Elvis Muñoz, facilitador PACE del Centro de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule.

A principios del año 2009 el Gobierno de Chile invitó a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) a colaborar en la revisión de las políticas de educación superior, en un contexto de fuertes demandas por parte de estudiantes secundarios y terciarios que desde el 2006 comenzaron a remecer las bases de un sistema educativo que parecía funcionar de forma estable y efectiva.

Las conclusiones de la OCDE reafirmaron tales exigencias, reconociendo que el número de jóvenes chilenos que continúan sus estudios en la educación superior ha crecido constantemente en las últimas cuatro décadas y seguramente continuará creciendo por muchas décadas más (OCDE, 2009).

Sin embargo, existen aún aspectos de los que carece Chile para ser reconocido como un sistema de calidad de clase mundial, puesto que los avances y aumento en acceso aun no solucionan la gran brecha existente entre estudiantes de ambientes y grupos de ingresos diferentes, debido a la gran diferencia que hay entre escuelas y liceos según su estratificación socioeconómica. Lo anterior se traduce en significativos sesgos, entre los que se resalta las mínimas probabilidades de ingreso a la educación superior de sectores de bajos ingresos y la alta probabilidad de tener que pagar más por el costo total de sus estudios.

La realidad es cruda, puesto que la lógica funcional de nuestro sistema educativo ha provocado la aglomeración de establecimientos de alta vulnerabilidad social, una Prueba de Selección Universitaria exclusivista. El resultado final de este embudo académico es una profunda elitización de nuestra sociedad.

En ese sentido, la OCDE recomendó intensas prácticas de “discriminación positiva”, como pruebas de admisión más multidimensionales que permitan criterios diversos para asignar cupos a los estudiantes y así acortar la brecha de ingreso, provocando una interacción diversa en educación superior. Tanto la evidencia internacional como diversos estudios corroboran que de esta forma se contribuye al desarrollo de conductas más democráticas, se fomenta la participación activa de la ciudadanía, se desarrollan y potencian de forma más efectiva las habilidades cognitivas, se amplía el conocimiento y se fortalece la identidad y el respeto por la diversidad (Denson, 2009; Bowman, 2010; Masahisa Fujita 2012; Hurtado y Gurin, 2002).

Todo lo anterior ha consolidado la convicción actual que ha permeado no solo a la OCDE, sino también a la UNESCO y al Banco Mundial, en lo que a equidad e inclusión se refiere, puesto que la igualdad de oportunidades de acceso y participación efectiva, así como también la posibilidad de desarrollo con respeto a la identidad, permiten un desarrollo humano sostenible, la mantención de la democracia y la paz social.

Un primer paso fue la instauración del puntaje ranking en el 2013 que considera el rendimiento académico contextual de los estudiantes y el Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo (PACE) a la Educación Superior que brinda la oportunidad a estudiantes destacados de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad escolar (IVE) de ingresar a una institución de educación superior del CRUCH sin considerar su puntaje PSU, como reconocimiento a su trayectoria académica en la enseñanza media. A esto se le ha sumado la asignación de gratuidad hasta el 6° decil de la población.

Todo lo anterior da cuenta de iniciativas que nivelan, en parte, la cancha en la que los estudiantes secundarios se baten su futuro profesional. Son miles de jóvenes a nivel nacional y cientos a nivel regional los que han podido ingresar a la carrera que desean, todos venidos de establecimientos educacionales que históricamente han tenido bajo ingreso.

Este proceso no finaliza aquí, sino que el desafío recién comienza, puesto que las universidades se ven en la obligación ética de generar dispositivos de acompañamiento para apoyar el proceso y lograr que todos y todas egresen de sus respectivas carreras para aportar con sus talentos y habilidades a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Con esto es aún más evidente que nuestro sistema educativo requiere de profundas modificaciones, tanto curriculares como metodológicas para garantizar calidad y equidad. Hemos de esperar que estos pasos avanzados no retrocedan y sean un primer escalón para la generación y apertura de espacios sociales integradores netamente humanos.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.