma parte del rediseño de la institucionalidad ambiental instaurada en la Ley 20.417, publicada el 26 de enero del 2010.

Transcurridos siete años desde la publicación de la Ley y vistos los hechos sucedidos a la fecha, es momento de analizar la pertinencia de un Servicio de esta naturaleza o bien de sus funciones.

Es importante considerar la actual Política Forestal  2015-2035,  que establece como  objetivo la creación de un Servicio Forestal. Esta aspiración, se estaría concretando este año, luego de los Mega Incendios Forestales sucedidos, que agilizaron el proyecto de Ley de creación de Servicio Forestal,  siendo ingresado al Congreso el 5 de abril  de 2017.

Actualmente, es necesario revisar los antecedentes señalados en la presentación del proyecto de creación del Servicio de Biodiversidad. En cuanto a la efectividad del cumplimiento de los compromisos internacionales, el actual SNASPE administrado por CONAF, no reviste impedimento  para cumplir estos compromisos y no se ha presentado una evaluación formal que de prueba de ello. Más aún, la nueva institucionalidad forestal, con un Servicio Forestal que contenga al SNASPE actual, resolvería esta inquietud y también la recomendación mencionada por la OCDE en el año 2005, que indica la necesidad de contar con una institucionalidad pública.

Por otro lado la baja representatividad de los ecosistemas protegidos terrestres y marinos, se explica por la restricción de presupuesto para incluir los ecosistemas faltantes  y no por la existencia de un problema en la administración del SNASPE.

En cuanto a la complejidad del sustento normativo e institucional vigente que  menciona el proyecto; la realidad  indica, que no existe una normativa para las áreas protegidas, pues la Ley 18.362 de 1984 que creó el SNASPE no entró en vigencia, ya que estaba supeditada a la institucionalidad forestal.  Por lo tanto, hoy se requiere una normativa que de sustento al Sistema vigente, en materia de la administración de áreas protegidas, realizada por los Servicios competentes.

El escenario actual entonces, amerita el debate técnico sobre las políticas e instrumentos para el logro de los objetivos de desarrollo sustentable del país y la consideración de una planificación estratégica pública adaptativa, de acuerdo a la dinámica de los escenarios futuros.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.