El director del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Javier Agüero Águila, en entrevista se refirió a lo que es el acuerdo político celebrado recientemente con la participación transversal del espectro político chileno, las implicancias de una nueva Constitución, las garantías de este proceso, entre otros aspectos.

¿Qué opinión te merece el acuerdo político en relación a una nueva Constitución para Chile anunciado recientemente?

Pienso que efectivamente se trata de algo histórico en el sentido de que no hay antecedentes en Chile, al menos que yo conozca, que den cuenta de un pacto de esta naturaleza, donde derechas izquierdas y posturas de todos los puntos cardinales se mimetizan de una manera, digamos, al menos, curiosa. De repente todos son democráticas convencidos que creen en la democracia directa. Ahora bien, más allá de este dato, que es relevante, la impresión que queda tras este acuerdo es que es menos un pacto que surja de las convicciones democráticas de los partidos políticos y mucho más una medida de emergencia para gobernar la calle y recuperar gobernabilidad. Es un frágil punto de partida, no convence y se hizo en reacción al desborde del movimiento más no con el movimiento y sus actores, sin embargo, reitero, a pesar de frágil, es un punto de partida. Hay que estar vigilantes.

¿Se puede esperar que fruto de esta nueva Constitución de Chile cambie el “modelo económico neoliberal”?

Un modelo, cualquiera éste sea, no muere por eutanasia, no se desenchufa un día y a una hora determinada. Más aún cuando estamos hablando de un sistema que se transformó en paradigma absoluto de la sociedad chilena. Esto es: en un modelo económico, en una forma de relación social, en un regulador de la participación ciudadana (más consumes más integrado estás) en fin, en una racionalidad profundamente enraizada de la cual no hay que esperar una muerte súbita. Deberemos convivir con herencias y enclaves neoliberales por muchos años hasta lograr extirpar para siempre el cáncer individualista y autoritario de la Constitución de Guzmán. Sin embargo, y dicho esto, sin una nueva constitución no hay cambio alguno. Es la más importante de todas las transformaciones que afectan a un país y en ese sentido su alcance es de una enorme relevancia. Si a esto le sumamos que sea el producto de la deliberación ciudadana ampliamente representada, el futuro se despeja y podríamos pensar, realmente, en la posibilidad de un país completamente diferente de aquí a 10, 15 o 20 años. Ahora bien, Chile no abandonará el capitalismo, pero podemos pasar de un neoliberalismo salvaje a una economía social de mercado, fundada en nuevo pacto que nos transforme en una sociedad real y no en una pura economía como hemos sido hasta hoy.

¿Cómo se debería avanzar para que esta iniciativa llegue a buen puerto?

Es una buena pregunta porque eso no está por ningún lado señalado. Lo que tenemos hasta el momento es un acuerdo casi transversal de partidos políticos (se excluye el PC y algunos referentes del FA). Los actores sociales no fueron convocados a participar por lo que, parece, las garantías van a estar diseñadas sobre la marcha y temo que será la misma clase política quien las establezca. Creo que, frente a estas garantías no expresadas y a un movimiento político de los partidos por abreviar el cambio a la Constitución al interior de su propio feudo, la ciudadanía debe permanecer atenta y movilizada.  No se debe abandonar la calle ni la protesta, eso sí, las consignas deben ser otras, en este caso y en esta fase, deberían responder a las de participación en el proceso. Se logró que un presidente de derecha convocara a un plebiscito para una nueva Constitución, esto es históricamente inédito y es mucho, sin embargo, yo llamaría a no confiarse en la clase política y a seguir exigiendo que la legitimidad del proceso venga desde abajo, que ascienda desde la ciudadanía.

¿Cómo se explica que una materia sobre la que no se había generado avance en décadas hoy se destraba rápidamente haciendo realidad la vía para una nueva Constitución para Chile?

Bueno, pienso que tú y yo, así como la gran mayoría de los chilenos y chilenas podrían responder esa respuesta: el estallido social; el enorme y brutal golpe al mentón que sufre la clase política cuando un país entero reacciona a décadas y décadas de abuso; donde las leyes en el parlamento tributan a intereses económicos (Penta/Soquimich); donde casi el 70% de la población chilena vive con menos de 550 mil pesos mensuales; donde los niños pobres tienen como alternativa la calle y la droga o el Sename (no sé qué es peor); donde la colusión es rampante; donde no tienes vejez ni salud; donde el yerno de Pinochet compró el 30% de nuestro litio, en fin, podríamos llenar y llenar hojas hablando de lo que explica que en menos de un mes la historia se haya agilizado a tal nivel y estemos hablando de una nueva Constitución. Chile no necesita un “nuevo pacto social” porque no lo tiene. Como dice Fernando Atria, Chile necesita “un” pacto social.

