El Dr. Roberto Navarro Dolmestch, participó como invitado en la instancia organizada por la U. de Concepción en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973.

Sobre los obstáculos jurídicos que se han opuesto a la conformación de una justicia transicional después del término de la dictadura, expuso el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Roberto Navarro Dolmestch, en el seminario llamado “De la amnistía a la imprescriptibilidad: evolución de la respuesta estatal a los crímenes cometidos entre 1973 y 1990”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción.

Dicho seminario fue parte de un conjunto de actividades con las que se conmemoró los 50 años del golpe de Estado de 1973.
El académico de la UCM en su conferencia detalló como estos obstáculos jurídicos “han sido un consenso de la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante el período dictatorial. Tales crímenes fueron el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas y el encarcelamiento ilegal”, dijo.

A juicio del abogado “los crímenes de lesa humanidad de la dictadura pueden ser entendidos -pero no justificados- no solo como métodos de represión de ideas políticas contrarias a las sostenidas por la dictadura, sino también como una forma de venganza de los triunfadores del golpe militar en contra los adherentes o simpatizantes al régimen depuesto por tal golpe. En este esquema, se pretendió que los plebeyos derrotados sufrieran dolor y muerte”, indicó.

Según el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, “el carácter horrendo de esos crímenes implicó un giro incivilizatorio porque el uso del dolor y el asesinato como forma de revancha es una negación de la evolución que la sociedad occidental adoptó a partir de la Ilustración”.

Entre los obstáculos opuestos para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, el Dr. Navarro Domestch dijo que se encuentran “la propia autoamnistía decretada por la dictadura para los crímenes cometidos por agentes estatales, la falta de descripción de esos delitos en el ordenamiento jurídico nacional en el momento en que se cometieron, la prescripción y la prohibición de retroactividad”.

Sin embargo, tal como lo aclaró el expositor “todos esos obstáculos no son tales, si se considera el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional”.