Dr. Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule.

Luego de conocida la decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el artículo 63 de la Reforma a la Educación Superior, es importante que los actores involucrados inicien una etapa de reflexión concreta, seria y responsable, considerando incluso los elementos simbólicos que lo hacen un tema complejo.

Este resultado pone un espacio de incertidumbre, lo cual es confuso después del largo tiempo de discusión de la Reforma a la Educación Superior, que demanda el desarrollo del país.

Es relevante definir en concreto qué significa este artículo dentro del contexto de la Ley. Esclarecer, por ejemplo, si por sí solo significa que el lucro está permitido dentro del contexto de la educación superior, porque existe también una ley que establece la imposibilidad de lucrar en el ámbito educativo.

Celebro que la Reforma a la Educación Superior vio con buenos ojos la incorporación de valiosos elementos de control, como son la Superintendencia de Educación, que fortalece la función fiscalizadora del Ministerio de Educación. La pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo afecta realmente esta posibilidad de “lucrar”, ya que estrictamente no es eso lo que está en juego?

Se deben analizar también alternativas mediante reglamentos para que no exista el lucro, porque poner dos intereses a dialogar, como es el dinero y los objetivos de un bien social, como lo es la educación, se hace muy difícil.

Tenemos que poner una cuota de tranquilidad, hacer un análisis claro para ver cómo y en qué contexto esto puede significar lucro y luego tratar de buscar los caminos de diálogos. Si tenemos que intranquilizarnos, eso será solo después de que lleguemos a tener certezas para impulsar modificaciones.