En conversatorio sobre los derechos de las personas con discapacidad en la UCM, la profesional explicó que, en el contexto del Chile actual, debe haber un cambio cultural referente al actuar de la población frente a la temática.

“Lo que las leyes proponen es un mínimo y cautelan la no trasgresión de determinados derechos, pero para que estas normas tomen cuerpo se necesita un cambio cultural, ello implica cambiar la representación que tenemos hoy de la discapacidad, no son ciudadanos de segunda categoría, son iguales a nosotros y para eso se necesita educación, ahí las universidades tenemos un rol educativo enorme”. Con esa afirmación, la psicóloga Arlette Krause, se refirió a los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del Chile actual, en un conversatorio organizado por la Universidad Católica del Maule (UCM) en el Campus San Miguel en Talca.

La profesional, que además es académica de la Universidad de la Frontera (UFRO), añadió que “Es una tremenda oportunidad lo que está ocurriendo hoy día, que la gente con discapacidad se sienta convocada y esté participando ciudadanamente”, reflexionó, agregando que para que se generen cambios, es necesario tener participación a través de una ley de cuotas en la construcción de una nueva Constitución Política, y, por otro lado, “Chile debe tener garantías de políticas públicas para discapacidad y lo que implica discapacidad en todas sus dimensiones”, sostuvo.

“Hoy las universidades tienen el enorme valor de estar conviviendo con la diversidad, eso es un aporte sustancial y los planteles han entendido eso: que trabajar con discapacidad no es solo porque la ley me obligue, sino que hay una ganancia enorme en la riqueza de la comunidad universitaria, que finalmente responde a los valores humanos”, aseguró.

En esa línea, la psicóloga volvió al punto del cambio cultural, “Que es el que está a la base, que ha sido intervenido muy poco y es el que te está mostrando por qué hay situaciones de discriminación o de inclusión laboral, a pesar que es ley, o por qué algunas instituciones de educación superior te dicen ´no estamos preparados´ y no saben que están transgrediendo la ley, eso es cultural, además de desconocimiento de la norma, por un lado, y por otro, de la población con discapacidad y sus derechos”, comentó.

Espíritu de servicio

En este conversatorio, organizado por el Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión (PARI) de la UCM y financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), participó además la Dra. Daniela Jarufe, abogada y académica de la Escuela de Derecho UCM, quien expuso sobre los aspectos jurídicos de la temática, frente a distintas instituciones, organizaciones y público en general.

Según la directora de la Dirección General de Docencia UCM, Ana Jara, en el contexto que vive el país tras el estallido social, el sello UCM de espíritu de servicio referente a la temática, “Está dado por diferentes estrategias, actualmente existe el programa PARI que apoya a los estudiantes con discapacidad, además de diferentes mecanismos de acceso y de acompañamiento del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP), no solamente nos interesa que ingresen, sino que también puedan permanecer y avancen en sus programas formativos”, sostuvo.

Demandas sociales

Para Juan Sanhueza, técnico social y presidente del Club Deportivo Nahuelquén, que agrupa a personas con discapacidad en la práctica del básquetbol, el paso que se ha dado y que la discapacidad tome un rol fundamental en el estallido social es importante, “Se tiene que seguir metiendo el tema, por algo tan simple como que, no porque tengas discapacidad no vas a poder desempeñarte en determinado trabajo, por ejemplo. Está la imagen de la persona con discapacidad pidiendo plata, pero también está el que tiene su profesión y que, por distintos motivos de la vida, no puede desempeñarse laboralmente, ya sea por las barreras de la sociedad, como por las circunstancias que se van presentando”, dijo.

En esa línea, Ángela Gajardo, supervisora de proyectos del área educación del SENADIS regional, confirmó que como institución actualmente se encuentran trabajando con distintas organizaciones, con el fin de levantar sus principales demandas y que sean incorporadas en la elaboración de una nueva Constitución. “Hay que mejorar las pensiones, el tema de los cuidadores de personas con discapacidad, la rehabilitación y educación. Como Estado estamos haciéndonos cargo de acoger esas demandas y buscar los mejores canales de comunicación para que sean efectivas en el corto y mediano plazo”, cerró.