Romina Gutiérrez, Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión del Centro de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule.

Si analizamos a modo de sociedad, queda mucho para erradicar la desigualdad en nuestro país, en donde la salud y educación (que es donde más se aprecia) sean un derecho adquirido y de calidad. Pero ¿imaginan cuánto falta para que estos derechos cumplan las mismas características para las personas con discapacidad (PcD)?

En Chile, la inclusión tiene un carácter voluntario, estrategia que según Blanco (citado en Avendaño & Díaz, 2014) produce algunos problemas: solo es adecuado para asegurar una actitud favorable de la comunidad escolar para acoger a los niños y jóvenes con discapacidad, pero tiene la desventaja de que no todos los establecimientos están “obligados” a incluir a personas con discapacidad, limitando así sus oportunidades de desarrollarse plenamente.

Lo mencionado, es solo uno de los tantos ejemplos que demuestran que aún estamos lejos de entender o lograr la inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. La inclusión aún la entendemos como sinónimo de solidaridad mezclada con un componente de emotividad, esto en gran medida –y a mi juicio- se observa en cómo es vista la inclusión en diferentes medios de comunicación.

En el año 2016, el pesista paralímpico Juan Carlos Garrido señaló en una entrevista que no estaba de acuerdo con la emisión televisiva de Teletón, declarando que “Se utiliza mucho el tema de dar pena”, esto para lograr recaudar los fondos que la institución necesita para seguir funcionando durante un año. En ese sentido, se debe partir por declarar que la rehabilitación de las personas con discapacidad no debería depender del aporte de empresas o de los miles de chilenos que van a depositar al banco durante la Teletón, sino que debería ser una política pública financiada por recursos estatales, que asegurara el tratamiento para cualquier persona en el mismo instante que nace o adquiere la discapacidad.

Pero no es solo en el ámbito de rehabilitación de las personas con discapacidad que aún nos queda mucho por avanzar, este tema trasciende a salud, educación, infraestructura, recreación y otros, afectando directa e inevitablemente la calidad de vida (CDV) de este colectivo, además de ver vulnerados sus derechos.

Se debe impulsar la participación de las PcD en la sociedad a través de la creación de políticas públicas que incentiven el conocimiento de toda la población en temas de discapacidad, así también se contribuiría a generar una cultura inclusiva en el país.

También nos falta trabajar en el acceso en igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, como lo son el trabajo, la educación, las actividades de esparcimiento o el ejercicio de sus derechos, ya que las PcD muchas veces dependen de la voluntad de algunas personas, tanto en lo político como en lo social, para poder acceder, por ejemplo, al currículo común en una escuela, o a los servicios de esparcimiento de un centro comercial, o poder encontrar un trabajo en condiciones dignas y con igualdad salarial, siendo que desde el año 2010 existe una ley que asegura su inclusión.

La realización del II Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC II) en el año 2015, no vino más que a confirmar la desigualdad que viven las personas con discapacidad, y con esto se reafirma la hipótesis de que no presentan un buen índice de CDV. Por todo esto, urge que desde las diferentes áreas involucradas se tomen acciones que busquen mejorar la CDV, que es un derecho que todos los seres humanos tienen: el sentir que viven plenamente y que son parte activa de la sociedad.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.