Francisco Letelier Troncoso, académico de la Escuela de Sociología y del Centro de Estudios Urbano Territoriales [CEUT] de la Universidad Católica del Maule.

“La lectura acorta las brechas sociales, permite desarrollar el pensamiento crítico, motiva la reflexión, la creatividad y nos hace personas más empáticas y comprensivas. La lectura no solo puede y debería ser un placer, sino que también, es un derecho”.  Esta frase no es de un activista por la lectura, ni tampoco una declaración de un organismo internacional. Esta es la opinión de Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La entregó al diario El Mostrador el 22 de agosto de este año.

La opinión de Maillet es respaldada por innumerables estudios científicos que demuestran el impacto positivo de la lectura en la creatividad, el rendimiento académico, la empatía, la convivencia y la salud mental, entre muchos otros ámbitos. Es por esto que es fundamental que las ciudades garanticen un acceso igualitario a las condiciones que la favorezcan.

Una de ellas es, obviamente, el acceso a los libros. Hay familias que pueden comprarlos, pero la mayoría no. Para casi todos, las bibliotecas públicas son casi la única forma de obtenerlos. Cuando no existen condiciones adecuadas de acceso público a los libros estamos en presencia de la vulneración de un derecho. Pero, es más, cuando no corregimos la distribución desigual de las posibilidades de acceso a recursos que son tan cruciales para el desarrollo de las personas, estamos en presencia de una injusticia.

¿Cuáles serían unas condiciones adecuadas de acceso público a libros? Según un estudio de la Escuela de Ciencias de Información de la Universidad de Siracusa, el año 2017 los países con mayor cantidad de bibliotecas públicas por cada 100.000 habitantes eran: Eslovaquia 138, Palaos 113, Finlandia 110, Bielorrusia 107, Letonia 96. Según esta fórmula Talca tendría 1,36 por cada 100.000 habitantes. Este dato de por si desalentador se agrava cuando observamos el estado en que funcionan nuestras bibliotecas.

La Biblioteca Regional ocupa una casa antigua en la calle dos oriente y no cuenta con las condiciones mínimas para ofrecer un servicio adecuado. La Biblioteca Municipal de Talca ocupa nada más que una sala en el edificio que hasta el terremoto del 27 de febrero de 2010 albergara a la Biblioteca Regional en la calle 5 oriente. Cuenta con un catálogo muy pobre y no es posible acceder a la zona donde están los libros. Tampoco tiene una base de datos que consultar. La única con unas condiciones adecuadas a su función es la biblioteca municipal-comunitaria de La Florida.

Las autoridades municipales y las del Ministerio de las Culturas están llamadas a tomar acciones que al menos restablezcan el estándar existente antes del terremoto. En este sentido el primer paso parece ser claro: establecer un acuerdo que permita recuperar para la Biblioteca Regional el recinto que fue construido originalmente para ese propósito y que hoy cumple casi en su totalidad otras funciones. Pero esto no basta. El segundo paso que debería darse es constituir una red de bibliotecas públicas de buen estándar en diversos territorios de la ciudad, emulando la experiencia de La Florida.

Esto no solo precisa voluntad política y financiamiento, se requiere también de una demanda activa desde las organizaciones sociales y de la sociedad civil y la colaboración de las universidades y centros de estudio. En particular, como CEUT de la UCM nos parece que generar mayores niveles de justicia territorial en el acceso al conocimiento [y en particular a la lectura] es esencial para considerarnos una sociedad democrática e inclusiva. Y en los tiempos que corren esto es un asunto también de dignidad.