Columna de opinión, Marta Fuentealba, zoóloga y Dra. en Ciencias Ambientales

A raíz del informe elaborado a comienzos de este mes por la Subpesca, en el que se refleja una inquietante situación del recurso marino del país, donde el 60% de las pesquerías están agotadas o sobreexplotadas, es necesario regular con mayor firmeza la pesca ilegal, las cuotas de captura y los periodos de veda, considerando los parámetros biológicos básicos de las especies explotadas.

Si bien la noticia que una de las pesquerías más importantes del país, la merluza común (Merluccius gayi) mejora su situación; es importante advertir que esta mejora hay que tomarla con mucha cautela, pues la salida de esta pesquería del estado de “colapso”, no está calificada como libre de riesgo, dado que en la actualidad, esta especie se encuentra en estado de “sobreexplotada”, que es su antecesora en gravedad.

Para contextualizar, es importante considerar que la normativa pesquera indica que cuando una pesquería tiene menos del 20% de biomasa desovante virginal, debe ser considerada colapsada o agotada, es decir, en el estado más crítico. La ‘biomasa desovante virginal’, consiste en la porción de peces en edad reproductiva sin estar sometida a la pesca, por lo tanto dispuesta para la reproducción.

En el caso de la pesquería de merluza común, hasta el año 2015, presentó sólo un 19% de este indicador, cifras que subieron el 2016, tal como lo dio a conocer el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), que informó que la “biomasa desovante virginal” de la merluza común era del 21%, mientras que el Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca), aseveró que era del 22%, permitiendo ascenderla al estado de sobrexplotación, lo que tiene directa injerencia con las cuotas de captura asignadas para el presente año.

Por otra parte, la crisis pesquera que se vive en nuestro país, donde el 60% de las pesquerías están agotadas o sobreexplotadas, no es ajena a lo que ocurre en otros lugares; la cual no solo genera un grave impacto en los recursos y en los ecosistemas marinos, sino que es una amenaza económica y social, especialmente para los pescadores artesanales, por la gran cantidad de mano de obra directa e indirecta que absorbe la actividad.
Es inquietante observar, que el precio que se obtiene por la pesca ilegal, es más bajo que el valor real del recurso, por lo que se requiere más biomasa para obtener el precio de mercado; lo cual imprime una mayor presión a los recursos. Por tanto, se requiere una mayor fiscalización en toda la cadena de valor de los recursos pesqueros.

Sería deseable desarrollar un programa de recuperación integral de los ecosistemas marinos, junto a sus stocks pesqueros, pero cabe preguntarse ¿están las condiciones económicas y políticas para llevarlo a cabo?