Conversatorio de la Red G9 presentó reflexiones con actores clave desde el Ministerio de CTCI, el mundo de la academia y el proyecto de escucha ciudadana Tenemos que Hablar de Chile respecto al sistema de educación superior nacional y ciencia en la nueva carta magna.

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Con el objetivo de continuar aportando a la discusión pública en el contexto del nuevo proceso constitucional, la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 realizó este miércoles 29 de marzo el conversatorio “Constitución y miradas sobre el rol público en la educación superior y ciencias”.

El Vicepresidente de las Universidades Públicas agrupadas en el G9 y Rector de la U. Católica de la Santísima Concepción, Dr. Cristhian Mellado, dio la bienvenida a este encuentro señalando la relevancia de estos espacios de discusión en el contexto actual y afirmando que “para las Universidades G9, este proceso constituyente representa una oportunidad para que el Estado asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas en su amplio sentido, porque creemos relevante reafirmar la igualdad de trato entre las universidades que conforman el Consejo de Rectoras y Rectores. Lo anterior, en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y un régimen simétrico de financiamiento, sin ningún tipo de discriminación”.

En el Auditorio UdeC Santiago, el panel, conformado por el Presidente de la Red G9 y Rector de la U. de Concepción (UdeC), Dr. Carlos Saavedra; la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Aisén Etcheverry; el ex Ministro Secretario General de Gobierno y académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner y la Subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile (TQHDCH), Valentina Rosas, reflexionó respecto del rol de las universidades en la investigación y la innovación en Chile, la relación entre la provisión mixta en la educación con la calidad y la equidad educativa, la experiencia de participación ciudadana en el proceso anterior, los aprendizajes y resultados y cómo se podría garantizar en la nueva Constitución un sistema universitario equitativo, inclusivo, diverso y con formación y ciencia de excelencia en Chile.

Rol público de la educación superior y de las ciencias

La Ministra Etcheverry precisó que el ejecutivo cumple el rol de resguardar y velar por el correcto funcionamiento de este proceso constitucional en curso y que las reflexiones desde el ejecutivo, respecto a la educación superior y ciencias, son desde un foco más amplio. “Hoy hay una reflexión muy asociada a la tarea que tenemos como ministerio y que se materializa dentro de esta lógica de un nuevo modelo de desarrollo que, en lo concreto, es que creemos que es muy importante lograr crecimiento económico, pero no de cualquier manera: que sea respetuoso de la biodiversidad, que nos permita construir un futuro donde nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan vivir en un mundo sano y que se haga cargo de las desigualdades sociales. Cuando entendemos la construcción de este nuevo modelo de desarrollo, es imposible pensarlo sin el aporte de las universidades y es imposible pensarlo sin la conciencia de lo público que debiese estar en las universidades y también en el mundo privado porque esta construcción es colectiva”, señaló la Ministra de CTCI.

El Rector Saavedra planteó que “hoy día el concepto de lo público debe ampliarse naturalmente al menos a lo social, a los proyectos que surgen de la sociedad en forma organizada, en forma activa.  Cada uno de los proyectos que representan nuestras universidades tienen historias similares determinadas fuertemente por sus comunidades en el aportar al desarrollo de los territorios en donde se encuentran involucrados. Desde esta perspectiva, creo que es importante imaginar en el proceso constituyente la urgencia de ampliar las miradas, de que quede de alguna manera, tal como lo hemos planteado en nuestros documentos, el sistema pueda ser lo suficientemente diverso, amplio e inclusivo en la tradición de la provisión mixta que ha existido en nuestro país, aportando a la función pública, a la construcción de servicios públicos y no solo bienes públicos, desde instituciones que se han transformado en coayudantes de la misión del estado”.

Por su parte, el ex Ministro José Joaquín Brunner afirmó que el rol público de la educación y de la ciencia, mirada desde el punto de vista constitucional, “consiste básicamente en asegurar la libertad académica en su sentido más clásico. Esto me parece el núcleo fundamental. Hay una manera de expresarlo, incluso literariamente, de la constitución alemanda que dice: <<el arte y la ciencia, la investigación y las enseñanzas científicas, son libres>>. Esa es la afirmación central respecto a este tema y luego agrega la libertad de enseñanza no exime a la lealtad a la constitución. Luego lo público no se asegura por la propiedad o el control en la universidad ni por sus modalidades de gobierno ni por sus formas de financiamiento, sino por todos los rasgos que componen estas garantías de la libertad académica que son fundamentalmente el derecho a crear universidades diversas con visiones distintas dentro de un concepto pluralista de la democracia; la autonomía universitaria en sus distintas facetas, y el uso y generación de recursos; el asumir la responsabilidad pública del conocimiento; la participación en un régimen público de aseguramiento de la calidad y, finalmente, la igualdad de condiciones para participar en el financiamiento fiscal y para poder generar ingreso propio”.

Valentina Rosas, subdirectora de TQHDCH, manifestó que desde las escuchas ciudadanas del proyecto, “aparece la educación como un proyecto familiar, pero también se habla de la educación como un proyecto país, y ahí nos parece muy interesante que la mayoría de las personas no nos hablan en nuestros diálogos solo del sistema educacional, la infraestructura o el nivel de investigación, pero sí de ser un país educado y la educación es una forma de conversar de qué país queremos ser, hacia donde queremos ir. Ese anhelo compartido de quienes somos, para dónde vamos, que también tiene un efecto en el proyecto familiar, en la calidad de vida que van a tener nuestros hijos y todas las consecuencias a nivel más micro. En este punto, la propuesta del G9 que tiene relación con el pleno desarrollo de la persona creo que hay que tener en consideración cuando hablamos de educación.”

