Gonzalo Delamaza, académico de la U. de Los Lagos.

Una de las voces autorizadas para hablar sobre participación ciudadana en Chile es sin duda Gonzalo Delamaza, académico de la U. de Los Lagos quien por años se ha dedicado a estudiar el tema desde una mirada sociológica que le ha permitido sacar a la luz interesantes reflexiones y aportes sobre dichos mecanismos sociales y cómo se han vinculado históricamente con el poder político en el último tiempo.

El profesor Delamaza visitó recientemente la Universidad Católica del Maule (UCM) en Talca y Curicó, invitado por las Escuelas de Administración Pública y Trabajo Social, todo en el marco del mes de la participación ciudadana que se extenderá hasta el 7 de julio y en el cual colaboran las universidades presentes en el territorio.

¿Es la participación ciudadana un aspecto que puede legitimar el actual momento constitucional?

Claro, lo que ocurre es que Chile hasta ahora es una anomalía no solamente en la región, sino que en general en el mundo, en el sentido de que la constitución que nos rige y la legislación incluso no contiene ningún elemento que favorezca una participación más allá de participar en las elecciones, digamos la participación tradicional en las elecciones que es clave en la democracia, pero exclusivamente eso. Tenemos una ley de participación muy restringida, que se dictó, que costó mucho que se dictara y que algo ha hecho, pero que no alcanza para canalizar las expectativas ciudadanas que se han manifestado hace 10 o 12 años como una demanda de mayor participación. Entonces, en el proceso constitucional eso tuvo expresión en la propuesta de la convención, pero esa propuesta fue derrotada como han sido frustrados varios intentos por reformar esto. Ahora estamos de nuevo ante el mismo problema y entonces lo que uno esperaría es que la constitución que surja efectivamente abra como quien dice una ventana hacia algo que prácticamente en todos los países es una práctica distinta, mejor o peor, pero que está considerada y aquí ahora se puede tener esa aspiración como una legítima o válida posibilidad considerando que el proceso ha partido.

Algunas personas han llamado secuestro desde el mundo político del proceso constituyente, ¿qué opina al respecto?

Hasta ahora el sistema político ha sido incapaz de canalizar esto, digamos la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet en 2017 no fue tramitada, simplemente no se cursó, tampoco fue posible reformar y fortalecer la ley 20.500, una propuesta surgida de un consejo formado por la propia Presidente, y, por último, digamos, el esfuerzo constitucional de la convención también fue derrotado.

Creo que ahí hay un problema, sin embargo, el anteproyecto constitucional que ahora está en discusión, a diferencia de la constitución actual, sí contiene algunos mecanismos de participación, entonces hay una oportunidad de ese punto de vista. Vamos a ver si en la tramitación eso subsiste o no. Es importante que la propia ciudadanía lo defienda también. Pero claro, si una evaluación política, puede que estemos en el mismo problema, de que finalmente como que se diluya.

A modo de ejemplo, la iniciativa popular de ley, que es una cosa que existe en muchos lugares, mediante la que la ciudadanía con una cantidad de firmas puede presentar un proyecto al legislativo. Han existido yo creo que por lo menos cuatro o cinco proyectos transversales en el parlamento, pero nunca se ha tramitado un proyecto de iniciativa popular de ley. Lo mismo pasó con el defensor del pueblo, una iniciativa que viene desde 2006, algo así tampoco… entonces, hasta ahora, efectivamente, el sistema político no ha abierto la puerta a la participación ciudadana. Es de esperar que esta vez sí ocurra, pero depende un poco de ellos también.

¿Ve usted que existe temor de la política a que los ciudadanos tengan un grado de injerencia mayor?

Es que claro, la política en Chile desde el 90’ en adelante es una política que se ha movido en un espectro muy limitado y ha ido perdiendo vínculo con la sociedad, por lo tanto, obviamente hay desconfianza de la ciudadanía respecto del sistema político, eso está más que documentado y entonces el sistema político también tiene desconfianza respecto de lo que la ciudadanía puede o no hacer.

Estamos ahí … pero eso tiene que, puede tener o debiera tener una respuesta de apertura, o sea, crear canales distintos e institucionalizar formas de participación más fuertes como, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de referéndum a nivel local o regional, etc. Hay distintos mecanismos, una ley de participación más robusta, pero nosotros tenemos una constitución que ha impedido incluso que las juntas de vecinos recuperen su papel de ser el articulador de los vecinos en un barrio, en una unidad vecinal porque la constitución dice que hay libertad de asociarse y por lo tanto se ha entendido es una situación que no resiste ningún análisis, que antes teníamos, que funcionaba y todo, bueno hoy en día ni siquiera eso podemos tener.

