Francisco Letelier Troncoso, académico de la Escuela de Sociología e investigador del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la Universidad Católica del Maule.

Ante la evidente dificultad para modificar positivamente el destino de las metrópolis, las ciudades intermedias aparecen como una promesa de buena gobernanza urbana, de cohesión social y de sustentabilidad ambiental. ¿Pero es esta promesa alcanzable? ¿Es posible construir un proyecto participativo, inclusivo y sostenible para las ciudades intermedias chilenas? Sería deseable responder que sí, pero el partido está muy lejos de ganarse.

Diariamente se libran en las ciudades cientos de batallas. Unas pequeñas y breves, otras grandes y largas. En el tablero – ciudad se enfrentan al menos dos fuerzas. La primera, que llamaremos fuerza mercantilista, busca convertir todo espacio urbano en el mejor negocio posible. Esta fuerza trabaja a través de la mercantilización del suelo. Lo compra; lo “limpia” de lo indeseable para aumentar su valor de cambio; modifica su destino de uso para aumentar su valor (de rural a urbano, o de uso público a privado); lo retiene esperando que el precio suba; lo libera cuando hay demanda; lo edifica intentando buscando la máxima rentabilidad, etc. Esta fuerza es lo que algunos llaman la máquina del crecimiento. Es como el dragón que busca atesorar riquezas sin pensar en nada más. ¿Quién tiene la responsabilidad de dominar a este dragón? El estado, a través de las políticas públicas. Sin embargo, nuestro modelo de sociedad, consagrado en la constitución, asume que es el mercado el principal (y casi único) organizador del suelo urbano. Así, la fuerza mercantilista avanza con pocas restricciones expandiendo la ciudad de manera irracional, fragmentándola, degradando los espacios públicos y distribuyendo el bienestar de manera desigual: la mejor ciudad para quién puede pagarla.

A la segunda la llamaremos la fuerza del habitar. Aquí la ciudad es usada no para producir ganancia, sino para vivirla, para encontrar protección, sentido de pertenencia, relaciones sociales significativas o tranquilidad. Las comunidades y organizaciones formadas por quienes habitan la ciudad tienen la capacidad de domesticar la fuerza mercantilista y contenerla. Pueden orientar la acción del estado para que su objetivo sea producir mejor ciudad y no más rentabilidad. Pero lamentablemente hoy las organizaciones territoriales tienen muy poco poder y poco pueden hacer frente el duopolio estado-mercado. Al ser la acción colectiva impotente para modificar el curso de los hechos, se incentiva el individualismo y la búsqueda del puro bienestar personal. Así, mientras la fuerza mercantilista está desatada y hace libremente de las suyas, la fuerza del habitar está fragmentada y contenida.

A partir de este sencillo esquema y con la mirada puesta en el desafío de construir un proyecto de ciudad justo, es decir, democrático, inclusivo/diverso y sustentable, vamos a revisar algunos hechos de lo que ha sido el proceso de reconstrucción en los últimos diez años después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Si bien muchos de los ejemplos hacen referencia a Talca, la realidad de muchas otras ciudades intermedias que sufrieron los efectos del terremoto no es muy distinta.

Después del terremoto de 2010 la fuerza mercantilista, con el amparo y apoyo de diversas políticas públicas, asesto al menos cuatro estocadas: Primero, presionó para la salida de miles de familias pobres de los barrios centrales de diversas ciudades, a través de lo que se ha denominado “expulsión subsidiaria”, así, liberó suelo valioso que estaba siendo “subutilizado”. Segundo, aprovecho los subsidios estatales orientados inicialmente para familias damnificadas, para generar en los barrios centrales una oferta de vivienda de mayor valor dirigido a sectores medios. Tercero, utilizó su dotación de terrenos periféricos para generar allí un oferta de vivienda social destinada a las familias pobres que salían de los centros históricos o que venían de zonas rurales que habían sido afectadas por el terremoto y cuarto, presionó, en el caso específico de Talca, para evitar la densificación del centro de la ciudad (donde aún hoy existen cerca de 40 hectáreas disponibles) asegurando la ampliación del límite urbano de tres mil a nueve mil  hectáreas con el objeto de valorizar terrenos donde se ha generado una enorme zona de expansión para sectores medios.

¿Qué ha resultado de todo esto? Primero, muchos barrios centrales precarizados y llenos de lotes vacíos que solo hoy, después de diez años, cuando la expansión urbana esta consumada, comienzan a ser interesantes como negocio inmobiliario. Segundo, el engrosamiento de las periferias con déficit de espacios públicos y equipamientos. Tercero, miles de familias que han perdido sus redes y han visto encarecerse su costo de vida y cuarto, la creación de nuevas zonas de expansión de las ciudades, en el caso de Talca hacia el nororiente y el oriente, con consecuencias negativas para el desplazamiento vehicular, la sustentabilidad y la cohesión urbana. En suma, un gran negocio inmobiliario que ha profundizado la injusticia territorial.

