El académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule y director de la Revista Palabra y Razón, Dr. Gonzalo Núñez Erices analizó el documento entregado por la Comisión de Expertos al Consejo Constitucional.

La Comisión de Expertos entregó el anteproyecto de la Nueva Constitución al Consejo Constitucional, quienes estarán encargados de revisarlo para aprobarlo, aprobarlo con modificaciones o incorporar nuevas normas.

En entrevista, el académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule (UCM) y director de la Revista Palabra y Razón, Dr. Gonzalo Núñez, analizó el documento redactado por el organismo designado por el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.

¿Cómo influye el proceso anterior para la redacción de este nuevo anteproyecto entregado por la omisión de Expertos?

Creo que hay una lectura de ese anteproyecto que inevitablemente debe considerar la realidad previa y posterior a la elección de los consejeros constitucionales. El giro ultra conservador en la última elección hacia sectores de ultra-derecha ha modificado completamente la coyuntura del proceso por la redacción de una nueva Carta Magna.

El anteproyecto es el resultado de un fracaso político y social de la Convención Constitucional y de todos quienes depositamos esperanzas en dicho proceso. La envergadura de tal fracaso no puede explicarse únicamente apelando a la ignorancia o desinformación de las personas sobre los contenidos de la propuesta, ni tampoco a la campaña de noticias falsas de los sectores del Rechazo. Entre muchas explicaciones posibles, tal fracaso se debe, en mi opinión, al enamoramiento con un cierto momento ―el estallido social― como si fuese el retrato de un “nuevo” Chile que reflejaba, a partir de las carencias e injusticias sociales, un triunfo de ideas supuestamente de izquierda. Esto implicó la redacción de una propuesta, la cual, más que extremadamente ambiciosa como algunos podrían describirla, es profundamente desconectada con las diferentes realidades e intereses de la sociedad chilena. Frente a esto, la situación de una comisión de expertas y expertos elegidos por el parlamento redactando un anteproyecto con un marco dado de 12 bases se presenta, a luz del proceso anterior, como un claro retroceso democrático en las condiciones de redacción de una nueva constitución.

¿Cómo analiza el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos?

La sociedad chilena ha determinado con claridad un nuevo escenario: entregarle mayor representación en consejeros constitucionales al sector político que, paradójicamente, declara abiertamente que quiere mantener la constitución de la dictadura. Esto se vuelve más espectacular considerando que este mismo año se conmemoran 50 años del golpe de Estado. En estas circunstancias, no son pocas las personas, identificadas tanto en la derecha como en la izquierda, que ven con buenos ojos el anteproyecto de la comisión de expertos al considerarla como una propuesta más moderada. Me parece que, en estas nuevas circunstancias, la posibilidad de escribir una nueva constitución reflejando la diversidad de la sociedad chilena tal y como sucedió en el proceso anterior ya fue dilapidada.

A diferencia de la propuesta de la Convención Constitucional, el anteproyecto solo habla de “la familia” (en singular) como núcleo fundamental de la sociedad, no profundiza en temáticas de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos neurodivergentes, es menos enfática sobre la convivencia entre el ser humano y la naturaleza, o entre el Estado y los pueblos originarios. Por otro lado, el anteproyecto, dada las bases acordadas previamente, reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derecho, cuestión que, a pesar de lo mínimo que parece, sería un gran paso para dejar atrás la subsidiaridad que formaba parte del corazón de la constitución de la dictadura. Quizás esto sea un punto que podría mejorar materialmente la realidad de muchas personas a pesar de nuestros posibles y válidos desacuerdos ideológicos con la gestación de este nuevo proceso constitucional.

Hay quienes piensan que este anteproyecto mantiene el espíritu fundacional de ultra-izquierda de la propuesta anterior; en cambio, otros piensan, y de manera razonable, que este proyecto surge desde la “voluntad del pueblo” y, por tanto, es ilegítimo. La pregunta fundamental es la siguiente: ¿nos bajamos de este proceso por considerar que traiciona ciertas convicciones fundamentales o intentamos aportar de algún modo para que, a pesar de las condiciones en que nos encontramos, podamos salir con cierta decencia de esta accidentada aventura constitucional? Esta es una pregunta que cada uno tendrá que pensar junto a sus propias convicciones y que tan negociables pueden ser.

¿Qué puntos cree que serán modificados por el Concejo Constitucional?

Dada la situación actual de la composición del Concejo Constitucional, todo parece indicar que el Partido Republicano intentará promover, haciendo valer la fuerza política que le entregó la votación, muchas de las ideas propias de la ultra-derecha. Seguramente, ellos intentarán reinterpretar jurídicamente las bases constitucionales para restituir la subsidiaridad del Estado tal y como está implícitamente consagrada en la actual Constitución y evitar, de este modo, un Estado social de derechos.