¿Se replican estas restricciones también para participar en política?

Claro, pero ahí uno ve que en el proceso actual hubo mucho debate sobre cómo reducir la cantidad de partidos, o sea, mucha preocupación por la fragmentación política. Uno esperaría que la misma preocupación hubiese estado por la fragmentación social, o sea, por cómo hacer que la ciudadanía se pueda organizar, pueda tener sus canales, sus recursos de información, etc. Y eso hasta el momento no se ha visto.

¿Alguna reflexión final respecto al rol que juegan las universidades también en este proceso?

Bueno, es un proceso muy controlado desde el sistema político, a través del comité de expertos, la comisión de expertos, el comité técnico. Sin embargo, dio a las universidades, específicamente a la U. de Chile y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, el mandato de incorporar al conjunto de universidades acreditadas, para realizar el proceso de participación, y estableció mecanismos para aquello.

Las universidades a lo largo de todo Chile se han movilizado para organizar este proceso y que va a suceder por completo en este mes de junio hasta el 7 de julio. El tiempo es muy breve, es muy difícil que la ciudadanía esté informada, que sepa. Hay un problema de diseño ahí, pero dicho eso, creo que hay una oportunidad en el sentido de que esto está ocurriendo con todas las universidades, aquí en Maule está la UCM. Yo soy de la Universidad de Los Lagos, en Los Lagos estamos haciendo lo mismo y en todo el país está ocurriendo esto. Por lo tanto, a pesar de que está ese problema, es una oportunidad que las universidades brinden a través de ese compromiso, un espacio para lograr que se manifiesten ese conjunto de demandas y necesidades diversas que la ciudadanía tiene y que puedan influir de algún modo en el proceso que estamos viviendo, porque de otro modo, el proceso corre el mismo riesgo del anterior de quedar no legitimado por la ciudadanía. Por lo tanto, las universidades en este momento están cumpliendo un papel bien importante.

¿Cuál es su sensación sobre si se aprobará o no esta nueva propuesta constitucional?

Es que hasta ahora las encuestas dicen que no, que no se aprueba. O sea, nosotros acabamos de hacer una encuesta en Los Lagos, que la vamos a presentar esta semana ¿Y por qué no se aprueba?,¿cómo la gente va a decir que no se aprueba si todavía no se ha elaborado? Pero no es por eso, es porque la gente no sabe ni lo siente como algo vinculado a sus requerimientos. Es decir, hay una parte, por ejemplo, una opción es no me siento involucrado. Esa es la que tiene la mitad de las personas. No es que estén criticando esta o la otra, sino que no sienten que tengan algo concreto, como que la Constitución les vaya a revolucionar la vida… Y ese problema, hay que abordarlo,

¿Qué esto ocurra justo a 50 años del Golpe Militar es una oportunidad para avanzar también en reconciliación?

A lo mejor para algunas personas eso es así, pero el proceso ha sido suficientemente complicado políticamente, puede que el resultado de este consejo constitucional sea una constitución muy similar a la que tenemos hoy día, entonces tampoco es que vayas a hacer un cambio, el proceso constituyente se abrió y se hizo posible porque había una demanda de transformación.

Hoy día tenemos un proceso y no sabemos si va a acoger esas demandas de transformación o si no va a ser una consolidación de lo que tenemos. Puede que en este momento a lo mejor la gente mayoritariamente no haya una movilización común de hace unos años, pero eso no quita que los problemas siguen ahí. Aquí se necesita un marco político y social para los próximos 30, 40, 50 años, por lo tanto, incluye los problemas de hoy día, así como los problemas que dieron origen al estallido social, etcétera. Esos problemas no han desaparecido, no se ha hecho una reforma de pensiones, no se ha hecho una reforma de salud. O sea, no se han hecho cosas fundamentales y tampoco se han abordado los problemas que hoy día se piensa que dominan la agenda, la inseguridad, etc. Entonces, ese es un conjunto explosivo, porque ¿para qué es un sistema político? Para procesar las demandas y las necesidades que existen.

“Las opiniones vertidas en esta entrevista son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.

Crédito: DIRCOM UCM.