Desde el ámbito jurídico, social y psicológico, un grupo de expertos convocados por el Centro de Atención Psicológica Integral de la Universidad Católica del Maule, advierten la necesidad de romper con los estereotipos y manejar la pandemia con un enfoque en derechos humanos.

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, del total de contagiados por COVID-19 o sospechosos de estarlo, el 16,07 por ciento eran personas mayores. Además, del total de hospitalizaciones, el 49,3 por ciento, correspondía a mayores de 60 años; y un 83,9 por ciento de los fallecimientos registrados eran de ese grupo etario.

Aunque las cifras son preocupantes, no son la única dificultad que ha traído la crisis sanitaria. Por ello, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM), a través del el Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI) convocó a un grupo de expertos a analizar los desafíos post pandemia en materia de salud mental para las personas mayores. Una actividad que contó con el apoyo del Departamento de Vínculo con Egresados y Empleadores Alumni UCM.

Sara Herrera, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM, manifestó que “A nivel mundial y nacional hemos estado muy preocupados por el virus, sus síntomas físicos, el contagio, el equipamiento disponible en las UCI; pero sabemos que una de las grandes complicaciones de nuestra población de personas mayores es la salud mental. Es necesario saber que los problemas en este ámbito no son parte normal del envejecimiento y que la pandemia vino a agudizar algunos cuadros ya presentes. Por ello, es relevante el análisis y el levantamiento de propuestas en ese sentido”, afirmó.

A nivel jurídico y teniendo en cuenta que Chile ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la abogada Tania Mora explicó que allí se establece el derecho a la independencia y la autonomía y también a la salud. Ello implica que “no existe un derecho más importante que otro” y que “es fundamental, en el tratamiento de esta pandemia, que usemos un enfoque de derechos humanos”.

Para Mora, lo acontecido a nivel nacional y en países europeos donde la pandemia golpeó con fuerza, evidencia que “seguimos viendo una tendencia desde las políticas públicas a desconocer a las personas mayores como verdaderos titulares de derechos, se ha visto un paternalismo y una infantilización de las personas mayores”.

Desde el ámbito de la psicología, Ingrid Fergusson, académica de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM y organizadora de la instancia fue clara al decir que “la salud mental es una tarea pendiente no solo respecto a las personas mayores sino en general, pues las políticas del país tienden aún a privilegiar una mirada biomédica y sigue estando en segundo plano la salud mental”.

De acuerdo con Fergusson, experta en Gerontología Social, “cuando pensamos en términos de políticas para la vejez, debemos pensar en políticas que no se inicien solamente en esa etapa de la vida, sino en cómo se construye una trayectoria de vida que permita adecuados niveles de salud mental”. Lo anterior, sin desconocer que existen “diversos tipos de personas mayores” y que las intervenciones no se deben homogenizar.

Sin embargo, para Fergusson, el panorama previo a la pandemia también era preocupante y en ese sentido indicó que la depresión afecta a un 6,2 por ciento a la población entre 64 y 74 años y que más del 40 por ciento de los suicidios en personas mayores son “silentes”, es decir, no notificados o registrado como una muerte de intención no determinada. Respecto al consumo riesgoso de alcohol, este está presente en el 16,9 por ciento de los mayores de 60 años.

“Cuando hablamos de consumo de drogas tendemos a visibilizarlo en la población más joven. Desde los estudios de prevalencia a nivel nacional e internacional, la muestra llega hasta los 64 años, a raíz de ello, se podría hipotetizar que detrás de esta decisión metodológica está la idea de que esta es una problemática de la población joven y no de los mayores”, señaló.

Propuesta rupturista

Desde la vereda social, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas UCM, Marcelo Piña, enfatizó la mirada de la gerontología rupturista, entendida como un proceso que conlleva el tránsito de una visión conservadora del envejecimiento y la vejez a una crítica. Desde este enfoque se cuestiona la inexistencia de roles sociales de las personas mayores y se propone una visión centrada en la “heterogeneidad de Roles Sociales en permanente construcción sociocultural”, hallazgo de un estudio realizado en el marco de un proyecto Fondecyt en el que es investigador principal.

Desde la gerontología rupturista destacó la perspectiva del envejecimiento y la cultura y reflexionó en torno al hecho d que la producción de las personas mayores está asociada a su experiencia y liderazgo en el trabajo intergeneracional. “Ya previo a la pandemia había una necesidad de ruptura y ahora se presenta una ruptura por la ruptura, es decir, un quiebre con lo tradicional de este pensamiento binario instalado por la lógica moderna en el que pensamos en dualidades: joven-viejo. Hoy la pandemia nos plantea la necesidad de la solidaridad intergeneracional, no separar por edades donde se le asigna un mayor estatus a la juventud”, propuso.

Marcelo Piña también se invitó a la comunidad regional a las actividades del proyecto “Promoción y fortalecimiento en investigación de pregrado y posgrado en la Región del Maule, para los temas de envejecimiento y cultura” que lidera la Universidad Católica del Maule.

Otro de los expertos que abordaron la temática y quien ha estado en la primera línea de intervención, fue Nicolás Cisternas, especialista en Psicogerontología y quien participó en la elaboración de la “Guía para una Comunicación Efectiva en ELEAMs en Contexto de Pandemia”.

Para Cisternas, la pandemia generó una visibilización de estos Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores a nivel nacional y mundial. Y es que según datos revelados por el diario La Tercera el 29 de mayo, el 22,1 por ciento de los decesos de la Región Metropolitana fueron de personas mayores institucionalizadas; además de 112 sumarios sanitarios cursado al encontrarse deficiencias sanitarias en el 60 por ciento de los centros fiscalizados.

Según el experto, se ha hecho una “espectacularización de lo que sucede en las residencias. No hablamos nunca de las buenas prácticas pese a que en todas se realizan, sin embargo, no es algo que se dé a conocer”, expuso.

A ello añadió que no se puede negar la afectación de la crisis sanitaria, no solo a los adultos institucionalizados, sino también al personal de estas residencias y las familias, algo que podrá traer consecuencias. “Luchamos por la no medicalización de las residencias y estábamos avanzando en un servicio basado en la persona. El riesgo después de la pandemia es que las residencias se transformen en un pseudohospital cuando se ha luchado por años para que sean un espacio socio sanitario”, sostuvo.

Para evitar ello planteó como desafíos urgentes “la salud mental como eje prioritario para todos: la persona mayor, los equipos y la familia”, también “la reintegración comunitaria, que la comunidad se manifieste, por ejemplo, con una tocata afuera de un centro”; la “adaptación de una nueva forma de convivir en la residencia, bajo una mirada centrada en la persona” y la eliminación de estigmas respecto a los centros de adultos mayores porque “la residencia no es sinónimo de muerte”, cerró.