Me imagino también que en términos valóricos se intentará retroceder o, por lo menos, no avanzar en derechos sexuales y reproductivos, y algo similar respecto a la paridad de género o cuestiones así. Va a ser complejo, incluso sumando a la derecha más moderada, poder contrarrestar este momento conservador con el cual coexiste este Concejo Constitucional.

A esto, además, hay que sumar el negacionismo propio del sector del Partido Republicano (e incluso de algunos que se consideran de la derecha moderada) que, muy fiel un neo-pinochetismo mezclado con cuestiones de lógica conspirativa sobre la agenda 2030 de la ONU, iniciaran una campaña de desacreditación de la importancia que una constitución debe tener sobre temas de derechos humanos.

Parece ser un escenario ideal para el Partido Republicano porque incluso el rechazo del proyecto que ellos liderarán les puede convenir aún más al mantener la constitución actual. Ahora bien, si este sector realmente quiere aspirar a lograr la presidencia de su líder José Antonio Kast, entonces, a diferencia del proceso constitucional anterior, la mejor estrategia es buscar una nueva constitución de consenso que no vuelva a fracasar, pues, esta vez, ellos serían el rostro visible del fracaso lo cual “ensuciaría” sus aspiraciones a la Moneda. Esta situación, de corte más estratégica, los puede obligar a buscar acuerdos más transversales en lugar de “pasar por encima” con sus convicciones e ideas.

Según la encuesta Cadem, el 46% de los chilenos votaría en contra de una nueva constitución. Según su opinión ¿Por qué se da este cambio tan rotundo, considerando que en 2020 el 78% votó a favor de una nueva Carta Magna?

Todos recordamos aquel plebiscito del año 2020 en el cual la población chilena manifestó con fuerza su deseo por tener una nueva carta magna redactada por una convención constitucional compuesta únicamente por ciudadanas(os) electas(os). En este sentido, el actual estado de las cosas, iniciado ahora con este anteproyecto escrito por expertos y expertas escogidos únicamente por el parlamento, es el resultado de un fracaso político y social de Chile. Algunos podrán atribuirle a esto una especie de traición a la voluntad del “pueblo” manifestada en aquel plebiscito del año 2020: una cocina espuria de acuerdos entre los intereses políticos y económicos de una elite. Sin embargo, el hecho es que aquella voluntad popular no es más que una ficción que se resiste a ser interpretada como si se tratara de un discurso coherente y homogéneo con convicciones consistentes y permanentes en el tiempo. El mundo contemporáneo se caracteriza, entre otras cosas, porque las masas sociales no son movilizadas por ideas o construcciones ideológicas colectivas con proyecciones históricas a largo plazo. Por el contrario, tales fenómenos muestran una progresiva despolitización y, por lo tanto, responden a individuos que, aunque pueden reconocerse unos otros a partir de ciertos intereses o necesidades comunes, son dueños de demandas vitales privadas y desvinculadas, en muchos aspectos significativos de algún tipo de cohesión o solidaridad social.

Aunque el análisis mencionado es aceptado a grandes rasgos por la mayoría de los analistas políticos y teóricos sociales, el fracaso de la Convención Constitucional fue, sin duda, un olvido de aquello producto de la coyuntura del estallido social y su nostalgia romántica. Por esta razón, no debemos mirar ese 78% que votó a favor de una nueva Carta Magna como si se tratase de una contradicción o una incoherencia en relación a la situación en la que nos encontramos actualmente. En este mismo sentido, discutir sobre una constitución política es reflexionar sobre los principios comunes que orientan a una sociedad a un cierto proyecto de futuro. Por el contrario, el debate constitucional ha sido escasamente abordado ―no solo por la sociedad chilena, sino también por los medios de comunicación y líderes de opinión― como un asunto que trasciende las contingencias de un país o los intereses personales. Esto explica, en parte, la inconsistencia de la sociedad chilena respecto a la manifestación de un interés en cambiar la constitución vigente.

Por otro lado, toda demanda por una nueva constitución exige a una sociedad a pensarse a sí misma de manera colectiva y desinteresada. No obstante, en el caso de Chile, el neoliberalismo implementado en la dictadura cívico-militar -y perfeccionado en los gobiernos de transición- ha generado no solamente un modelo económico, sino que, sobre todo, la construcción de una subjetividad des-politizada basada en la competencia individual. Esto, sin duda, es un impedimento para que el país pueda realmente reflexionar sobre una nueva constitución que involucra abandonar nuestra condición de individuos para interpretarnos como ciudadanos. Finalmente, nos encontramos en una especie de encrucijada: mientras que una nueva constitución podría empujar cambios culturales relevantes en el país que apunten a una mayor solidaridad social, al mismo tiempo, el individualismo de nuestra sociedad nos impide abordar el debate por una nueva constitución como un proyecto colectivo de futuro.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.