El académico de la Escuela de Auditoria de la Universidad Católica del Maule y experto en macroeconomía, Cristián Orozco, analiza el panorama nacional y propone ser más eficientes en la implementación del modelo económico.

Hace aproximadamente dos semanas explotó el conflicto social en Chile. Las causas son muchas, pues durante los últimos 30 años la inequidad se profundizó y marcó la radiografía social del país. Cristián Orozco, académico de la Escuela de Auditoria de la Universidad Católica del Maule, explicó que este conflicto estalló por la distancia que existe entre los indicadores macroeconómicos y la percepción del bienestar social.

Al respecto, el experto en macroeconomía de la UCM dijo que “En mi opinión las falencias no pasan precisamente por el modelo económico propiamente tal, sino por su implementación, es decir, por los resultados de la gestión del Estado, como agente planificador, estabilizador y regulador de la actividad económica”, sostuvo.

A raíz de lo anterior, han surgido muchas voces solicitando una reestructuración. Para el académico de la Escuela de Auditoría de la UCM, la idea de una reestructuración, más bien debe pasar por un mejoramiento de la eficiencia en la gestión del Estado y el manejo de los recursos públicos. Explicó, que para ello es necesario considerar elementos como un sistema tributario claro, una eficaz y eficiente fiscalización de la actividad económica en ámbito privado y público, así como también, una legislación que promueva el bienestar social a largo plazo.

Y agregó que “Las decisiones que tome la autoridad con respecto a las fuentes de financiamiento fiscales, deben ser muy responsables desde el punto de vista macroeconómico, dado el actual saldo presupuestario que mantiene el país, y las futuras decisiones de inversión de empresas nacionales y extranjeras quienes, en este momento, miran con cierta incertidumbre el macro entorno político y social”, afirmó.

Medidas en el largo plazo

Por ello, hace un llamado, a ser eficiente la gestión de las autoridades en al ámbito ejecutivo y legislativo, sobre todo en materias como el actual sistema de pensiones y servicios públicos. “También considero importante considerar que, si bien es cierto, la autoridad puede tomar medidas que surtan un efecto positivo en el bienestar de las personas en el corto plazo, no es menos cierto que, las decisiones más importantes son aquellas que incrementan ese bienestar de manera sustentable en el largo plazo”, advirtió.

Unas de sus preocupaciones son las Pymes, ya que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas absorben la mayor cantidad de mano de obra no calificada, “Sus costos laborales estarán más afectos a posibles aumentos al salario mínimo, no así la gran empresa que por lo general externaliza muchas actividades, subcontratando a las pequeñas. Ante ello creo razonable, favorecer el aumento a un ingreso mínimo garantizado”, aseguró.

Y precisó que es necesario estar atentos y considerar que, ante una eventual alza a los impuestos a las empresas grandes, se le podría traspasar este costo a los consumidores a través del aumento de los precios de los productos. “En períodos de incertidumbre como este, se hace difícil prever si se vendrán crisis sociales peores, pero hay que tener en cuenta que las crisis sociales en economías estables suelen ser menos frecuentes que en economías inestables, por lo tanto, los cambios que hoy se hacen necesarios aplicar, deben ser tomados no solamente con una visión de corto plazo, sino que también de largo plazo”, puntualizó.