Esta cifra representa un piso al que se pueden sumar más personas, tal como muestran los resultados de un estudio elaborado en el marco un Convenio de Colaboración entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, en el cual participaron académicos y profesionales tituladas de la Universidad Católica del Maule.

La Ley N°21.435, publicada el 6 abril de 2022, modificó el Código de Aguas y estableció que los derechos de aguas de agricultores familiares campesinos usuarios de INDAP, otorgados por la autoridad competente y que a la fecha de publicada la ley no estén inscritos en Conservador de Bienes Raíces (CBR), tienen un plazo de 5 años (hasta el 6 de abril de 2027) para generar dicha inscripción, de otra manera caducarán. Así también, se generó plazo un perentorio de 5 años desde la entrada en vigencia de la Ley para que los usuarios de aguas inicien los procesos de Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, vía 2° y/o 5° transitorios.

La misma Ley mandató al INDAP a velar por la difusión, información y facilitación de los procesos de inscripción y/o regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas de la agricultura familiar campesina.

Para cumplir con esta tarea, el INDAP necesita información que le permita cuantificar la problemática y ofrecer instrumentos eficientes, que apoyen a los agricultores en los trámites requeridos para seguir utilizando el agua con certeza jurídica.

En virtud de lo anterior, INDAP en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrolló un estudio para dimensionar cuántos agricultores familiares campesinos de todo Chile requieren terminar los procesos de inscripción y/o regularización de sus derechos de aprovechamientos de agua. Los resultados más importantes del estudio fueron presentados en un Seminario realizado en Santiago en el mes de diciembre pasado.

Ante esto, la académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dra. Ximena Quiñones, explicó los resultados del estudio.

“El estudio estimó que alrededor de 29 mil usuarios de INDAP a nivel nacional han tramitado sus derechos de agua, entre ellos 19 mil son titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y otras 10 mil tienen derechos concedidos por la DGA y/o regularizados por sentencias judiciales. Pero estos números representan sólo un piso de usuarios de INDAP con derechos de aguas, es decir no es el universo total de agricultores familiares campesinos del país con derechos de aguas”.

“A este número se debe agregar unas 9 mil sentencias judiciales que involucrarían a agricultores familiares cuyos resultados no son conocidos por los solicitantes y por la DGA. También hay miles de personas quienes han realizado transacciones de derechos de aguas (compra-venta, herencias) que están inscritas en los Registros de Propiedad de las Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces, pero que no están visibles las bases de datos nacionales que fueron analizadas”.

De igual forma, la investigadora hizo hincapié en que “se debe tener presente que la regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, así como la adquisición de derechos vía transmisiones y herencias están asociados a la propiedad de la tierra que se riega, pero entre los agricultores familiares campesinos, al menos un tercio no son propietarios de las tierras que trabajan”.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones propuestas por el estudio es el establecimiento de acuerdos de trabajo entre INDAP y las organizaciones de usuarios de aguas, en particular Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas y Juntas de Vigilancia, para prestar apoyos a los agricultores familiares campesinos para lograr la inscripción de sus derechos de aguas en el CBR. Estos acuerdos pueden promover la regularización de derechos de aguas pendientes, ayudar a constituir organizaciones que aún operan de manera informal, y proveer programas de capacitación. Aliados estratégicos clave en estos acuerdos serían la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego”.

Cabe mencionar que el equipo que desarrolló el estudio estuvo conformado por la Dra. Ximena Quiñones, el Dr. José Neira, ambos académicos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM y las Ing. Agr. Catalina Candia, Macarena Cabrera y Vania Contardo, tituladas de la Casa de Estudios Superiores.

Mientras que al seminario asistieron autoridades como el director nacional de INDAP, Santiago Rojas Alessandri, el jefe del Departamento de Riego y Energía de INDAP, Jorge Silva, el jefe del Departamento de Administración de la DGA, Carlos Flores, la profesional del SAG, Ximena Contreras y el jefe de Estudios de la CNR, Andrés Moreau. Además, se contó con la presencia de representantes de organizaciones tales como Confederación Nehuen, Confederación Ranquil, Confederación Nacional El Triunfo Campesino, UOC, MUCECH, UNAF, ANAMURI, Corporación CALIDER y Comunidad de Aguas Maqui Macal.

Puedes revisar el resumen del Estudio aquí: IICA_INDAP_ResumenEjecutivoDerechosAgua_2023