Nélida Ramírez Naranjo, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.

Un nuevo llamado de atención a la precariedad del sistema de previsión social. Necesario frente a la incertidumbre e inestabilidad laboral  

Los hogares en Chile se enfrentan a un panorama muy complejo debido a las consecuencias que ha acarreado la pandemia del COVID-19, la prolongada extensión del confinamiento y las tardías respuestas de las autoridades inciden en el difícil escenario que atraviesa un gran porcentaje de la población. Las instituciones públicas intentan actualizar la información que disponen acerca de la situación socioeconómica del país.  Cabe recordar que dada la creciente urgencia de los hogares y su precaria situación antes de la pandemia, es que se da lugar a una discusión y aprobación del retiro del 10% los fondos previsionales para hacer frente a la contingencia.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Social COVID-19 que revela el impacto socieconómico de la pandemia en los hogares del país, un 59,4% de los hogares declaran haber disminuido sus ingresos totales durante la emergencia. Un 44,6% de los hogares estima que sus ingresos cayeron en la mitad o más del nivel que tenían previo a la crisis. La encuesta entrega una mirada de la situación de los hogares antes y durante la emergencia respecto a la situación de ingresos y empleo. Así, si antes de la pandemia un 16,5% de los hogares declaraba que su ingreso “no le alcanzaba” para financiar sus gastos, durante la emergencia este porcentaje subió a 48,8% (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

Cuando se inició la discusión, hubo abundante información sobre los efectos negativos de la iniciativa. Se dijo que el retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) tendría un gran impacto en los mercados de capitales, con una caída precisamente en el ahorro de los pensionados. Puesto que las AFPs deberían obtener liquidez en muy corto tiempo, tendrían que salir a vender activos sin gran capacidad para negociar adecuadamente los montos de transacción. También se afirmó que el gran flujo de capitales tendría un impacto en la tasa de cambio, razón por la cual el Banco Central advirtió que tomaría las medidas necesarias, dentro de su competencia, para mantener la estabilidad financiera del país. Y se reiteró, hasta el cansancio, que el retiro de los dineros reduciría el monto total acumulado y, por ende, el cotizante inevitablemente tendrá una pensión más baja al momento de jubilarse.

No obstante, los resultados dan cuenta de un sistema que produce pensiones que ni siquiera permiten superar la línea de la extrema pobreza, en el que la mitad de las personas que se pensionaron por vejez el año 2019 alcanzó solo a autofinanciar un monto de 49 mil o menos, según datos publicados por la Súper Intendencia (Fundación Sol, 2020). A pesar de las catastróficas predicciones el proyecto que contó con un amplio respaldo ciudadano, siendo aprobado por el parlamento el 23 de julio de 2020.

Con más de un 86% de los y las cotizantes habiendo recibido su primer retiro de fondos AFP, la economía nacional sintió el impacto de la inyección de U$13.450 millones y un descenso del Producto Interno Bruto el 6%, habiéndose proyectado entre un 7% y 8% ( Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, 2020).

Existen muchas razones por las cuales las personas optaron por retirar el 10% de sus fondos de la AFP. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio, constata que el 60% de las personas que hicieron el retiro utilizaron parte de los fondos en compras de alimentos e insumos básicos. En tanto, el 38% lo utiliza para el pago de cuentas de servicios básicos y préstamos. El 19% de los encuestados aseguró que dentro de sus planes se encuentra invertir en un negocio o emprendimiento, mientras que el 16% solicitó el retiro para invertir en otros instrumentos de ahorro. Finalmente, las compras que no son de primera necesidad también aparecen dentro de las respuestas, ya que las mejoras o compras de equipamiento para el hogar suman un 16% del interés de los beneficiados por este proyecto, a lo que se suman la compra de vestuario y calzado (4%) o, incluso, la adquisición de un nuevo vehículo (2%).

Hace un par de semanas, se presenta en el congreso un nuevo proyecto de retiro AFP 2.0 que se propone “excepcionalmente, para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19”. Beneficiará a 2 millones 600 mil personas que tienen la posibilidad de sacar fondos y no se agotaron con el primer retiro. Una de las principales novedades que presenta el proyecto de retiro AFP 2.0, es que también propone que quienes estimen retornar el dinero sacado desde la cuenta individual, puedan hacerlo en un plazo indefinido. Es decir, si durante los próximos 20 años el o la cotizante desea “devolverse” el dinero, lo podría hacer. Además, plantea que el retiro no tenga una fecha de vencimiento, por lo que pasaría a considerarse como un beneficio permanente. Este retiro AFP 2.0 podría llevarse a cabo a partir del próximo 31 de diciembre y las Administradoras deberán disponer para sus afiliados de los mismos mecanismos para el proceso actual. Además, la posibilidad del rescate de los fondos sería inextinguible, vale decir, que se transforme en un beneficio permanente.

Esta nueva discusión pone nuevamente en cuestión y demuestra las falencias del actual sistema previsional y exige la creación de un Sistema de Seguridad para Chile, que debería considerar la declaración universal de los Derechos Humanos, donde se consignó que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.