En la conmemoración de esta fecha se dio inicio a la implementación de la Ley 21.369 sobre el acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que será el primer componente del Proyecto Calidad de Vida al interior de la casa de estudios.

El Día Internacional de la Mujer fue la fecha escogida por la Universidad Católica del Maule (UCM) para lanzar el proyecto de implementación de la Ley 21.369, que fue publicada el 15 de septiembre de 2021 y regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Este proyecto forma parte de una propuesta más integral enfocada en la calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad.

“El proyecto de Calidad de Vida busca dar respuesta de una manera particular a la Ley 21.369, que pone en relieve acciones necesarias en términos de respeto a las mujeres en su conjunto y al respeto de cada una de las personas de la Institución”, señaló el rector de la UCM, el Dr. Diego Durán en la conmemoración del 8M.

Luego la autoridad hizo una invitación a la comunidad a participar en las instancias de construcción de la política integral de la institución, la que de acuerdo con la ley debe contar con participación de todos los estamentos, e incluir un modelo de prevención del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como un modelo de investigación, sanción de estas conductas y de protección a las víctimas.

“Quiero decirle a toda la comunidad, que estamos profundamente implicados en esto y que esperamos que su participación sea cabal y nos permita construir algo en conjunto para que posteriormente podamos celebrar la existencia de estos mecanismos de protección en términos del cuidado de las personas”, reforzó el rector.

En la instancia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentó a María Paula Poblete, quien será la directora del proyecto de implementación de la ley 21.369.

“Esta ley viene a cumplir un rol crucial para erradicar la violencia y la discriminación en el ámbito de la educación superior, ya que en virtud de ella las universidades tienen el deber implementar políticas integrales en materia de violencia, acoso sexual y discriminación de género y a la vez establecer unidades que permitan la implementación de estas políticas a nivel institucional, lo que es un enorme avance respecto de las históricas demandas por igualdad de género”, señaló la abogada.

“En este 8 de marzo abrazamos este desafío institucional para poder mirar el futuro entendiendo que los avances en igualdad de género, permiten la construcción de una sociedad más justa para todos y todas”, cerró luego la profesional.

Compromiso con las carreras en el ámbito STEM

Para esta misma actividad, la comunidad pudo realizar una reflexión con las ponencias de Alba López, abogada del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) y de la Dra. Karina Vilches, académica de la UCM, directora de Postgrado y representante de equidad de género de la casa de estudios.

La Dra. Vilches en su ponencia recalcó la brecha de participación profesional, científico y académico en STEM entre hombres y mujeres, un dato no menor, considerando que la ONU proyecta que para el 2050 el 75% de los trabajos estarán relacionados con estos ámbitos. Sin embargo, la doctora para ejemplificar las distancias que hay al respecto sostuvo que “las mujeres hoy ocupan apenas el 22% de los puestos relacionados a inteligencia artificial”.

“Las mujeres no prefieren las carreras de este ámbito por un tema cultural, de estereotipos y otras variables, pero además cuando llegan a la universidad muchas veces no cuentan con académicas e investigadoras que puedan ser para ellas un referente para continuar una carrera investigativa, lo que hace que las tituladas no sigan estudiando pos títulos, perpetuándose la baja participación”, complementó luego la directora de postgrado.

Luego la abogada del SERNAMEG Alba López, expuso sobre las implicancias de la Ley 21.369, sosteniendo que “les permite a las instituciones de educación superior trabajar sobre esta problemática que existe en todos los espacios donde las mujeres se desarrollan. Se han invisibilizado y naturalizado conductas de violencia en todos los espacios…esta ley será un aporte significativo para las mujeres que ingresarán a las casas de estudios”.

“Queremos invitar a toda la comunidad a que reflexionen sobre lo que significa un espacio libre de violencia y discriminación para las mujeres y ver cómo pasamos del reproche social de discurso o de lo políticamente correcto, a buscar soluciones para concretar aquella libertad en políticas claras y acciones específicas”, agregó luego.

Poder Judicial y Género

Además de esta actividad, durante la tarde se realizó un conversatorio llamado Poder Judicial y Género, en el que se invitó a la Dra. Ximena Gauché, abogada y académica de la U. de Concepción, quien explico detalladamente porqué es fundamental incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia.

“Los usuarios del sistema de justicia señalan que en los tribunales sus situaciones no son consideradas. Una perspectiva de género permite y llama a reflexionar sobre las circunstancias particulares de una persona y las posibilidades de que los estereotipos estén jugando contra una situación determinada”, sostuvo.

Luego expuso que la perspectiva de género permite cumplir normas y principios internacionales que Chile ha ido aceptando en materia de igualdad y no discriminación, argumentando que la perspectiva de género permite recoger los compromisos y recomendaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para la realización de esta tarea, la expositora compartió tres ideas, que pueden ayudar a integrar esta perspectiva: “La primera es asumir la perspectiva de género con una competencia que se debe desarrollar en el ejercicio de toda persona funcionaria en el poder judicial; la segunda herramienta, es una propuesta de dotarse de un marco teórico conceptual con enfoque interdisciplinario y normativo; mientras que la tercera, es la implementación de buenas prácticas, que incluya un lenguaje simple e inclusivo, la actitud y la eliminación de estereotipos”, señaló la Dra. Gauché.

Complementado lo dicho por la abogada, la Dra. Lorena Souyris, académica y directora del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la UCM, manifestó que “me gustó mucho la definición de que el derecho tiene sexo; siguiendo la teoría de Michel Foucault (destacado filósofo francés) quien ha sido uno de los teóricos que ha dado herramientas útiles y ha tenido consecuencias significativas para pensar el tema de género y particularmente de la sexualidad, establece una relación entre el derecho, la verdad y las formas jurídicas y lo que opera en esta perspectiva es el concepto de poder, la categoría de sexo pertenece a un modelo jurídico de poder que supone la oposición binaria entre los sexos”.

“El discurso y la técnica del derecho ha tenido la función de hacer aparecer derechos legítimos de soberanía, por ende de poder, y la ley aquí es clave en esto, porque la ley instaura una obligación legal de obediencia, lo que es muy importante para relevar las desigualdades de género…la relación de poder, de derecho y de verdad, finalmente lo que hace es naturalizar y legalizar este discurso que opera como la sola verdad, la cual sitúa a la mujer como un objeto de enunciado y no como sujeto de enunciación”, expuso luego la Dra. Souyris.

Finalmente, María Paula Poblete, directora del Proyecto de implementación de la ley 21.369, quien formó parte del panel de esta actividad, enfatizó la relevancia de incorporar la perspectiva de género no solo en el ámbito judicial sino también como una herramienta en la elaboración de las políticas, protocolos y procedimientos relativos a materias de género en la institución.