El Dr. Diego Durán en condición de vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, junto con Víctor Orellana, director de Educación de la Fundación Nodo XXI; y el vicerrector de la Universidad de Valparaíso, José Miguel Salazar, se reunió con la Comisión de Educación de la cámara.

Por seis votos favor y uno en contra, la Comisión de Educación aprobó el proyecto que modifica disposiciones transitorias de la ley sobre educación superior, iniciativa que considera extender el plazo de aprobación, publicación y aplicación de los nuevos criterios y estándares de calidad y que incorpora un periodo de transitoriedad para acreditar los programas de doctorado.

Parte fundamental de este debate fue la presencia de los expertos invitados, entre los que estaba el rector UCM, quienes entregaron una serie de recomendaciones en orden de asegurar que las instituciones de educación superior vivan procesos rigurosos de acreditación.

En la ocasión, el Dr. Diego Durán, planteó que es necesario establecer nuevos criterios y estándares de acreditación, ya que las universidades ven con preocupación que, tanto la actual ley como el proyecto en debate, no presentan claridad respecto a la concepción de calidad de educación superior que subyace a la ley.

En este sentido, consideró que es fundamental que el Ministerio de Educación valore y considere la propuesta comprometida por el Consejo de Rectores de Chile, de un nuevo marco conceptual que sustente este modelo de aseguramiento de la calidad.

Por último, el rector Durán expuso las observaciones de la Red G9 respecto al proyecto de Ley que modifica criterios y plazos del proceso de aseguramiento de la calidad ante la comisión, haciendo énfasis en el tema financiamiento: “El financiamiento tiene un carácter sistémico. Poder garantizar la calidad de una institución requiere de financiamiento, las exigencias que hoy día se están dando a conocer en los distintos programas de doctorado o pregrado requieren de financiamiento para poder cumplirse. Si, además por la política o por la misma Ley, este financiamiento se va reduciendo a las instituciones estamos en un problema, en una incertidumbre, que no tiene lógica para la construcción de la Ley. No sacamos nada con adecuar la operación de la Ley, especialmente en el tema de calidad, si por otro lado le estamos quitando las herramientas a las instituciones, los recursos para poder enfrentarlo”, detalló.