En Chile el 8% de la población, vive en un hogar sin agua potable y/o baño
Columna de opinión, Dr. Ismael Vera, director del Departamento de Obras Civiles, Facultad de Cs. de la Ingeniería
Para el 2030, el planeta tiene el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible, y uno de los objetivos, el seis, establece que es fundamental “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
En el 2010, se dio un hito importante para esto, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento por parte de la ONU. Este reconocimiento señala que todos tenemos derecho a acceder a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal, estimando su valor entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. Además, éste acceso al agua debe ser seguro, aceptable y asequible.
Tres conceptos que se pueden resumir en tener una fuente cercana y de calidad, con regularidad, y con un valor económico que no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.
Chile al respecto, durante la presentación del mapa de la vulnerabilidad, reveló una cifra que parecía impensada para estos tiempos. Casi 1,5 millones de chilenos, -alrededor del 8% de la población-, vive en un hogar sin agua potable y/o baño.
Pero ¿Qué podemos hacer para reducir este valor? La misma ONU señala que la sociedad debe trabajar en conjunto con el estado, siendo además, un aliado que solicite rendir cuentas de los avances, e incluya en la gobernanza del agua, a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas. Junto con lo anterior, la sociedad debe exigir a sus estados invertir en investigación y desarrollo para el manejo de los recursos hídricos de sus territorios, más aún en el escenario actual de cambio climático.
En este sentido, las instituciones de educación superior, como la Universidad Católica del Maule y diversos centros de investigación a lo largo del país, trabajan por contribuir en esta ardua labor. Sin embargo, falta por mejorar la conexión de estos centros de conocimiento con los organismos estatales encargados del desarrollo de políticas públicas en materia de agua, replicando ejemplos de integración de universidades-centros de investigación-estado como sucede en los países desarrollados.
Además, existe el problema transversal del centralismo, y por tanto, la necesidad de descentralizar recursos económicos, para que quienes trabajan en temas de agua en regiones, tengan la posibilidad de tener acceso a fondos específicos y contribuir de forma más significativa en sus territorios, y así, desde las regiones, con el apoyo del estado central y regional, realizar una gestión más sostenible de los recursos hídricos, hecho que permitirá mejorar el acceso al agua y saneamiento, revirtiendo la situación actual, esa cifra que señala que el 8% de compatriotas que sufren la carencia de estos derechos.
“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.