¿Qué queda para quienes se resten o no sean considerados en este proceso?

La ciudadanía ya quedó excluida del primer acto. Y tu pregunta invita a una reflexión más bien metodológica de cómo aseguramos la participación integral de todos los sectores que componen la sociedad chilena. Yo vi, en principio, con buenos ojos el rol que pudieran haber jugado los alcaldes. Pensar en que las diferentes comunas pudieran llevar adelante procesos deliberativos autónomos eligiendo sus propios representantes para una Asamblea Nacional, me parecía una idea metodológicamente viable. Ahora bien, al ser los alcaldes parte de la misma clase política que está al borde del 4% de legitimidad era poco probable que esta iniciativa se activara. Soy pesimista respecto del pensar que todos y todas serán representadas en una AC, a lo que hay que apostar es por la mayor participación posible y por un mecanismo que asegure, también, la mayor representatividad posible. De todas formas, es inviable que no haya sectores que se sientan marginados, cualquier mecanismo por más democrático supone, inmediatamente, un grado de exclusión que le es inherente. Insisto en que si se abandona la movilización todo será más hermético. En definitivas la ecuación es: movilización + vigilancia = + participación.

¿Corre riesgo la legitimidad de este proceso considerando que surge desde “lo político” o no desde actores más representativos de la sociedad?

Es que es un movimiento que no tiene representantes. La mesa de Unidad Social que cubre un amplio espectro de movimientos ciudadanos y donde igual participan partidos políticos, no es el movimiento social, aunque quisiera apropiárselo. Mal habrían de representar al movimiento los sectores políticos que no han tenido más que respuestas de emergencia a algo que, pienso, aún no terminan por comprender. Esta es una ventaja del movimiento en una primera fase, pero puede fragmentarlo cuando se entre en la fase más institucional. Ahora bien, si aseguramos en conjunto con todos los sectores sociales, agrupaciones de base, cabildos, etc., una participación transversal y con los menores grados de exclusión posible, el asunto parece tener destino. Quien representa al movimiento en este caso es el pueblo movilizado. Sé que esto suena abstracto porque el pueblo no tiene apellido ni rostro, pero es el verdadero líder de la transformación que se avecina. Si no respetamos esta condición excepcional y los sectores no resumen en la ciudadanía al verdadero agente de cambio y se tiende a excluirla, no tendremos un proceso válido, legítimo puede ser en términos de su legalidad, pero inválido socialmente.

¿Crees que este acuerdo es una señal positiva para gobierno del presidente Sebastián Piñera o a tu juicio se mantendrá el “poco margen” de actuación para él?

Sin duda ha sido un tanque de oxígeno, estaba en la UTI, él, su gobierno y también toda la clase política. En términos estratégicos el pacto de los sectores políticos por una nueva Constitución es un salvavidas para un presidente y un gobierno náufragos. Dos días de relativa calma es un oasis (no el de Piñera por supuesto) en medio del desierto de la incertidumbre, ineptitud y malas decisiones que se han venido tomando. Personalmente no creo que los presidentes deban renunciar, no me parece porque deben dar explicaciones de lo que hicieron y un presidente que renuncia simplemente asume su inoperancia y se va sin responder. En Chile nunca un presidente ha renunciado, salvo O’Higgins fíjate. Los otros han muerto o se han suicidado valientemente como en el caso de Balmaceda o Allende. Sería inédito.

¿Cómo afectan los casos de violaciones a los DDHH actuales en Chile para establecer el acuerdo de paz al que llama el gobierno?

Este es un punto central porque llama a mucha confusión. La paz social es menos la ausencia de conflicto y mucho más la presencia de justicia. Hemos sido a la vez que un ejemplo de lucha contra el abuso neoliberal, una vergüenza en materia de violaciones a los derechos humanos en el mundo entero. Son 217 personas que han perdido uno o dos ojos, miles de heridos, 6 muertos, cientos de acusaciones por tortura y violación. La mayoría de estos hechos están comprobados, entonces no se puede pasar por alto el costo que tuvo este nuevo momento histórico que está viviendo Chile. Hay que agradecer a quienes dejaron su vida y sus ojos en las calles y a todas y todos los que sufrieron apremios ilegítimos, pero, al mismo tiempo, hacer justicia. No es una idea peregrina ni menos irrelevante el que se constituya una “Comisión de Verdad y Reparación” (no de “Reconciliación” porque ese es un algoritmo transicional) que le dé a la nueva Constitución o al nuevo pacto social mayor decencia y legitimidad. En este país se sacaron a los militares a las calles y junto a las policías dispararon sus armas, no se puede hacer caso omiso de eso.