Dr. Rodrigo de la Vega Parra docente de la Escuela de Derecho, es designado para desempeñar esta labor por tercer período consecutivo.

La ceremonia de inicio del año judicial se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones de Talca, instancia en la que también se realizó el cambio de presidencia del tribunal de alzada maulino, quedando a cargo del ministro Moisés Muñoz Concha para el período 2025. En la misma jornada, prestaron juramento los nuevos abogados integrantes del tribunal: Diego Palomo Vélez, Carolina Araya López, Rodrigo de la Vega Parra y Leonardo Mazzei Parodi.

Además, durante la jornada se llevó a cabo la cuenta pública de gestión 2024, presentada por la ministra Marisol Ponce Toloza, en la que se detallaron las cifras de ingresos y resoluciones de causas. Entre los datos más relevantes, se destacó que en 2024 ingresaron 10.429 causas, de las cuales más de 2.000 correspondieron a materias civiles.

Lo anterior supone importantes retos para el 2025. Sobre esta responsabilidad, el Dr. Rodrigo de la Vega  académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule, enfatizó que la exigencia del cargo requiere conocimientos en diversas áreas del derecho, desde lo civil y penal hasta materias de familia y derecho aduanero: “A diferencia de la academia, donde uno se especializa en áreas concretas, en la Corte hay que estar preparado para resolver cualquier tipo de causa. Eso exige un estudio constante y un profundo sentido de responsabilidad”, afirmó.

Desafíos profesionales y académicos

Tras haber desempeñado esta función durante los periodos 2023 y 2024, el docente mencionó que los principales objetivos al integrar un Tribunal Superior, “son contribuir a una justicia más eficiente y técnicamente sólida, aportar una perspectiva dogmática robusta para la resolución de casos complejos, y fortalecer los vínculos entre la academia y la judicatura”.

Asimismo, enfatizó la importancia de la independencia y la imparcialidad en la labor judicial, especialmente en un contexto social y político desafiante. “El deber de un juez es aplicar el derecho con rectitud, dejando de lado cualquier convicción personal. La independencia judicial es un valor esencial para fortalecer la confianza en el sistema de justicia”, mencionó.

Por otro lado, el abogado resaltó que asumir este rol “implica acercarse a los problemas reales de los justiciables, lo que representa un desafío no solo teórico, sino también humano. Es necesario considerar muchas más variables de las que se enseñan en la cátedra, como la vida de las personas y sus valores fundamentales”.

En esa línea, el jurista destacó que la incorporación de académicos al Poder Judicial tiene un impacto profundamente enriquecedor, “ya que permite llevar al ámbito jurisdiccional una perspectiva analítica y sistemática característica de la academia. En contraste, facilita el traslado al aula de la experiencia directa de resolver problemas que afectan de manera significativa a las personas”, concluyó.

Créditos: Facultad de Ciencias Sociales y Económicas