Apoyo al proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129 con el objeto de regular las exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía.

Quienes integramos el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) manifestamos nuestro respaldo al proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129, que tiene por objeto establecer nuevos criterios para el ingreso a las carreras y programas de pedagogías.

Desde el Consejo reconocemos la urgencia de legislar para enfrentar un desafío estructural de gran envergadura: el déficit docente que afecta a nuestro sistema educativo y que, de no ser abordado con prontitud y decisión, limitará el desarrollo integral del país, particularmente en áreas estratégicas como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y las humanidades.

El debate legislativo ha puesto foco en el aumento de los puntajes PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) como requisito de ingreso a pedagogías e indicador de excelencia en el egreso. Sin embargo, centrar el debate exclusivamente en los puntajes de admisión simplifica injustamente el proceso de aseguramiento de calidad, que se construye a lo largo de toda la trayectoria formativa y mediante acompañamiento académico continuo.

En este marco, se debe considerar que las universidades que imparten pedagogías cuentan con rigurosos mecanismos de aseguramiento de calidad, tanto a nivel institucional como en cada programa de estudio. La acreditación obligatoria de carreras y la aplicación de instrumentos como la Evaluación Nacional Diagnóstica (END), supervisados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación, garantizan el cumplimiento de perfiles de egreso y estándares elevados.

Desde nuestras universidades alertamos que la aplicación estricta de los criterios establecidos en la ley 20.129, sin modificaciones, pone en riesgo la estabilidad del sistema formador de docentes, profundizando inequidades territoriales y aumentando la posibilidad del cierre de programas por falta de matrícula. El mayor perjuicio sería en regiones, especialmente en zonas extremas y localidades rurales. Por consiguiente, este escenario conduciría a una destrucción de las capacidades regionales para la formación de profesores y profesoras, con daños irreparables para todo el país.

La realidad es clara: sin una normativa que permita un ingreso equilibrado, flexible y acorde a las necesidades regionales y disciplinarias, el país enfrentará una reducción drástica en la formación de docentes, con impactos negativos para la calidad y equidad educativa. Esto afectará no solo la cobertura, sino también la calidad de la educación obligatoria y la formación de futuros profesionales que deben responder a los desafíos globales y locales.

Por ello, apoyamos con convicción las propuestas contenidas en el proyecto de ley que, junto con regular nuevos criterios de ingreso, contemplan estrategias integrales de atracción y formación de vocaciones pedagógicas, alineadas con estándares internacionales de excelencia educativa. Reconocemos que la calidad docente se construye a lo largo de la Formación Inicial Docente (FID) y que la regulación debe ser un mecanismo flexible y basado en evidencia que responda a las transformaciones sociales, territoriales y educativas del país.

Como CRUCH, reafirmamos nuestro compromiso con el “Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile”, firmado a principios de año con el Ministerio de Educación, que establece un plan integral para fortalecer la formación inicial, favorecer la retención y el desarrollo profesional de los docentes, y garantizar un sistema de admisión que reconozca tanto el mérito académico como la vocación pedagógica. Este compromiso incluye promover un marco normativo moderno, flexible y equitativo; impulsar políticas para atraer, retener y acompañar el crecimiento del talento docente; fortalecer la colaboración entre universidades y establecimientos escolares durante la formación; fomentar programas de formación continua; desarrollar un plan de habilitación para ejercer docencia que sea implementado por universidades acreditadas que cuenten con Facultades de Educación; y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la efectividad y adecuación de las reformas según las necesidades del país y sus territorios.

Finalmente, hacemos un llamado a las y los legisladores a avanzar en la aprobación de este proyecto de ley, entendiendo que legislar sobre la formación de docentes es legislar sobre el futuro de Chile, su desarrollo social, equidad y competitividad. El CRUCH está dispuesto a seguir trabajando colaborativamente para implementar políticas públicas que permitan contar con docentes de excelencia, comprometidos y preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Santiago, 5 de agosto de 2025