Andrés Madrid, director Escuela de Administración Pública, Universidad Católica del Maule, sede Curicó.
Son los funcionarios públicos quienes se encargan de implementar las políticas públicas, por este motivo recae sobre ellos una gran responsabilidad, no obstante, también es cierto que dependerá de las condiciones de trabajo de éstos, su mejor o peor rendimiento en la labor que desempeñan.

Por los motivos anteriormente señalados es importante considerar la situación que viven estas/os cada fin de año y con cada  cambio de gobierno, presentándose la problemática al interior de las reparticiones públicas por los despidos injustificados de funcionarias/os públicos, si bien la cuestión es dramática al interior de cada familia, ya sea en temimos psicológicos como sociológicos de las/os involucradas/os, no nos deja de llamar la atención la incapacidad de los partidos políticos, gobiernos, congreso, asociaciones de funcionarios y los distintos stakeholders involucrados en el  tema.

El problema es mucho mayor que un número determinado de despidos, el sector público presenta una regulación laboral con niveles de fragilidad y precariedad dramático para sus trabajadores, sin considerar a los funcionarios de planta (aquellos con estabilidad laboral y una normativa), según la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda el año 2014 de un total de 275.108 trabajadores del gobierno estos solo representaban el 31% del total. En cambio, el número de trabajadores a contrata (contratos de trabajo a tiempo fijo con duración del 1 de enero al 31 de diciembre, que se renuevan en noviembre de cada año, dependiendo de la discrecionalidad de la autoridad o directivo de turno) representan el 50,2% del total y a honorarios (prestación de servicios con duración del 1 de enero al 31 de diciembre)  el 17,2% también del total, si los sumamos representan aproximadamente un 67,4%, lo que se traduce en 185.000 trabajadores públicos precarios, donde el empleador es el Estado aprovechando su posición, no respetando la normativa vigente  y violando los derechos de los trabajadores públicos.

Lo anterior no solo ocurre en el gobierno, sino que se replica de igual forma y regularmente en municipios, para este sector, al igual que el anterior con datos al año 2014, solo el 31,6 % del total tienen un contrato de planta (muy similar al 31% del gobierno), en el caso de las contratas estas representan el 13, 3 % del total y para los honorarios el 55,13 % también del total si los sumamos representan aproximadamente un 68, 4%, lo que se traduce en 56.889 trabajadores municipales precarios.

Lo anterior nos preocupa profundamente a quienes trabajamos en la formación de futuros profesionales de la Administración Pública, no solo por nuestro rol como formadores, sino también como ciudadanos pensando en el bien común de los habitantes de nuestro país.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.