Jorge Molina Jara, académico de la Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con Mención de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó.

El pasado 19 de julio se conmemoraron 51 años de promulgación de la Ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Dicha ley, se encontraba enmarcada en la política de promoción popular, impulsada por el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva, que buscaba estimular la participación ciudadana, a través de organizaciones territoriales locales.

Desde su creación, las juntas de vecinos aglutinaron a familias que vivían en un mismo barrio, población o localidad, constituyéndose en una organización cercana, que buscaba el bien común de los vecinos e incluso, intermediaba ante el Estado y sus instituciones, en pos de solucionar distintas dificultades que les afectaran.

Al ser una organización intermedia de la sociedad civil, que representa directamente a los vecinos e impulsa o demanda atenciones desde el Estado, ha experimentado distintos procesos en sus más de 51 años de existencia.

Haciendo una mirada retrospectiva, podemos reconocer que la promulgación de la Ley 16.880, logró en poco tiempo, que las juntas de vecinos se posicionaran como una de las organizaciones territoriales de mayor importancia, sumando la participación de millones de personas y constituyéndose en un apetecido espacio de proyección y disputa política, en tiempos de la Unidad Popular.

Tras el golpe de Estado, estas organizaciones fueron intervenidas, muchos dirigentes asesinados, otros reemplazados forzosamente por personas “apolíticas”, e incluso el nombre de varios barrios fue cambiado, a través del Decreto Ley 362, del 13 de marzo de 1974. Quienes lograron mantenerse en sus cargos, debían contar con la confianza de las autoridades cívico-militares. En este periodo, la participación en las juntas de vecinos disminuyó significativamente y solo comenzó a recuperarse en el periodo de la transición, cuando se buscó la democratización de esas organizaciones, recuperando la elección popular de sus directivas.

En el presente, siguen manteniendo vigencia, resistiendo desde los barrios, el individualismo y temor de la sociedad neoliberal, que mantiene a las familias refugiadas en sus hogares, con rejas y muros cada vez más fortificados, visualizando a los vecinos como extraños (y a veces peligrosos). A su vez, intentan revertir esta situación, propiciando una cultura comunitaria, de participación, confianza y solidaridad entre ciudadanos que habitan un mismo barrio.

Además, las juntas de vecinos enfrentan variados problemas de sus comunidades, ya sea de manera directa, organizando rifas, bingos u otro tipo de iniciativas para enfrentar catástrofes familiares, como incendios o alguna enfermedad, que el Estado no atiende con la inmediatez requerida. Pero también, intermedia y canaliza requerimientos ante las autoridades municipales, como es la pavimentación de calles, retiro de escombros, alumbrado público, mejoramiento de plazas, entre otros.

Tras estas organizaciones, se encuentran miles de vecinas y vecinos que voluntariamente trabajan para hacer de sus barrios un mejor lugar donde vivir, debiendo –incluso- arriesgar su integridad, al tener que enfrentar los poderes paralelos que en estos espacios se despliegan: delincuentes y narcotráfico.

Por ello, en los últimos años, se ha ido discutiendo en el Congreso, la posibilidad de reconocer dicha labor dirigencial, propiciando un salario que valore las largas jornadas de trabajo comunitario, en pos de constituir barrios más unidos, integradores y seguros para los vecinos.

En tiempos de desconfianza y descrédito de la política, tanto las juntas de vecinos como sus dirigentes, merecen un amplio reconocimiento social, por el importante y desinteresado rol que juegan, al propiciar iniciativas de participación y mejoramiento continuo de sus comunidades.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.