Dra. Susan Sanhueza H., Directora del Centro de Estudios Migratorios e Interculturales UCM
Ante el cuestionamiento de ciertos sectores sobre el acceso a capacitaciones a migrantes en situación irregular, desde el Centro de Estudios Migratorios e Interculturales de la Universidad Católica del Maule, son varios los puntos de vista que nos gustaría plantear.

En principio, a los migrantes no se les puede negar el acceso a educarse por una cuestión de Derecho, independientemente del organismo que otorgue la capacitación y/o habilitación de competencias laborales. Esto quiere decir, que no es posible negar el acceso a la educación a personas que han migrado independientemente de su condición migratoria, se encuentre en situación regular o no, ya que la educación es un derecho que se encuentra garantizado en los tratados y acuerdos internacionales a los cuales Chile ha adscrito.

Comparar la realidad migratoria con países como Australia y Canadá es un error, porque son países donde el Estado se ha hecho cargo, garantizando una migración regular, ordenada y segura; a diferencia de Chile, donde tenemos un Ley Migratoria del año 1975.

Además, en dichos países, los programas de inmigración son de tipo selectivo, vale decir, buscan atraer nuevos inmigrantes que tengan estudios y formación profesional que puedan favorecer el desarrollo económico del país. Esto sin considerar el tipo de migración que tienen, por ejemplo, en Australia la migración proviene básicamente de Reino Unido, Nueva Zelanda y China. Evidentemente, no es el caso de Chile, por ello creo que, al hacer comparaciones, hay que hacerlas con cautela.

Defendemos las capacitaciones a migrantes, independientemente de su situación migratoria, las cuales son una expresión del sentido común de la sociedad civil, de su intuición.

Cuando trabajamos en las poblaciones, la gente nos dice “están aquí y no sabemos cómo ayudarlos, es lo que se nos ha ocurrido, porque nadie se hace cargo”. Si miramos esta respuesta a la luz de las investigaciones que hemos desarrollado podemos ver que el camino es el correcto, ya que existe amplia evidencia de que, a mayor formación, mayor oportunidad de inserción laboral, mayor empleabilidad y mayor desarrollo económico.

El punto es que para que esto ocurra el Estado debe contar con una política que articule los distintos sectores, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de políticas que garantices el acceso, continuidad y permanencia en el sistema, el Ministerio del Trabajo con políticas y, especialmente, con instrumentos que discriminen positivamente por origen cultural para el acceso a programas sociales, Ministerio del Interior y Seguridad Pública para los procesos de regularización. Para que ello ocurra urge la aprobación de la Ley.