En medio de la acción destructiva de la fuerza mercantilista, muchas organizaciones ciudadanas y de vecinos se movilizaron para conseguir lo que se denominó una “reconstrucción justa”. Fueron innumerables los encuentros, cabildos, propuestas y agendas, manifestaciones y marchas en las que se interpeló al gobierno para proteger el derecho al habitar respecto de la acción del mercado. Pese a todos estos esfuerzos, hoy, a diez años del terremoto, la condición de las ciudades chilenas para desarrollar proyectos democráticos, inclusivos y sustentables, ha retrocedido.

Lo anterior nos debe llevar a reconocer la importancia de modificar los marcos de política que orientan la acción pública urbana, especialmente en procesos de recuperación pos-desastre. En el caso que analizamos, el marco de política dejó el liderazgo del proceso a los privados, lo que minimizó el rol de Estado, incluso a pesar de las recomendaciones internacionales. Esto tuvo como consecuencia no solo la incapacidad para asumir integralmente los efectos del terremoto, sino que también la omisión de la discusión sobre el bien común y sobre lo que se desea para la ciudad.

Llevado esto al debate constitucional resulta central reconocer la función social del suelo, esto significa equilibrar su valor como soporte del habitar respecto a su condición de bien de mercado. Al mismo tiempo se requiere que el estado tenga un rol importante en la regulación del mercado de suelo y recupere su capacidad para planificar el desarrollo urbano y territorial. Todo lo anterior implica que el derecho de propiedad, que sin duda debe estar garantizado, no sea absoluto, es decir, tenga ciertos límites que permitan proteger el bien común: no puede ser, por ejemplo, que en existan miles de metros cuadrados vacíos durante diez años en el centro de una ciudad, mientras se sigue expandiendo su periferia, ocupando suelo agrícola y aumentando los tiempos de desplazamiento.

También se requiere que el principio de subsidiariedad y una libertad de empresa absoluta, no impidan una acción directa del estado en áreas sensibles como la vivienda y el desarrollo urbano: no puede ser, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haya considerado terminado su trabajo en el ámbito de la reconstrucción con la sola entrega del subsidio, para luego lavarse las manos y dejar todo el proceso de producción de viviendas como un problema “entre privados”. Pero, es más, la retirada del estado del proceso de reconstrucción de viviendas ni siquiera conllevó el despliegue de un mercado donde el libre juego de la oferta y la demanda operaran con “normalidad”, funcionó más bien un mercado oligopólico, donde unas pocas y grandes empresas se llevaron la mayor parte de la torta. Aquí podemos ver que el otro gran problema de la fuerza mercantilista es que termina concentrando en pocas manos el negocio urbano.

Por otro lado, está el desafío de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades territoriales. En el caso analizado observamos que las organizaciones que se comprometieron con hacer un control social del proceso de reconstrucción no lograron permear la política pública. Esto implica la necesidad de fortalecer las competencias de las organizaciones del tercer sector para actuar en el espacio público, apoyar el trabajo a través de nuevas vías de financiamiento y definir marcos de participación más efectivos. Por otro lado, se necesita asegurar en la Constitución el derecho a la participación en todos los niveles del estado y reconocer el ámbito vecinal-comunitario como uno prioritario en el desarrollo de las ciudades y territorios. Junto a esto se requieren profundas reformas a las leyes vinculadas a la participación: la Ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias y la Ley de participación ciudadana en la gestión pública. En ninguna de ellas existen hoy mecanismos o atribuciones que den poder real a las organizaciones territoriales.

Esta mirada en retrospectiva al proceso de reconstrucción pos 27F evidencia la necesidad de modificar la forma en que construimos nuestras ciudades. Mucho de lo que ocurrió tiene su explicación en la primacía total que en la Constitución de 1980 (y en otros cuerpos legales) tiene el principio de subsidiariedad, el derecho de propiedad, el de libertad de empresa y la noción del suelo como un puro bien de mercado, en desmedro del bien común, del rol que el estado debe cumplir en áreas estratégicas como la planificación urbana y del reconocimiento del derecho a participar, del derecho a la vivienda digna y del papel de las comunidades en el desarrollo urbano. En este sentido, aprobar la idea de redactar una nueva constitución significa también abrir una discusión sobre el tipo de ciudades que queremos y sobre el equilibrio que debería existir entre las fuerzas que pugnan en ella.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.