Carlos Del Río Ferretti, director de la Escuela de Derecho de la UCM.

Reforzar el que vivimos en un Estado de Derecho democrático que reconoce y protege una serie de libertades individuales de las que nadie nos puede despojar, tener claridad sobre los enemigos como la intolerancia, el autoritarismo, y también cierta pretensión de imponer un discurso único, son parte del análisis sobre el contexto de descontento social que se vive en Chile, que nos comparte desde la óptica legal el Dr. Carlos Del Río Ferretti, director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

Desde una mirada legal constitucionalista ¿Qué opciones da la constitución política de Chile para generar cambios estructurales a la organización social (acuerdo social) de Chile?

La Constitución chilena como toda norma fundamental contempla mecanismos de reforma constitucional, los que están expresamente regulados en su propio texto (Capítulo XV). El asunto es si ello resulta más o menos complejo en razón de las mayorías que exige y el procedimiento que se establece para aquello.

La opinión de una parte de la ciudadanía es que el cauce constitucional de reforma es impracticable bien por su dificultad, bien porque lo que se pretende por esa parte de la ciudadanía es un orden constitucional nuevo, que modifique de forma sustantiva o incluso radicar el orden jurídico constitucional e institucional del país. Y consideran que ello debe ser el resultado de un nuevo proceso constituyente donde el pueblo soberano delibere abiertamente y establezca ex nihilo un nuevo orden.

Desde el punto de vista jurídico y político eso es posible, pero naturalmente cabe preguntarse si en realidad es lo que desea la mayoría.

Recordemos que en la última elección presidencial la ciudadanía libre y soberanamente optó por la candidatura de Sebastián Piñera, que no encarna aquella aspiración política. Ese dato, más allá de voluntarismos y contingencias no puede ser olvidado en un análisis ponderado de la situación, con independencia de nuestras preferencias ideológicas y políticas. Eso puede cambiar en el futuro, cuando la voluntad popular se manifieste mediante los diversos canales formales de participación política. Pero eso es una expectativa y no una realidad, hasta ahora.

El liderazgo que se espera del mundo académico debe ser serio y racional.

¿Qué tan complejo es dar respuesta a las voces que piden una nueva constitución chilena conforme al momento actual de la sociedad?

La respuesta racional ante esta inquietud es que ese sector de la ciudadanía debe demostrar que en realidad es una mayoría clara, como para pretender legítimamente ese cambio constitucional. Eso es posible, repito, siempre que exista esa mayoría. Y de nuevo, más allá de voluntarismos que chocan con la realidad, lo cierto es que el rendimiento político de ese conglomerado social y político, en los cauces de expresión (y de medición legítima de fuerzas), como es la competencia electoral formal, de momento no muestra una superioridad contundente. Al punto de que actualmente es la derecha la que gobierna.

Por otra parte, debemos acostumbrarnos a reconocer ciertos presupuestos en la deliberación pública. Primero, que son las mayorías las que ganan en la competencia por el poder y mantienen ese poder todo el tiempo en que consiguen mantener la adhesión mayoritaria. Segundo, que la mayoría auténticamente democrática debe asegurar el pleno respeto a la expresión libre de las minorías políticas que coexisten en la sociedad. Y tercero, que las minorías no pueden pretender imponer sus criterios sobre las mayorías.

Por otra parte, es sumamente riesgoso para la convivencia pacífica en un Estado democrático en forma, que los agentes políticos, los dirigentes de cualquier signo de forma irresponsable (explícita o implícitamente) propaguen la idea de que los cauces democráticos e institucionales, que nuestro Ordenamiento Jurídico contempla, no son legítimos, que no tienen legitimidad democrática, puesto que de allí al paso siguiente media una distancia mínima. Esto es, avalar cualquier forma de protestas, también la violenta, que en un escenario como el que se retrata, serían instrumentos legítimos de lucha social.

¿Qué otros temas son importantes tener presentes en el actual escenario social de crisis desde la mirada legal?

En tiempos como estos conviene reforzar la idea de que vivimos en un Estado de Derecho democrático, donde se reconocen y protegen una serie de libertades individuales de las que nadie nos puede despojar: la libertad de expresión, la libertad de consciencia, la libertad de reunión y protesta pacífica, las libertades políticas y sus legítimas manifestaciones, entre otras.

Todas estas libertades tienen unos mismos enemigos: la intolerancia, el autoritarismo, y también cierta pretensión de imponer un discurso único, un pensamiento único, que pretenda erradicar otras perspectivas y posiciones que legítimamente compitan con aquella.

Por otra parte, El Presidente de la República ha decretado estado de excepción constitucional (estado de emergencia), que evidentemente supone importantes restricciones a los derechos y garantías fundamentales de las personas. No es desde luego una situación positiva y todos queremos que acabe prontamente, puesto que se trata de un instrumento excepcional y que debe ser utilizado con mucho cuidado y prudencia en casos y circunstancias extremos. Solo cuando (y por el tiempo) que se hace imprescindible para asegurar el orden público.

¿Qué llamado realiza al mundo jurídico en este sentido?

Estimo que es menester reconocer que ha habido una ineficiencia de los líderes políticos y sociales y económicos durante los últimos 30 años, en cuanto a encauzar oportunamente las exigencias o demandas sociales y políticas que se verificaban en nuestra sociedad.

El sistema de libertades políticas y económicas que se instala y legítima con el retorno a la democracia, nace con un déficit muy acusado. Me explico, las democracias constitucionales avanzadas se construyen con libertad política, con libertad económica (mercado), pero también con cohesión social, asegurando de esta manera ciertos mínimos en cuanto al goce o disfrute de determinados derechos de contenido económico-social.

La sustentabilidad del modelo de desarrollo chileno va a depender de que los líderes del país acuerden ciertos mínimos, que eviten la fuerte exclusión y marginación social, y que creen en su lugar un clima de cohesión social que asegure de forma natural la paz y el orden públicos.