¿Fin al Sename? Luces y sombras ante una nueva institucionalidad
Académicos y autoridades regionales analizaron los desafíos, brechas y avances de la protección de la infancia en el marco del nuevo servicio Mejor Niñez y la recientemente aprobada Ley de Garantías en ese ámbito. El foro se realizó como parte del inicio de año académico del Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil UCM.
Desde los años 30 en Chile se ha discutido ampliamente la necesidad de contar con un sistema que garantice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aunque ha habido avances, también han existido reveses.
Están registradas, por lo menos, mil 113 muertes de menores al interior de residencias; la ONU en 2018 dio cuenta de la violación sistemática de derechos humanos de quienes se encontraban bajo el cuidado del entonces Sename. A ello se suman las situaciones de abuso y explotación sexual “reiteradas y de larga data” consignadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, por nombrar solo algunas de las problemáticas.
Un panorama sombrío que comienza a despejarse con algunos avances: la creación hace 6 meses del nuevo Servicio Mejor Niñez; y la Ley de Garantías de la Niñez, promulgada el 9 de marzo de 2022, luego de ser tramitada durante siete años en el Congreso.
¿Llegó el fin del Sename realmente? Esa fue la pregunta que guio la conversación entre un grupo de expertos y autoridades regionales que se dio cita en el inicio de año académico del Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil de la Universidad Católica del Maule (UCM).
Para su director, el académico Gerardo Chandía, “el diagnostico está claro y sabemos que el sistema no funciona como quisiéramos, aunque sabemos que se han hecho todos los esfuerzos”. Sin embargo, comentó el académico, ve con buenos ojos el nuevo marco jurídico nacional y considera que “hay una esperanza de cambio en términos estructurales”.
Sobre esa nueva Ley de Garantías, Cinthya Jaque, coordinadora Regional de Niñez de la Seremi de Desarrollo Social; manifestó que “es una ley que estábamos esperando con muchas ansias, pues estamos suscrito a la Convención de los derechos de los niños hace más de 30 años, sin embargo, no teníamos una ley que hiciera carne esos derechos”.
Valoró lo mencionado en uno de los artículos que aborda “la brecha de acceso a los programas a los cuales siempre accede el 40 por ciento más vulnerable o quienes tienen complejidades mayores. La ley establece que todas las regiones, desde el nivel comunal, deben establecer un estudio para determinar las brechas de acceso programático”. Una labor que se realizará desde las Oficinas Locales de Niñez que este año se ampliarán a diez en el Maule.
Las diferencias del nuevo servicio Mejor Niñez
Ángela Muñoz, directora regional de Mejor Niñez Maule, aceptó que hay una “deuda histórica” con la infancia y que los cambios tomarán tiempo. Destacó que el nuevo servicio implementado en octubre de 2021, “apunta a descentralizar y a trabajar de forma parcializada para adecuarnos a las necesidades de cada una de las regiones. Hay un aumento significativo del presupuesto y una mirada del servicio para hacer una mayor fiscalización”.
Por su parte, Carolina Astorga, psicóloga del programa Mi Abogado, que se encarga de representar a niños, niñas y adolescentes ante el sistema judicial se mostró preocupada sobre algunos vacíos entre lo establecido por la ley y lo realizado en la práctica. “Si la ley no se aterriza en la acción, nos topamos con miles de barreras, por ejemplo, en ámbitos de migración: un niño que nació en Chile, pero que sus padres no están regularizados, se le expulsa”. Algo que impide la protección real de ese menor, el trabajo con su familia o su red de apoyo. Incluso, indicó que trámites como la emisión de RUT pueden volverse un obstáculo para garantizar los derechos básicos.
La academia como socio estratégico
La directora de Mejor Niñez Maule, añadió que se espera hacer un trabajo mucho más coordinado con otros actores y que “esperamos que la academia sea parte como socio estratégico del trabajo que vamos a realizar porque esta no es una problemática de la cual nuestro servicio sea responsable. Esto conlleva un cambio de paradigma y con ello un cambio cultural que no solo afecta a instituciones públicas y privadas sino a la sociedad en general”, puntualizó Ángela Muñoz.
Desde la academia, Ana Castro, doctora en Estudios de Sociedades Latinoamericanas y docente del Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil, enfatizó en que, para generar cambios, la investigación interdisciplinaria es clave. “Ojalá que las investigaciones sean no para guardarlas en el escritorio o para escribir en las grandes indexaciones que son importantes, sino también hacer investigación de acción participativa para que nos den cuenta de lo que es necesario cambiar e incorporar la voz de los niños y los jóvenes”.
Adicional a ello, Castro expresó que es necesario “replantearse la formación” de los profesionales que intervienen en el trabajo de protección a la infancia. “Las universidades deben remirar sus modelos de formación y, en ese sentido, evitar hacer más de lo mismo en las prácticas, o más de lo mismo en las intervenciones en instituciones, por ejemplo, pues hay un claro diagnóstico de que esto no está funcionando”.