Reflexiones finales

Respecto al desarrollo científico en nuestro país, la Ministra Aisén Etcheverry afirmó que es de relevancia reconocer el trabajo de los territorios en el nuevo modelo de desarrollo y la generación de conocimiento. “Uno de los pilares que tiene el programa de gobierno, del Presidente Gabriel Boric, es la descentralización. Poder empoderar a las regiones en la determinación de sus devenires. Esto en ciencia y tecnología tiene una bajada que es muy concreta: cuando pensamos en desarrollo de ciencia y tecnología, cuando miramos cómo generamos conocimiento que nos permita comprender lo que ocurre, también debemos mirar cómo encontrar soluciones a los problemas que tienen las personas en sus territorios. Esto se traduce en que necesitamos profundizar los mecanismos de financiamiento y generar una relación de trabajo con las capacidades regionales aún más profunda y continuar con el trabajo, que se comenzó durante el año pasado, precisamente en esa dirección. Hoy día un nuevo modelo de desarrollo se hace desde el conocimiento de los territorios en su conjunto y ahí nosotros sólo vemos oportunidades y vemos desafíos, pero desafíos de los buenos, de cómo podemos avanzar en esa dirección”.

Consultada por cómo seguir articulando desde la sociedad si no se resolviera a nivel constitucional avanzar en el camino de la educación y ciencia de excelencia, Valentina Rosas, Subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, señaló que “las personas tienen necesidades, anhelos educativos sobre el país que quieren, que en parte se expresan en la conversación constitucional, pero también tienen otras dimensiones. Las personas quieren mejorar infraestructuras, los docentes, pero también cómo se consagra esto a nivel de derechos, así que es una conversación que se tiene que abordar desde distintos niveles, para poder hacernos cargo de esos anhelos de la ciudadanía respecto de la educación, que son más amplios y complejos que la discusión constitucional”.

José Joaquín Brunner, ex Ministro Secretario General de Gobierno y académico de la Universidad Diego Portales, hizo énfasis en asumir la responsabilidad pública del conocimiento, más allá del origen de las instituciones, entendiendo que estamos en un sistema mixto: “la universidad lo que hace es razonar públicamente sobre los problemas de la ciencia, pero también sobre los problemas de la sociedad y de la humanidad, y eso es lo más característico de una universidad pública. Estas instituciones efectivamente se abren a las discusiones de todos los temas, aprovechando su libertad académica y la autonomía que la sociedad les consagra. Y en ese acto, además, donde conoce que existe un orden constitucional dentro del cual ella existe y se mueve, que la protege, pero que a la vez la hace responsable con la sociedad y por eso cualquiera universidad auténtica reclama estar produciendo bienes públicos para la sociedad, y por lo tanto, tener un trato recíproco respecto de estos fueros especiales que constituyen la autonomía institucional y la consagración de la libertad académica”.

El Presidente de la Red G9, Rector Carlos Saavedra (UdeC), se refirió a lo central del documento de aportes al proceso constitucional que se encuentra difundiendo la agrupación. “Lo que se resume en ese documento, es una propuesta de norma acotada con un articulado muy específico, pero fundamentalmente coincidimos en que consagra el derecho a la educación, garantiza la libertad, la autonomía para el desarrollo de los diferentes proyectos, reconoce también la existencia de un sistema de provisión mixta, amplio, con diversidad de proyectos y propende hacia la excelencia, hacia la inclusión, hacia las oportunidades del desarrollo pleno de las personas. Por lo tanto, se plantea que todas las instituciones que son reconocidas por el Estado, tal como sucedió en la reforma constitucional del año 71, tengan las condiciones para el desarrollo pleno de sus actividades. En esa perspectiva, por supuesto que en la diversidad de proyectos, lo que queda allí es completar en un marco regulatorio complementario, cuál es el dominio de lo público que va a permitir ese trato igualitario en el desarrollo de las actividades de cada una de las instituciones”.

La Red G9 en el proceso constitucional

Las nueve instituciones de educación superior que conforman la red, desde el 2021, han desarrollado una diversidad de iniciativas de diálogo, conversación, paneles y seminarios, logrando una participación activa de las comunidades universitarias con foco a informarse y discutir lo referente al proceso constitucional.

En diciembre del 2021, la Red G9 entregó a la mesa directiva de la Convención Constitucional un primer documento de aportes al proceso constitucional, sumado a una propuesta de norma con el foco en garantizar una educación superior inclusiva, diversa y de excelencia, iniciativa que reunió más de 17 mil apoyos.

En la discusión pública en materia de Ciencias, Investigación e Innovación, se realizó, en noviembre de 2022, un seminario en conjunto con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado con el objetivo de evidenciar el rol público de la red en estas temáticas, siempre en un trabajo vinculante con los territorios y en beneficio del desarrollo del país. Y, de esta forma, continuar articulando este quehacer con la política pública nacional en estas materias.

En ese mismo mes, el Presidente del G9, Rector Carlos Saavedra (UdeC), y el Vicepresidente, Rector Ignacio Sánchez (UC), junto a otros rectores y rectoras del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCh) se reunieron con las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados, donde se valoró los espacios de discusión y diálogo que dispusieron las universidades desde el inicio del proceso constituyente.

Desde enero de este año, la red se encuentra difundiendo el documento “Educación Superior y Constitución. Aportes para el Proceso Constitucional”, que expresa la importancia de que la nueva Constitución garantice el reconocimiento simétrico a todas las instituciones del sistema de educación superior nacional, que cumplan un conjunto de estándares que definan lo público y presenta una propuesta de norma constitucional.

Las instituciones de educación superior que conforman la Red G9 continuarán realizando actividades con fines informativos y de escucha, para abrir el debate a los temas relevantes y de interés para las comunidades universitarias y para el país.

Créditos: Dircom UdeC