Elaborado por Consejo Asesor que busca fortalecer la sociedad civilTras un 2016 de intenso trabajo, con más de veinte sesiones, gran número de audiencias públicas, diálogos ciudadanos en todas las regiones del país, además de dos seminarios, el Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil hizo entrega del informe final a la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda el pasado 13 de enero.

Dicho organismo asesor fue conformado por 22 integrantes de diversas procedencias, -fundaciones, corporaciones de beneficencia, ONGs y académicos-, y tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de reforma a la Ley N° 20.500, a través de la elaboración de dicho informe destinado a promover el derecho a la participación.
Cabe consignar que el documento oficial entregado a la máxima autoridad nacional contiene dos grande partes, un análisis de la situación de la participación en Chile y una propuesta de reforma a la Ley 20.500 de participación en la gestión pública y a otros cuerpos legales asociados. Con estos insumos el ejecutivo deberá diseñar las propuestas de ley que enviará al congreso en los próximos meses.

“Logramos articular una propuesta seria de reforma a la Ley 20.500 y un informe que da cuenta del estado de la participación en el país. Creo que cumplimos con el mandato que se nos entregó en enero de 2016”, comentó el académico de la U. Católica del Maule (UCM), Francisco Letelier, quien participó activamente como miembro del Consejo Asesor.

Análisis de participación

Francisco Letelier, es director del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT), -bajo el alero de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la U. Católica del Maule y con la colaboración de ONG Sur Maule-, entidad que estudia los procesos socio culturales y económicos de territorios no metropolitanos, compuestos por redes de ciudades, pueblos y localidades rurales que se conectan e influencian mutuamente.

“En Chile no tenemos mecanismos suficientes para asegurar procesos de participación incidente en la gestión pública. Prácticamente no existen instancias que vinculen la opinión ciudadana con la decisión pública, y esto pasa en todos los niveles: nacional, regional y comunal. No existen sanciones para el incumplimiento de los precarios procedimientos que involucran la participación de los ciudadanos, ni tampoco financiamiento para ellos”, reflexionó Letelier.

Es a partir de lo anterior, -continúa señalando el académico UCM-, que “el Consejo propuso un conjunto de reformas a la Ley de participación, que en síntesis apuntan a dar mayor poder a los ciudadanos en los procesos decisionales y establecer estándares mínimos, asegurar los financiamientos necesarios para que se realicen procesos participativos de calidad, establecer sanciones al incumplimiento de las normas vinculadas a la participación y reforzar el rol del Estado en la promoción de la participación y en el fortalecimiento de la sociedad civil”.

Compromiso

La Presidenta de la República tras recibir el informe final del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de manos de su presidente, Gonzalo Delamaza, se comprometió a enviar al Parlamento los proyectos de ley que permitan ir avanzando en los planteamientos realizados.
“La tarea aquí es hacer seguimiento de esta nueva agenda legislativa pro – participación. Al mismo tiempo, la presidenta se comprometió a tomar las medidas de gestión necesarias en el corto plazo, y eso también hay que fiscalizarlo” cerró.