Francisco Letellier, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM.

No es fácil entender todo lo que está ocurriendo, pero se puede hipotetizar que en el origen del estallido social está la combinación de, a lo menos, dos fenómenos: el desarrollo y maduración de una fuerte sensación de injusticia, y una profunda crisis de representación política.

La percepción de injustica que inunda el país parece surgir del reconocimiento que las desigualdades o las diferencias entre unos y otros no surgen naturalmente. Esto sucede producto de la reiterada constatación de que los que están “arriba” abusan sistemáticamente de su posición de poder para coludirse, robar, evadir impuestos, coimear, conseguir impunidad y/o enriquecerse mañosamente. Es por esta repetición infinita de hechos, que los chilenos y chilenas nos damos cuenta que la precariedad de unos está vinculada al privilegio de otros.

En este contexto los discursos del esfuerzo, las oportunidades y la meritocracia han quedado completamente deslegitimados. Si bien en democracia lo deseable es que las desigualdades y la sensación de injusticia sean asumidas por el sistema político, en Chile vivimos una profunda crisis de representación . Sus raíces están en un sistema democrático que ha sido incompleto desde los inicios del periodo pos dictatorial.

Pese a las diversas reformas políticas que se han hecho, aún nuestro sistema democrático tiene muchas limitaciones. La principal es estar regido por una constitución hecha en dictadura, que hace difícil contar con mayorías para realizar cambios sociales y económicos profundos. Otra, es ser presa de una racionalidad tecnocrática que, centrándose en aspectos supuestamente técnicos y de eficiencia, minimiza el componente de legitimidad social de las políticas públicas. Esto se traduce en escaso espacio para el control ciudadano y en la desvalorización de formas complementarias de democracia, como la deliberativa o la participativa. Por último, nuestro sistema democrático peca también de un centralismo que debilita los espacios locales y regionales.

A esta democracia inconclusa le resulta difícil transformar el malestar social en políticas públicas eficaces y, a la vez, legítimas. Como resultado de esto la acción del Estado ha insistido en alinearse en torno al crecimiento económico casi como único y gran objetivo. En torno a él, se han implementado políticas que buscan corregir los efectos colaterales que produce el mercado y actuar allí donde este no tiene interés de hacerlo. Todo esto ocurrió mientras la sensación de injusticia no tomaba cuerpo, hoy, sin embargo, estas medidas paliativas parecen no ser suficiente.

En el contexto actual, el sistema político no puede responder del modo en que lo ha hecho hasta ahora. La respuesta del sistema político debe ser proporcional a la sensación de injusticia generada durante años. Esta respuesta debe ser capaz de sanar una herida profunda y atravesar un ancho río de desconfianza. Se ha de pagar, para decirlo de algún modo, una enorme penitencia. No solo se trata de políticas públicas que acorten las brechas sociales y económicas, se trata también de decisiones de alto poder simbólico que restituyan parte de la confianza que las y los ciudadanos han perdido en las élites.

No ser capaces de establecer un pacto social que reconozca el nuevo marco de injusticia que la sociedad chilena ha construido, implica el riesgo de que el pueblo abandone la democracia, tal como la democracia, en la forma que ha tenido hasta ahora, parece haberle abandonó a él.